Una inspección recomendó expedientar a tres directivos del Centro Nacional de Nutrición

Una inspección sobre irregularidades detectadas en el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición de Majadahonda, realizada en la segunda quincena de marzo de 1983 por dos funcionarios de Sanidad, recomendaba en sus conclusiones la apertura de expedientes disciplinarios contra el director del centro, Antonio Borregón; el entonces ingeniero técnico, Pedro Cortés, y un funcionario, Francisco Fuster, todo ello sin perjuicio de que la superioridad decidiera el traslado de las conclusiones a los tribunales ordinarios.

La inspección fue ordenada por el subsecretario del Ministerio de Sanidad, Pedro Sabando, a causa de una presunta irregularidad descubierta por un funcionario de la Junta Central de Compras de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISN), relativa a un expediente para adquirir material de cocina para la cafetería.La inspección puso de manifiesto que las ofertas presentadas por tres casas diferentes, de las que existen serias sospechas de que eran la misma bajo denominaciones distintas, se situaban muy por encima de los precios reales en el mercado. La casa Fagor, consultada por los inspectores, manifestó que el precio de los aparatos ascendía a 516.500 pesetas y que podría rebajarse hasta las 461.400, mientras que la oferta más baja de las tres presentadas era de 1.528.272 pesetas.

La primera inspección puso de relieve que el ingeniero técnico Pedro Cortés, "pese a conocer que los precios ofertados superaban con mucho los normales del mercado, decidió proponer la adquisición de los controvertidos aparatos de cocina". Algo similar -la presentación de tres presupuestos diferentes redactados por la misma persona- ocurrió al pedir ofertas para obras de reforma en la cocina. La inspección sostiene que tanto Cortés como el jefe de arquitectura, Francisco Fuster, conocían este hecho, por lo que se pidió expediente disciplinario contra Fuster.

"De todo ello", señalan las conclusiones de la inspección, "tuvo conocimiento el director del centro (Antonio Borregón), según el informe del arquitecto jefe". Por este supuesto conocimiento y por su responsabilidad subsidiaria en otras presuntas irregularidades las conclusiones de la inspección recomendaban la apertura de expediente disciplinario contra Borregón.

La inspección, que se inició por el caso de los aparatos de cocina, se extendió, por orden directa de Pedro Sabando, al funcionamiento de todo el centro. Los dos inspectores pusieron de relieve otras anomalías, entre las que cabe destacar que "la contabilidad oficial se había detenido entre 1980 y 1981" y que entre marzo y agosto de 1979 el centro "mantuvo en un mismo puesto a dos administradores".

El administrador oficial, José Luis Alcaide, no podía disponer de los fondos sin obtenerlos a través de Ángel Aranda", administrador de hecho, aunque su cargo oficial era jefe de la sección de selección de personal.

La inspección descubrió la existencia de gastos valorados en 32.638.887 pesetas en diferentes compras de material efectuadas en 1982 sin crédito autorizado para ello, aunque el mismo informe reconoce que eran compras urgentes. En cualquier caso, cada jefe de servicio decidía las adquisiciones de su área y el descontrol administrativo llegó a un extremo que permitió afirmar a los inspectores: "Las casas proveedoras se repiten con tanta asiduidad que, sin duda, se está potenciando un monopolio en las compras".

Los inspectores tuvieron conocimiento de que siete trabajadores del centro (albañiles, fontanero, limpiadora, cerrajero, jardinero y electricista) habían sido empleados por Cortés, durante su jornada laboral, para realizar reparaciones y mejoras en su domicilio particular.

Pedro Cortés y Francisco Fuster fueron trasladados al Gabinete de Arquitectura de los servicios centrales de la AISN y "presumen ahora de estar mejor que antes", según declaraciones de un portavoz de la sección sindical de CC OO que se entrevistó con Sabando para pedirle la apertura de los expedientes disciplinarios recomendados, lo que no ha llegado a ocurrir, y la realización de una auditoría más amplia y rigurosa por Hacienda.

"Nada que expedientar"

Antonio Borregón, director del centro y presidente del Colegio de Veterinarios, afirma que "no hubo expediente disciplinario porque no había qué expedientar. Fue una inspección administrativa que encontró algunas faltas y todo acabó con el cambio de administrador, ya que es verdad que no coincidían el oficial y el real. No hubo desfalcos".

Pedro Cortés asegura que .puede ser cierto que las tres casas que dieron presupuestos para las obras y el utillaje de la cocina fueran la misma. Mi misión era renovar las instalaciones y no conozco ni tengo por qué conocer los precios del mercado". "Empleaba personal del centro para hacer trabajos en mi domicilio, pero no es anómalo. Eran contratados que, fuera de su horario, trabajaban donde querían. Les pagaba religiosamente", añade Cortés.