Un personal al margen de la reglamentación general

Las irregularidades más graves detectadas en el Instituto de Crédito Oficial en 1982 por la auditoría de la Intervención General del Estado se refieren al régimen administrativo de su personal, a deficiencias en la contabilidad y a la existencia de determinadas prestaciones sociales atípicas. Estas irregularidades, en parte, son consecuencia del difícil encaje entre la doble vertiente de organismo autónomo y organismo financiero del ICO.La auditoría indica que en el ICO existían 5 conceptos retributivos o gratificaciones (puesto de trabajo, antigüedad, prolongación de jornada, situación familiar y gratificación fija) que no tienen parangón en el resto de la Administración y que suponen incrementar la nómina del instituto en "un 125% sobre la que correspondería si las retribuciones del ICO estuvieran sujetas a las que rigen en el resto de la administración". Por otra parte, los expedientes de personal no estaban actualizados; no existían documentos sobre el acceso a los puestos de trabajo (exámenes, publicidad de las convocatorias, puntuación de pruebas, etcétera), y se nombró funcionarios a personas que no podían serlo.

Fuentes del ICO reconocen la existencia de esta situación irregular, fruto de las condiciones en que se creó el instituto y de unas órdenes ministeriales de dudosa legalidad, que finalmente han sido declaradas nulas por la Dirección General de lo Contencioso. En virtud de este dictamen, en noviembre de 1983 se inició una renovación de cargos directivos, no reconociendo el carácter de funcionarios del organismo a los que lo fueran de la Administración; también se inició una reforma de retribuciones.

La auditoría denuncia también con cargo al presupuesto del ICO el pago irregular de algunas pensiones y de las cuotas a la Mutualidad de Previsión, como" entidad complementaria de la Seguridad Social a la que estaba afiliado todo el personal. Estas situaciones, según fuentes del ICO, han sido ya subsanadas. También se denuncia, en la auditoría, que en ninguno de los préstamos para vivienda del ICO a sus empleados (intereses del 2,5% y del 6% anual) se ha suscrito póliza de seguro de incendios, y que tampoco consta que el ICO haya reglamentado el derecho para constituir hipoteca cuando los beneficiarios dejan de prestar sus servicios en el instituto. En este supuesto, cuando se ha tratado de préstamos, el ICO tampoco ha reducido el tiempo de devolución de los créditos. Estos aspectos también han sido ya regularizados.

Los interventores estatales denuncian, asimismo, la falta de inventario del inmovilizado en 1982 y la insuficiente dotación a amortizaciones; la falta de las pertinentes autorizaciones de gasto en algunos casos, y la firma de éstas por quien propone estos gastos y no por el presidente del ICO, y la carencia en la sección de contabilidad de un libro de contraído previo, "lo que implica un desconocimiento de cuándo vencen las amortizaciones y los intereses de los préstamos concedidos". La contabilidad no refleja las cantidades comprometidas de gastos ("se han realizado pagos sin que existiera crédito suficiente").

La informatización de la gestión del Instituto de Crédito Oficial, en los últimos tiempos, está resolviendo estos problemas, que en muchos casos son fruto de la peculiar creación del instituto. Asimismo, se ha comenzado a reducir las cuantiosas aportaciones del ICO a la Federación Mundial de Instituciones Financieras de Desarrollo, que tiene una actividad mínima.