La empresa de transporte urbano de Tenerife, requerida judicialmente

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife requirió ayer a la empresa Transportes Interurbanos de Tenerife, SA (TITSA), para que reanude hoy el servicio de autobuses urbanos que había suspendido el pasado sábado en esta capital alegando carecer de medios económicos para su explotación y la existencia de una deuda por parte del Ayuntamiento de más de 900 millones de pesetas.El citado juez instó a la empresa, cuyo accionista mayoritario es Renfe, a restablecer la actividad de sus líneas "bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial". La mayoría municipal, que no reconoce la cuantía de lo reclamado, tacha la medida de maniobra política por parte del PSOE, acusación que ha sido contestada firmemente por este partido. El conflicto ha suscitado un profundo malestar en los barrios periféricos de la capital y se especula con la posibilidad de que a mediados de semana las asociaciones de vecinos convoquen a una jornada de defensa, frente al Gobierno de la nación, de los intereses del municipio.

El Ayuntamiento, que había denunciado ante la autoridad judicial el pasado fin de semana la actitud de la empresa, a pesar de que la corporación le desautorizó en un pleno extraordinario a parar las guaguas (nombre con el que se denomina en Canarias a los autobuses), aprobó ayer en comisión permanente, con los votos del grupo gobernante (Agrupación Tinerfeña de Independientes) y del Grupo Popular y con la abstención del PSOE, iniciar un expediente sancionador contra TITSA.

Una representación de los 130 trabajadores que se ocupan del transporte urbano se manifestó ayer ante el ayuntamiento para solicitar al alcalde, Manuel Hermoso, garantías para el futuro de sus puestos. Desde el sábado, en que la empresa aplicó su decisión de suspender el servicio, tras fracasar las negociaciones que sostuvo con el Ayuntamiento, la ciudad, en la que viven unas 200.000 personas, vio aumentada su densidad de tráfico, debido especialmente a la proximidad de las fiestas navideñas. En las últimas horas fue necesaria la colaboración de conductores particulares para mitigar los retrasos que sufrieron trabajadores y estudiantes a la hora de acudir puntualmente a sus centros. Mientras los taxistas vieron aumentada su clientela, en los grandes almacenes de la ciudad se registró una sensible disminución en las ventas.

El secretario del consejo de administración de TITSA, Luis Nistal, manifestó a este periódico su "desacuerdo con la orden judicial", pero, no obstante, anunció que sería acatada. La empresa había presentado una solicitu e suspensión de pagos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital, tras acumular unas pérdidas superiores a 4.000 millones de pesetas. El juez le comunicó entonces que debería continuar su actividad normal, lo que en fuentes municipales fue interpretado como una obligación de mantener el servicio, pero la empresa decidió no sacar sus guaguas.