Hacia la unidad profesional de los periodistas españoles

Parecían escenas, algunas de las vividas en Santander, durante la reciente asamblea general de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, correspondientes a otra época: la que caracterizó la etapa de la transición, desde 1976 hasta la aprobación mayoritaria de la Constitución. Entonces, con mayor o menor acierto, muchas estructuras del país fueron adecuadas a los nuevos tiempos democráticos, de acuerdo, en el fondo, con aquella expresión feliz del entonces presidente Adolfo Suárez, según la cual había que convertir oficialmente en normal todo aquello que en la calle ya venía siendo normal. La España oficial y la España real hicieron evidentes esfuerzos, en aquellos años, para buscar necesarias coincidencias. Paradójicamente, sin embargo, el edificio corporativo de los periodistas españoles -una profesión que, casi por esencia, ha de estar buceando siempre en las aguas a veces confusas y contradictorias de la realidad- había permanecido prácticamente intacto. Y, en la medida en que fue, en su conjunto -y a pesar de significativas excepciones-, incapaz de asumir el cambio, esa estructura había quedado obsoleta, inoperante, rebasada por la indiferencia -incluso por la hostilidad- de muchos periodistas que vivían al margen de sus asociaciones y, en consecuencia, de la propia FAPE.Habían surgido, como contra punto, ottas formas organizativas, como, por ejemplo, las Uniones de Periodistas. Se había llegado, en todo caso, a una situación tal que ésta era una profesión sin apenas tejido social específico, aislados los profesionales unos de otros, recluidos en sus redacciones, peregrinos en busca de trabajo tantos como están en el paro o se encuentran subempleados. Tan sombrío panorama se completa con otro dato no precisamente menor: la necesaria derogación, de facto, de la Ley de Prensa de 1966, con la consiguiente desaparición del Estatuto de la Profesión periodística, ha supuesto la indefinición legal del periodista como tal, dejado a la voracidad de ciertas empresas que propugnan el siguiente axioma: sólo es periodista aquel ciudadano que ha sido contratado para ejercer este oficio. De este modo, la regulación del acceso a la profesión únicamente queda en las manos soberanas de las empresas.

Con excesivo retraso, pero cuando a juicio de muchos todavía el último tren no se ha perdido, la reciente asamblea de Santander ha conseguido frenar el proceso acelerado hacia la liquidación de u nos mínimos objetivables sobre lo que signifique ser periodista en España, al tiempo que parece abrirse el camino hacia unas fórmulas asociativas donde quepan todos los periodistas y mediante las cuales quepa defender con dignidad una serie de cuestiones básicas para esta profesión, la principal y primera, como debe ser, el marco de libertad de expresión consagrado en la Constitución y sin el cual el periodismo, a la corta o a la larga, se transforma en una caricatura al servicio de intereses políticos o de intereses económicos.

La unidad

La reforma de los estatutos de la FAPE, objetivo logrado en Santander -la ciudad que acogió en 1922 el nacimiento de la Federación-, permite vislumbrar razonablemente que quizás haya por fin sonado la hora de redefinir, de acuerdo con criterios profesionales, en qué consiste ser periodista, mientras, paralelamente, las viejas asociaciones pueden integrar en su seno a cuantos, en la práctica cotidiana, ejercen la profesión y piensan que la unidad sigue siendo el mejor instrumento frente a las acometidas del poder, sea éste el poder de ciertos empresarios, el poder de ciertos políticos, de ciertos grupos de presión o, en definitiva, de tantos poderes a los que les molesta una prensa -escrita o audiovisual- no sometida a sus influencias.

La propuesta triunfante en Santander consiste, a reserva de algunas concreciones que perfilará el nuevo Consejo Directivo de la FAPE, en que habrán de ser reconocidos como periodistas aquellos que reúnan uno de estos tres requisitos: ser titulados por las antiguas escuelas o por las facultades de Ciencias de la Información; haber cursado una carrera universitaria y acreditar un ejercicio profesional periodístico de dos años ininterrumpidos; acreditar pn ejercicio profesional periodístico de cinco años ininterrumpidos. En tanto esta triple vía de acceso no es oficializada por el Parlamento o por el Gobierno a través de un decreto -y la Asamblea instó al Gobierno a no continuar impasible frente al estado actual de degradacíón legal de la profesión-, al menos las puertas de las asociaciones serán, a partir de ahora, abiertas a todos los periodistas que deseen incorporarse a las mismas. Como ocurriera durante la transición, determinados representantes del pasado intentaron en Santander obturar la reforma. Fue su último intento. En esta ocasión, finalmente, fallido. Porque la realidad acabó por imponerse. Otro aspecto remarcable de la reunión en la capital de Cantabria hace referencia a la voluntad de ir creando Federaciones de Asociaciones de la Prensa a escala de las comunidades autonómicas. Galicia, en este sentido, ha sido pionera y ya acudió a la Asamblea con la reciente puesta en marcha de su estructura autonómica. Cataluña, desde hace unos meses, ya ha iniciado los trámites oportunos y quedan pendientes sólo cuestiones de índole formal, en la perspectiva, además, de acogerse a la Ley de Colegios Profesionales aprobada por el Parlamento autonómico. Conviene precisar, en todo caso, que fue la Asociación de la Prensa de Madrid, por medio de su presidente -reelegido presidente de la FAPE-, Luis Apostua, quien patrocinó la idea de ajustar las Asociaciones al mapa de las autonomías previsto en la Constitución.

Libertad de expresión

La Asamblea de Santander protagonizó, añadamos como colofón, otro episodio notable. Fue redactada y aprobada una declaración sobre el estado de la libertad de expresión en España. La declaración no silencia que esta libertad goza ahora de una situación mucho mejor que en cualquier otra época. No obstante ello, denuncia amenazas y peligros: la tendencia al oligopolio empresarial con merma del pluralismo informativo y de opinión, la falta de mecanismos que garanticen la transparencia económica de las empresas periodísticas, ciertas medidas legislativas que permiten el cierre de medios informativos o penas graves por la difusión de materias consideradas como reservadas, el no reconocimiento legal todavía de la cláusula de conciencia o del secreto profesional y los obstáculos que dificultan la existencia, salvo excepciones, de los llamados Estatutos de Redacción. El encuentro de Santander posibilita que, en gran medida, las Asociaciones de la Prensa sean a partir de ahora lo que todos los periodistas quieran. La renovación corporativa de los profesionales de la información ya es un hecho. Pensamos que a este país le conviene que una buena oportunidad de regenerar la profesión y de consolidar la libertad de expresión no se malogre. No es ésta, afortunadamente, la única oportunidad. Pero es aquella que corresponde, conjunta y unitariamente, a todos los periodistas.