Los funcionarios judiciales defienden los cobros denunciados como ilegales

La corrupción económica en la Administración de justicia provocó en la noche del pasado miércoles una acalorada discusión entre los participantes en la segunda de las jornadas sobre la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), dedicada al tema. El coste de la justicia. Los funcionarios judiciales que intervinieron como ponentes evitaron la cuestión, y cuando se planteó en el coloquio afirmaron, contra la opinión de la magistrada Manuela Carmena, que tales cobros son legales y que, aunque existen irregularidades, "no se debe generalizar".

Los funcionarios ponentes eran Pedro Gómez García, oficial de la Administración de Justicia y secretario general del Sindicato Libre de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia; Manuel Lupión Sevilla, agente judicial y presidente del mismo sindicato; Jorge Yagüe, auxiliar de la Administración de Justicia, y Vicente Tejedor, secretario de juzgado, invitados por el Club Diálogos para la Convivencia.Tampoco Jesús Rubí, director del Gabinete Técnico del ministro de Justicia, abordó el coste de la justicia para los ciudadanos. Sólo lo hizo la magistrada Manuela Carmena, quien explicó que el decreto de tasas no se cumple, ya que en los juzgados no debería circular dinero, sino sólo timbres del Estado, y que tampoco se especifican en sitio visible los precios de las tasas legales. Añadió que las corruptelas se amparan precisamente en estos incumplimientos.

En cuanto a la solución radical del problema, la gratuidad de la justicia, el magistrado Antonio Carretero recordó que los ciudadanos deben saber que, según la reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, la gratuidad total afecta a la gran mayoría de los españoles, porque está establecida para quienes ganen menos del doble del salario mínimo interprofesional, esto es, menos de 66.500 pesetas, y que hay derecho a rebajas sustanciales para los que ganan menos del cuádruplo, que son 133.000 pesetas.

600.000 pesetas para tres

En el coloquio que siguió a las intervenciones de los ponentes, José Luis Barragán, juez de lo penal, preguntó si, como se ha publicado, "es o no cierto que la citación de un testigo puede costar al particular 2.000 pesetas". Aportó como testimonio que, durante su etapa de juez en Denia (Alicante), un oficial, un agente y un auxiliar se repartían en un mes unas 600.000 pesetas por gastos de locomoción.Lupión respondió que tales cobros son legales, y aseguró que respaldan esta opinión "23 jueces de Madrid" y "la Asociación Profesional de la Magistratura". Implicó también al Ministerio de Justicia en el respaldo del cobro a los particulares, "al dotar de pases gratuitos en los medios de transporte público a los funcionarios de los juzgados penales y no a los de los civiles". Añadió que, en todo caso, los cobros no pueden ser ilegales "desde el momento en que son públicos y pueden ser impugnados".

Manuela Carmena reconoció la falta de control de los jueces sobre la actividad económica de sus juzgados y aseguró que la mayoría de las cantidades que se perciben en ellos son ilegales y en especial la de "suplidos y reintegros", que reporta a veces hasta cientos de miles de pesetas a los funcionarios que las perciben, sin que figure en la tasación de costas. Recordó que muchos funcionarios judiciales cobran indebidamente a los particulares indemnizaciones por salidas que ni siquiera realizan ellos, sino los llamados citeros, esto es, personal subempleado que percibe sólo una ínfima parte de lo que se entrega al funcionario.

Tejedor dijo que la magistrada tenía razón, "pero no toda la razón", y que no debe extenderse a todos los juzgados lo que pueda ocurrir en Madrid y Barcelona, "porque en Tarragona y Granollers, por ejemplo", dijo, "no hay citeros". Gómez García atribuyó lo publicado sobre la corrupción en la justicia al propósito de "vilipendiar a algunos cuerpos de la justicia, precisamente cuando va a debatirse la LOPP.

Rubí estimó aconsejable no generalizar e informó de las soluciones que el Ministerio de Justicia "está pensando": franquicia postal para las citaciones por correo; extensión a la jurisdicción civil del sistema de pago de la locomoción en lo penal, y pago por el Estado de las dietas cuando el funcionario sale fuera de su término municipal.

Víctor Fernández, funcionario judicial representante de Comisiones Obreras, pidió la derogación expresa de los cobros ilegales y la percepción de los legales en oficinas centrales ajenas a los juzgados, así como la desaparición de los citeros y la prohibición de abonar extratipos.

El coloquio se acaloró ante la impasibilidad del moderador, José Mario Armero. Algunos funcionarios respondieron a las acusaciones de cobros ilegales por cientos de miles de pesetas imputando a los magistrados corrupciones de millones; otro, de Alcalá de Henares, se quejó de la dificultad de citar gratuitamente a 72 kilómetros de distancia, "al precio que está la gasolina", y un hombre que dijo ser "cronista judicial" hizo acusaciones generalizadas a los jueces civiles -"el juez civil sabe robar con sofisticación", dijo.