Juristas y psiquiatras consideran beneficiosa para el loco y el menor la responsabilidad penal
El respeto de los derechos constitucionales de los enfermos mentales y de los menores aconseja optar por una responsabilidad atenuada de unos y otros, sin merma de las garantías jurídicas que les corresponden. Ésta fue una de las conclusiones que se extrajeron durante las jornadas sobre Garantías jurídicas en la experiencia psicoasistencial, celebradas este fin de semana en Madrid. Los juristas y psiquiatras progresistas asistentes al encuentro criticaron la situación actual, en la que proteger al menor se traduce en reprimirlo y la irresponsabilidad del loco permite internarle de por vida en un manicomio.
Uno de los participantes en las jornadas -organizadas por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Asociación Pro Derechos Humanos y Jueces para la Democracia-, el fiscal José María Mena, reveló que una reciente revisión de las personas internadas en centros psiquiátricos de Cataluña permitió averiguar que 115 son internos penales y que el 60% de ellos fueron internados con anterioridad a 1970. Como caso límite, Mena explicó que una de estas personas fue intemada en 1948, por decisión judicial, a causa de un intento de suicidio.El mismo fiscal insistió en la conveniencia de que deje de vincularse constantemente al loco con el peligroso social. Coincidió con el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, también participante en las jornadas, en que es preciso "privilegiar la libertad a la inseguridad". Frente a la tendencia a declarar irresponsables a estos presuntos enfermos, las tendencias modernas de la psiquiatría en Europa prefieren una responsabilidad atenuada, ya que "un tratamiento e internamiento de duración sin límite temporal sería más grave para la persona que la pena misma que le correspondería en caso de considerársele responsable". Se mostró favorable a dar prioridad al tratamiento ambulatorio, más que a la reclusión de los enfermos mentales.
Desde un punto de vista práctico, la magistrada Manuela Carmena resaltó las dificultades que, por ausencia de medios procesales adecuados, tienen aquellos jueces que pretenden cumplir la norma legal que impone la autorización judicial para el internamiento del presunto incapaz. Entre otras cosas, recordó la inexistencia de guardias permanentes en los juzgados civiles.
Por lo que se refiere a los menores, la penalista Rocío Cantarero aseguró que la irresponsabilidad penal de los menores, por su falta de madurez, ha servido, en la práctica, para "un control más penetrante aún sobre los menores que el sistema penal ordinario". El juez de menores Claudio Movilla planteó la necesidad de que los tribunales de menores cumplan las garantías constitucionales.
El psiquiatra Ramón García censuró asimismo la existencia de grandes aparatos de control, en forma de centros mastodénticos, que imposibilitan cualquier forma humana de tratamiento posible. Recordó que la Comunidad Valenciana ha recibido del Consejo Superior de Protección de Menores la transferencia de un centro con 350 camas, mientras continuan sin existir, dijo, "fórmulas alternativas de atención a los menores conflictivos".
