Propuesta del PSC para reformar la ley sobre financiación de las autonomías

ANDREU MISSÉ La revisión profunda del sistema de financiación de las autonomías constituye la propuesta más radical que los socialistas catalanes debaten en el congreso del PSOE, que concluye hoy. Los hombres del PSC se han conjurado para forzar al máximo la negociación, con el único propósito de obtener una resolución del congreso que incluya una profunda revisión de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la ley del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

La reforma del sistema de financiación de las autonomías está siendo objeto de análisis, por lo menos, en cuatro escenarios distintos. Por un lado, la Generalitat, asumiendo el compromiso de Jordi Pujol de septiembre pasado, tiene a dos equipos trabajando en la elaboración de un libro blanco sobre el tema.

El trabajo puede contar con la colaboración de algún experto de la Administración central que participó muy activamente en la elaboración de la LOFCA. En segundo lugar, el propio Ministerio de Hacienda está interesado en la reforma del sistema para corregir las distorsiones señaladas por el ministro, Miguel Boyer, y el secretario de Estado, José Borrell, en varias ocasiones.

Boyer señaló recientemente, entre otros defectos del sistema, el exceso de endeudamiento de las comunidades para efectuar inversiones nuevas. En el seno del propio partido socialista, otro equipo, más próximo al vicepresidente Alfonso Guerra y al asesor del Gobierno Francisco Fernández Marugán está trabajando en la cuestión.

No obstante, ha sido en el Partido Socialista de Cataluña donde se ha profundizado más en el aspecto financiero de las autonomías. En ello ha influido, por una parte, el tener un conocimiento de primera mano de las dificultades que se ha encontrado uno de los Gobiernos autónomos de más antigüedad; por otra, la necesidad de buscar una fórmula que realmente suponga una auténtica garantía financiera como último cartucho para recuperar la credibilidad perdida ante sus propias bases desde la sentencia de la LOAPA.

La alternativa que defiende el PSC en Madrid se gestó el 20 de septiembre en una reunión del grupo parlamentario del PSC. En aquella ocasión, Joan Colom, Lluís Armet y Antoni Castells analizaron las negociaciones Estado-Generalitat y los defectos del sistema de financiación vigente. En la exposición distinguieron una fase de transición y otra de período definitivo. En la fase de transición, consideraron que se trataba de conseguir como objetivo básico la garantía de que las comunidades autónomas tuviesen los recursos suficientes para atender los servicios que les habían sido transferidos. Para ello, indicaron que era necesario eliminar los defectos del actual sistema como son el efecto financiero, la asignación de todas las inversiones a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y la incorrecta asignación de los costes indirectos.