El Istiqlal quiere que el Tribunal de La Haya se pronuncie sobre la República saharaui
El partido nacionalista marroquí Istiqlal ha invitado al Gobierno de Rabat a solicitar un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre si la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) reúne o no las condiciones para ser admitida internacionalmente como Estado.El jefe del grupo parlamentario del Istiqlal, el hispanista Larbi Messari, también director del periódico El Alam, órgano oficial del partido, formuló la propuesta la semana pasada, en el transcurso de los debates parlamentarios sobre la retirada de Marruecos de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la aprobación por la ONU del proyecto de resolución argelino sobre el Sáhara, que solicitaba negociaciones directas entre Marruecos y el Polisario.
La propuesta del Istiqlal, con todo lo de interesante que tiene, conlleva un gran riesgo para Marruecos, ya que, de ser positivo para la RASD el dictamen del Tribunal de La Haya, la postura marroquí sufriría internacionalmente de una manera casi irreparable.
La proposición istiqlalí, junto con la socialista de que sea constituida una especie de consejo superior nacional de seguridad en el que participen el Gobierno, los jefes de partidos políticos, los militares y otras instituciones, son probablemente las únicas propuestas concretas formuladas en el Parlamento, a pesar de larguísimas intervenciones sobre la cuestión del Sáhara.
La política exterior de Marruecos en los últimos años es objeto de fuertes críticas, procedentes fundamentalmente de la oposición. Pero las censuras llegan también del campo oficialistas, y a lograr una dirección más o menos colegiada de la acción diplomática, aunque sólo sea como órgano consultivo, parecía ir encaminada la propuesta socialista de esa especie de gabinete de crisis, que involucraría a todos, para concretar así la unanimidad nacional existente en torno al Sáhara.
Del rey Hassan II se espera una decisión con respecto a la formación de un nuevo Gobierno, que en buena lógica debería haber seguido a las elecciones generales de septiembre pasado, y de él se espera también una iniciativa milagrosa que restablezca la moral ciudadana respecto al contencioso sahariano.
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