El intolerable 'apartheid'

SE HA colocado de nuevo en el centro de la actualidad internacional la necesidad de poner fin al sistema racista del apartheid, que condena a la población negra de África del Sur, la inmensa mayoría del país, a una discriminación y a unas persecuciones incompatibles con los principios jurídicos proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. Uno de los cambios más profundos que se han producido en el mundo, después de la II Guerra Mundial, ha sido el fin del colonialismo. Incluso en EE UU, donde estaban tan arraigadas las barreras de la discriminación racial, éstas han ido desapareciendo en una proporción apreciable. Todo lo cual crea una amplia base social para que las persecuciones racistas en África del Sur despierten una indignación que desborda las fronteras de los partidos de izquierda. No se dan casos muy frecuentes en la derecha europea de políticos capaces de pedir "mayor comprensión" hacia los gobernantes surafricanos, como hizo Manuel Fraga Iribarne en fecha no lejana.En el curso de los últimos tiempos, el actual presidente de la República Surafricana -entonces jefe del Gobierno-, Pieter Botha, ha iniciado una política nueva en las relaciones con los regímenes revolucionarios, marxistas-leninistas, nacidos de la lucha anticolonial, instaurados en Mozambique y Angola; de una situación de ruptura total, casi de guerra, se ha pasado a unas negociaciones que han desembocado en acuerdos interesantes. EE UU, a través del secretario de Estado adjunto, Crocker, ha intervenido activamente en ese proceso. En marzo pasado se concluyó un acuerdo de cooperación entre África del Sur y Mozambique. Con Angola se ha firmado un acuerdo para la retirada de las tropas surafricanas del sur de dicho país; están en curso negociaciones sobre Namibia, que sigue ocupada por tropas surafricanas, violando de las resoluciones de la ONU. No conviene exagerar la eficacia de los acuerdos mencionados; aún no han dado, en temas esenciales, los resultados previstos; no ha cesado la ayuda surafricana a grupos rebeldes que actúan en Mozambique y Angola. Sin embargo, el clima es diferente: hay negociaciones en marcha; hablan las personas y no los cañones. Esa zona -considerada hasta hace poco por Washington como teatro probable de nuevas agresiones soviéticas- tiende a marginarse de la tensión Este-Oeste.

Paralelamente, el Gobierno de Pretoria ha puesto en marcha, el verano pasado, una reforma constitucional, creando dos nuevas cámaras en el Parlamento: una, elegida por los mestizos, y otra, por la población originaría del subcontinente indostánico. Pero esa reforma ha fracasado: en primer lugar, la abstención en la elección de las citadas cámaras fue abrumadoramente mayoritaria. Más aún, esa pequeña reforma ha servido sobre todo para poner aún más en evidencia la injusticia radical de un sistema que niega el derecho de voto y los derechos jurídicos y humanos más elementales a los casi 20 míllones de negros, es decir, el 70% de la población. Así, en las últimas semanas, la población negra ha desarrollado una creciente actividad de protesta civil, con un apoyo considerable de otros sectores de la población. El llamado Frente Democrático Unido agrupa a unas 700 asociaciones y movimientos multirraciales, coincidentes en la lucha contra el apartheid. No se trata ya de acciones de grupos armados, sostenidos desde los países revolucionarios vecinos. Son acciones políticas de masas, reuniones y asambleas, manifestaciones y huelgas, a través de las cuales la gran mayoría negra reivindica su derecho a gozar de los derechos políticos elementales que hoy les son negados. El Gobierno ha reaccionado con una represión brutal. Por primera vez desde hace 25 años el Ejército ha sido empleado para peinar poblados negros. La policía ha realizado detenciones en masa sin ninguna razón, incluso asesinatos y violaciones para sembrar el pánico. Las cosas han llegado a tales límites que la conferencia de los obispos católicos de África del Sur ha publicado un documento recogiendo casos estremecedores de la brutalidad de la policía. Monseñor Hurley, presidente de dicha conferencia, ha declarado que "se está desarrollando un estado de guerra".

La concesión del Premio Nobel de la Paz al obispo anglicano de El Cabo, Desmond Tutu, ha contribuido a dar mayor relieve a la denuncia ante la opinión mundial de esta situación intolerable en la que se encuentran los negros de África del Sur. En EE UU el movimiento de protesta ha alcanzado una gran amplitud, con manifestaciones ante la Embajada surafricana en Washington, y en numerosas ciudades, ante los consulados de dicho país. La presión sobre Reagan para que renuncie a su política de blandura con el presidente Botha es muy fuerte; incluso 35 congresistas republicanos han escrito al embajador de África del Sur amenazando con sanciones económicas. Es evidente que la pseudorreforma intentada por Botha ha sido un fracaso; no ha logrado ensanchar su base social, sino que ha provocado una protesta mayor.