Los alcaldes conservadores, reticentes a la supresión de las tasas de basuras y alcantarillado

Los alcaldes madrileños de Coalición Popular no están a favor de quitar las tasas municipales de basura y alcantarillado, cuya supresión contempla el proyecto de creación de un recargo del 3% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) elaborado por el Gobierno regional, porque no les ofrece garantías el sistema de reparto de los fondos recaudados por este recargo y dudan de que estos fondos cubran las necesidades de los ayuntamientos, según afirmaron ayer algunos alcaldes en una reunión con los medios informativos convocada por Guillermo Perinat, presidente de AP de Madrid y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea.

Representantes de Coalición Popular en la Asamblea de Madrid y varios alcaldes de los partidos integrantes de este grupo político manifestaron ayer su posición contraria al proyecto de ley de creadión del Fondo de Solidaridad Municipal, que implica la creación de un recargo del 3% en el IRPF y la obligación de los ayuntamientos de suprimir las tasas de basuras y alcantarillado para no resultar penalizados en el reparto del citado fondo.Perinat afirmó que su grupo presentará, "probablemente", recurso de inconstitucionalidad contra esta ley si llega a ser aprobada.

Perinat señaló que "no es competencia de la comunidad imponer a los ayuntamientos la supresión de tasas municipales". El Gobierno regional, según Perinat, "coacciona a los Ayuntamientos, les quita autonomía y pretende ejercer un control sobre ellos mediante su discrecional reparto de fondos". Los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Humanes, Villaviciosa de Odón, Miraflores de la Sierra, Soto del Real y Moralzarzal afirmaron que no son partidarios de suprimir tasas municipales porque no tienen garantías de que la Comunidad de Madrid les entrega los fondos económicos que necesitan.

Es imposible, según el criterio de los alcaldes conservadores, hacer un presupuesto municipal si se carece de seguridad sobre los ingresos con que cuenta cada Ayuntamiento. La supresión de las tasas dejaría a los ayuntamientos a expensas de la buena voluntad del Gobierno regional. Además, señalaron que estas tasas no se pueden suprimir en 1985 porque, según la legislación vigente, cualquier modificación fiscal de este tipo debe estar aprobada antes- del 30 de septiembre del año anterior a su aplicación.