El Ayuntamiento adjudicó una vivienda sin tener potestad para ello, según un abogado

Eulogio García Riera, abogado de José Villaescusa Morán, ocupante de un piso de promoción pública en Arroyo Fontarrón y propietario de otra vivienda en Vallecas afirmó ayer que su representado compró ésta última vivienda dos años antes de que el Ayuntamiento, "sin ningún papel que les permitiera disponer de la propiedad", se la adjudicara a otra familia, (ver EL PAIS del día 14). Esta ocupación de la vivienda motivó la demanda de Villaescusa ante los tribunales, que fallaron a su favor al tener en regla la escritura pública de la vivienda y ordenaron el desalojo de la familia a la que el Ayuntamiento había adjudicado definitivamente la vivienda.García Riera explicó que su cliente "tan necesitado o más que el demandado" no se intenta beneficiar de una situación como parece desprenderse de las declaraciones hechas por Francisco Garrido, concejal presidente de la Junta de Vallecas y de Jesús Morón, viceconsejero de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda que calificaron, respectivamente, las pretensiones del propietario de ambas viviendas como "un caso de abuso" y "una duplicidad de viviendas públicas inaceptable". Según García Riera, "si existe un abuso se habrá cometido por parte de José Manuel Torrecilla, vocal de la Junta de Vallecas que firmó la adjudicación de las viviendas, o por parte del Ayuntamiento que no ha contestado en los juicios a la petición de que presentaran los documentos que les permitían disponer de la propiedad".

"Tampoco existe duplicidad de viviendas públicas pues la de Vallecas perdió su carácter de pública en 1975, al haber pasado 20 años desde su construcción y además, esta descalificación quedó ratificada al ser vendida por la Dirección General de Arquitectura del MOPU, en 1979 y no en 1982 como se ha publicado pues en este año lo que se hizo fue elevar a pública la escritura de compraventa", afirmó el abogado.

"Si el Ayuntamiento quería hacer una obra social tenía que haber comprado antes las viviendas", manifestó el abogado, quien añadió: "Cuando nos pusimos en contacto con ellos y les ofrecimos que las compraran o las alquilaran contestaron que allí les había metido el Ayuntamiento y que no tenían que pagar nada".