El Gobierno penalizará fiscalmente y vía tarifas los intercambios de activos eléctricos que no racionalicen el sector

El Gobierno ha comunicado a las empresas eléctricas su intención de no conceder las exenciones fiscales prometidas y de no repercutir sobre tarifas los nuevos costes originados de aquellas operaciones de intercambio de activos que no se encuadren en el esquema de racionalización del sector propuesto por Industria. El titular de este departamento, Carlos Solchaga, ha enviado a Unidad Eléctrica (Unesa) una carta en respuesta a la cursada por el sector el pasado 20 de noviembre, en la que se detallaban los intercambios acordados y los previstos a corto plazo. La misiva limita los compromisos de compra a los que está dipuesta Endesa.

La comunicación del ministerio a las empresas, de poco más de un folio, reitera sus indiciaciones previas en el sentido de que las operaciones de adquisición o permuta de activos-mercado tienen por fin racionalizar y equilibrar el sector y, por tanto, deben suponer en todo caso una inyección de recursos financieros y no lo contrario. Añade, por otro lado, que las cesiones de potencia y mercado tienen que realizarse en el escenario de desarrollo natural de cada compañía y no de una manera que complique más el mapa eléctrico.Pese a estas advertencias, el tono general de la carta de Solchaga es optimista en cuanto al desarrollo del proceso en curso de reordenación del sector eléctrico. No oculta, sin embargo, el público disgusto que ha provocado en esferas oficiales alguna de las operaciones realizadas, tales como la de Hidruña-Hidrola, pero añade que el ministerio continúa a la espera de una propuesta global por parte del sector que recomponga, energética y financieramente, el esquema original de racionalización y equilibrio que se persigue. Según fuentes oficiales, la carta de Carlos Solchaga fue enviada como colofón a conversaciones previas mantenidas con los presidentes de las empresas, en el curso de las cuales el ministerio advirtió explícitamente sobre el "paso equivocado" que algunas empresas daban al cerrar determinadas operaciones.

Tal es el caso de la compra de Hidruña por Hidrola, operación que, a juicio de fuentes ministeriales, es un paso en falso, ya que retrae fondos del sector en lugar de añadirlos, teniendo en cuenta que Hidrola paga en dinero contante y sonante y a buen precio la compra de una empresa que necesita dinero en balance y no para los accionistas". Para las fuentes consultadas, esta operación ha sido "todo un ejemplo de insolidaridad y una puntilla a lo que significa Unesa".

Un juicio más comprensivo merece a las mismas fuentes la operación Unión Fenosa-Iberduero, aunque se ha señalado que este intercambio de participaciones nucleares (Iberduero adquiere la mitad de la potencia que Unión tiene en Trillo y Almaraz, según el acuerdo alcanzado entro las dos sociedades) deberá ser completado mediante la enajenación de una central térmica adicional por parte de Unión Fenosa y que esta venta debe realizarse a una empresa de la zona y no, como se sugería en la carta de los presidentes al ministerio del 20 de noviembre, a una de fuera del ámbito geográfico (Reunidas de Zaragoza).

Sobrecostes no compensados

La carta del ministro insta a las empresas a continuar sus negociaciones para completar el proceso de ajuste y presenten una propuesta global. A este respecto, los presidentes de las principales compañías mantuvieron el viernes de la semana pasada una reunión en la sede de Unesa para hacer balance de las negociaciones bilaterales mantenidas durante la semana pasada y acordaron volverse a reunir esta semana.Según fuentes informadas, el ministerio tiene la intención de penalizar aquellas operaciones que no se acomoden al esquema inicial de racionalización del sector. Los dos mecanismos bajo estudio son la no concesión de los beneficios fiscales contemplados en el proyecto de ley de creación de la nueva sociedad para la explotación unificada del sistema eléctrico para las fusiones y compras de activos, y, en segundo lugar, por la vía de la utilización del mecanismo de fijación de tarifas. A este respecto, la intención gubernamental es no incluir en el análisis económico de costes estandarizados que lleva aparejada cada subida anual de tarifas aquel sobrecoste que pudiera derivarse de una operación de adquisición de activos "que no resuelva ningún problema". Con todo, el ministerio concede un plazo adicional a las compañías para que completen su esquema de intercambios en el convencimiento de que la reordenación del sector hay que analizarla en su contexto y no opgración por operación. En este aspecto, la misiva del ministerio señala que el grupo Enher-Endesa tiene, en principio, un límite en sus operaciones de adquisición, concretamente la compra a Fecsa del 18% de Vandellós II y de su parte de mercado/ participación en Reunidas de Zaragoza.