La Fiscalía de Barcelona prepara una denuncia por desacato contra el presidente de la patronal catalana

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido presentar una denuncia contra Alfredo Molinas por supuesto desacato, según se aseguraba ayer en medios judiciales de Cataluña. Esta denuncia, que, de materializarse, sería presentada en las próximas horas, está motivada por las decla raciones que Molinas, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional y vicepresidente de la CEOE, realizó a este periódico, en las que criticaba a los magistrados por su decisión de procesar a los tres inspectores de policía implicados en la muerte del grapo Juan Martín Luna, ocurrida el 5 de diciembre de 1982.

Molinas (ver EL PAÍS de ayer) calificó el auto de procesamiento dictado por la Sección Quinta de lo Penal de la Audiencia de Barcelona como "un acto de propaganda de los señores terroristas de los GRAPO" (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). El dirigente de la patronal hizo hincapié en la "indignación" de los empresarios catalanes, aseguró que había reclamado la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad Urbana de Barcelona, y pidió un acto de apoyo en favor de los policías procesados y de las fuerzas de seguridad en general.Estas afirmaciones provocaron a su vez la indignación de determinados sectores de la judicatura barcelonesa, que decidieron pedir a la fiscalía que presentara una denuncia en el juzgado de guardia, por si tales afirmaciones pudieran ser constitutivas de un delito de desacato. El escrito de denuncia, que sería presentado ante el juzgado de guardia, deberá ser ratificado en las próximas horas por el teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona, ya que el fiscal jefe se encuentra enfermo desde hace tres días.

Las declaraciones de Molinas han coincidido con una avalancha de amenazas, supuestamente realizadas por los GRAPO, dirigidas a empresarios catalanes, en las que se exige un impuesto revolucionario. Una de estas cartas amenazadoras, que reclama cinco millones de pesetas, fue presentada recientemente por su destinatario en el juzgado de guardia.

El documento, de un folio, lleva junto al nombre del empresario extorsionado un número en clave que, según los firmantes, "se utilizará para el cobro o para cualquier otro contacto". El texto reclama discreción con relación a este número clave de identificación, "entre otras cosas para evitar que nadie pueda chantajearle en nuestro nombre". El mensaje continúa advirtiendo que "entre la misma policía hay listos que se aprovechan de su posición y conocimiento para forrarse a costa de los incautos".

La carta ordena al empresario que tenga preparada la cantidad reclamada, desde el momento de la recepción del texto, y "lista para ser entregada en la fecha y en las condiciones que en su día le indicaremos, teniendo bien presente que al mínimo intento de evadirse, de retrasar el pago de este impuesto o de poner en peligro nuestra seguridad, le consideraremos un enemigo y tomaremos las medidas oportunas y ejemplarizadoras".

Preguntas parlamentarias

Por su parte, el Grupo Popular presentará en el Congreso de los Diputados dos preguntas orales al Gobierno para conocer las acciones que piensa adoptar el Ejecutivo, y de manera especial los ministerios de Interior y Justicia, para asegurar "la permanente defensa jurídica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" y, en concreto, de los tres inspectores del Cuerpo Superior de Policía procesados por la muerte de Martín Luna.

El presidente provincial de Alianza Popular de Barcelona, Jorge Fernández Díaz, manifestó ayer que la actuación de la policía en la muerte del grapo era "perfectamente justificable como un acto de legítima defensa", y apoyó la petición de convocatoria urgente del Consejo de Seguridad Urbana de Barcelona solicitada por el presidente de la patronal catalana, Alfredo Molinas, informa . "Me extraña que el gobernador civil, Ferran Cardenal (presidente de aquel consejo), aún no la haya convocado", añadió.

Las preguntas al Gobierno serán presentadas en el Congreso de los Diputados en las próximas horas. Otras fuentes de la dirección de Alianza Popular de Cataluña indicaron ayer su "total respaldo" a los actos de apoyo a la policía que piensa realizar la patronal catalana. "La infraestructura del partido está al servicio de todas estas iniciativas".

Fernández Díaz, gobernador civil de Barcelona entre 1980 y 1982, durante cuyo mandato murió en un enfrentamiento con la policía barcelonesa el grapo Enrique Cerdán Calixto, señaló que, "desde el respeto más absoluto al poder judicial", consideraba que la decisión de dictar auto de procesamiento contra tres funcionarios de la policía "nos causa una honda preocupación", ya que "es evidente que la peligrosidad de Martín Luna era muy conocida" y, por tanto, "si, como se ha afirmado, intentó desenfundar su arma e, incluso, llegó a hacerlo, la actuación policial está perfectamente justificada".

En total sintonía con la opinión de la patronal catalana, Fernández Díaz añadió que actuaciones como la del auto de procesamiento de los policías "pueden sumir a la sociedad en un estado de indefensión ante la amenaza terrorista, por la vía de la desmoralización que pueda causar a los integrantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que, con un elevado riesgo para sus vidas y permanente sacrificio, hacen frente a los terroristas".

Todos los inspectores de la Brigada Regional de Información, a la que pertenecían hace dos años los tres policías procesados, participaron ayer en el despliegue de fuerzas ordenado por sus mandos para prever atentados de los GRAPO en el segundo aniversario de la muerte de Martín Luna, lo que desmiente una supuesta dimisión masiva de sus efectivos. Uno de los objetivos de la operación era la localización de Mercedes Padrós Corominas y María Teresa Jesús González, dos de las responsables de los GRAPO que siguen en libertad.

El presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) en Cataluña, Andrés Evaristo Rodríguez, declaró ayer que "el enfado de los inspectores de Información se debe a la falta de apoyo jurídico que han tenido los procesados por parte de la dirección general", aunque desmintió la existencia de un plante.

Los tres inspectores procesados se hallan desde hace dos días rebajados de servicio, según especifica el artículo 143 del Reglamento Orgánico de la Policía para todos aquellos agentes que son procesados por "supuestos hechos dolosos relacionados con el servicio".

Ese artículo, que actualmente está revisando el Tribunal Constitucional a petición de los sindicatos policiales, señala que el inspector que "haya sido declarado en situación de suspenso quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas anejas a su condición de funcionario, procediéndose a recogerle los distintivos del cargo y el arma reglamentaria".

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Barcelona admitió ayer a trámite el recurso contra el procesamiento de los tres policías, presentado por el abogado del Estado y el fiscal.