Cuatro nuevos procesamientos por el incendio de Alcalá 20

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Jacobo López Barja de Quiroga, que tramita el sumario abierto por el incendio de la discoteca Alcalá 20 -hecho ocurrido el 17 de diciembre de 1983, en el que murieron 82 personas-, decretó ayer otros cuatro nuevos procesamientos.

Los nuevos procesados son Guillermo Herranz Acero, miembro de la Junta consultiva inspectora de espectáculos, dependiente del Ministerio del Interior; Carlos Giganto Rodríguez, decorador; Juan Velasco Viejo, arquitecto, y Miguel Gabaldón Gómez, ingeniero técnico industrial.Todos ellos han sido procesados como autores de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y por tantos delitos de falsedad en documentos mercantiles como dictámenes emitieron sobre las condiciones de Alcalá 20, ya que el juez ha estimado que "faltaron a la verdad" en todos ellos.

Carlos Giganto ha sido procesado también por un delito de intrusismo, porque "ejerció actos propios de la profesión de arquitecto y de decorador sin poseer ninguno de los títulos".

El juez ha decretado prisión para todos ellos, de la que podrán librarse con una fianza de 100.000 pesetas. Esta fianza fue depositada ayer en todos los casos, excepto en el de Velasco, que no compareció.

El juez ha fijado una fianza de 950 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles (indemnizaciones a los perjudicados y familiares de las víctimas, costas del proceso, etcétera).

El Estado, al haber sido procesado un funcionario público, ha sido declarado responsable civil subsidiario. En el caso de que este funcionario fuera condenado, aunque todas las personas que hubieran sido condenadas no reunieran el dinero suficiente para abonar las indemnizaciones, éstas correrían a cargó del Estado.

"Intención de lucro"

Por otra parte, el juzgado ha ampliado el procesamiento de uno de los propietarios de Alcalá 20, Juan Antonio Iglesias Alcaide, por dos delitos de falsedad de uso de los dictámenes emitidos para obtener las autorizaciones gubernativas de apertura de la discoteca. Estos "documentos falsos", según el juez, fueron utilizados "con intención de lucro".

El auto detalla minuciosamente las irregularidades detectadas en la discoteca y que han sido reflejadas en los informes periciales, y las contrasta con los informes favorables emitidos por los nuevos procesados. El auto concluye con la existencia de los citados delitos de falsedad e imprudencia.

Entre los extremos detallados en los informes periciales y que han sido recogidos en el nuevo auto de procesamiento se señala que ninguna puerta tenía cerradura antipánico y ninguna de las salidas, salvo las de los palcos derechos, tiene recorrido recto, sino que son muy dificiles y complejas.

También, según el auto, los tejidos de la discoteca, que superaban los 2.300 metros cuadrados (cortinas, tejidos suspendidos de los techos, paredes recubiertas por textiles, telones de escenario, etc.) y los parámetros de madera que se habían incorporado, no estaban ignifugados. No existían señalizaciones en varias de las puertas y las que sí estaban señalizadas no lo estaban por rótulos fosforescentes. En la discoteca existía una sola boca de incendio equipada, cuya cobertura no alcanzaba a la totalidad de la superficie a proteger. Los extintores no se hallaban a la vista del público y no existía un sistema de alarma.

El auto señala también: "Diversas líneas eléctricas estaban canalizadas por una conducción rectangular de chapa metálica; en la zona del escenario, la conducción agrupaba 23 líneas de alumbrado, por lo que al ser rápidamente afectada por el incendio, provocó el apagón prácticamente simultáneo de una extensa área de la discoteca".

Con respecto a los niveles de iluminación, de un total de 489 puntos de toda la discoteca estudiados, sólo ochocumplían el mínimo de un lux exigible.

"Como consecuencia de todas estas deficiencias", afirma el juez, "que los procesados cometieron u onútieron hacer constar en las inspecciones y certificaciones realizadas, el incendio ocurrido en la sala de fiestas Alcalá 20, en la madrugada del 17 de diciembre de 1983, tuvo las consecuencias luctuosas que se han descrito".