Una provocación

MAÑANA, LAS calles de Madrid servirán de escenario a una manifestación, organizada con un impresionante aparato publicitario y respaldada por apoyos políticos de la oposición, en favor de la libertad de enseñanza. Pero la manifestación más parece una provocación contra el Gobierno y el uso y abuso de la hermosa palabra libertad, que encubre en este caso las protestas de los colegios privados financiados por los presupuestos del Estado contra algunos de los requisitos exigidos por la Administración para conceder las subvenciones de gratuidad. La coincidencia -¿fortuita?- del domingo elegido para esa movilización, amparada oficialmente por los partidos de la derecha reaccionaria, con la fecha reservada por el episcopado español para celebrar el Día de la Iglesia añade un elemento más de confusión a la cita. Téngase en cuenta, en efecto, que los colegios privados son de hecho en muchos casos colegios de religiosos. Y no en vano la manifestación desembocará en la plaza de Lima, donde Juan Pablo II pronunció hace dos años una vibrante homilía en la que condenó la despenalización del aborto y defendió la escuela confesional.Los convocantes piden a los ciudadanos preocupados por la educación de sus hijos que tomen mañana la palabra. Nadie debe poner en duda -ni siquiera el señor Galeote- el derecho de los españoles a reunirse pacíficamente en defensa de las opiniones y de los intereses que la Constitución ampara. Por eso la manifestación está amparada por la ley, permitida por las autoridades, y ha de ser un magnífico ejemplo del uso de la democracia. Pero los objetivos explícitos de la manifestación, destinados a facilitar la concurrencia de gentes animadas por honrados propósitos y sinceras inquietudes, desdicen de los fines últimos de sus organizadores. Aunque las consignas -"Por la libertad de enseñanza", "Contra la escuela única" "Por el pacto escolar"- resultan tan inocentemente genéricas como teóricamente inobjetables, parece evidente que esa manifestación, cuya vigorosa capacidad de convocatoria descansa sobre la buena fe de los padres, la disciplina de los alumnos, los intereses de los empresarios de la enseñanza y la picaresca de algunas compañías de transporte, se inscribe en una estrategia de la oposición conservadora que trata de rentabilizar en su provecho las creencias de los católicos españoles y que toma como blanco de su ofensiva contra el Gobierno a la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y a la gestión del ministro Maravall. La utilización de las creencias religiosas por las facciones políticas es una peligrosa pendiente por la que la derecha parece haber empezado a deslizarse. Si no frena su carrera a tiempo, puede ser desastroso para este país reavivar, en tomo a la enseñanza, una especie de guerra de religión.

La escasa imaginación de nuestros conservadores y su tendencia a imitar las experiencias de la derecha triunfantes en otros países les han llevado a establecer una rígida analogía entre el proyecto Savary -en Francia- y la LODE y a concluir que la manifestación de mañana debería producir sobre el Gobierno González los mismos efectos que suscitó en Francia la movilización francesa de la pasada primavera. Las diferencias entre ambas situaciones son, sin embargo, mucho mayores que sus semejanzas, aunque sólo fuera por la circunstancia de que la LODE -norma consensuada por el PSOE con los nacionalistas catalanes- ha sido votada ya por las Cortes Generales y de que el Tribunal Constitucional -objeto mañana de una presión callejera inaceptable- tendrá que pronunciarse en las próximas semanas sobre el recurso previo de inconstitucionalidad interpuesto por Alianza Popular. Los ataques contra el proyecto Savary fueron utilizados por Mitterrand, presidente de la República Francesa hasta 1988, para sustituir a Pierre Mauroy por Lucien Fabius en lajefatura del Gobierno y para iniciar así un giro estratégico que permitiera a los socialistas franceses frenar la espectacular caída de su popularidad y afrontar en mejores condiciones las elecciones legislativas. En España, sin embargo, la moderación de la política socialista, el mantenimiento de las expectativas de voto del PSOE, el fracaso de Alianza Popular para constituirse en alternativa y las maniobras de la propia derecha para defenestrar a Manuel Fraga como candidato a la presidencia del Gobierno en los próximos comicios privan a la manifestación de esas condiciones políticas favorables que permitieron a la oposición francesa apuntarse una victoria.

En el marco del apasionado y viejo debate sobre la escuela, referido en esta ocasión a la vulgaridad de las cifras, pues de lo que se habla es del destino y control de más de 100.000 millones de pesetas anuales de subvención, se hace todavía más evidente el sentido político de la protesta de mañana, con sus involucraciones eclesiales incluidas. La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa), presidida por Carmen Alvear, y la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) figuran entre las entidades convocantes y son organizaciones de la Iglesia directamente dependientes de la jerarquía. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) está dirigida por un empresario, el padre Martínez Fuertes, que es a la vez sacerdote agustino. Varios obispos, entre ellos el arzobispo de Madrid, han recomendado a sus fieles la asistencia a la manifestación. Con independencia del evidente derecho constitucional de los unos y de los otros a adoptar las decisiones que les plazcan, cabe preguntarse, sin embargo, sobre el derecho moral de la Concapa, la FERE y la CECE a involucrar a la jerarquía en sus estrategias políticas o gremiales y sobre la prudencia mostrada por los obispos que han secundado sus llamamientos. Todavía resuenan en los oídos de los españoles las palabras pronunciadas en 1975 por el cardenal Taráncán en su histórica homilía en los Jerónimos: "La Iglesia no patrocina ninguna ideología política; y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderías, está usurpándolo manifiestamente". Alianza Popular se beneficiará mañana de la acción pastoral de los prelados.

Es un hecho probado que una delegación de ese partido viajó a París el pasado mes de junio para estudiar sobre el terreno y aprender de sus homólogos franceses las experiencias de la manifestación contra la ley Savary y el Gobierno socialista. Sólo una seria advertencia de la Conferencia Episcopal, que amenazó hace escasas semanas con publicar una nota descalificatoria de la manifestación, disuadió a los presidentes de la Concapa y de la CECE de llevar hasta el final su incoado pacto con el partido de Manuel Fraga. La posterior reanudación de las negociaciones entre los obispos y el ministro Maravall no hizo sino aumentar la confusión, tanto en los círculos radicales, que acusan de debilidad al Gobierno, como en los medios conservadores, que denuncian la destreza de la jerarquía para nadar entre dos aguas. Pero la derecha autoritaria, que ha visto dramáticamente derrotadas en las urnas sus reiteradas tentativas de recuperar -ahora mediante procedimientos democráticos- el poder, difícilmente renunciará a buscar amparo eclesiástico para sus intereses, a disfrazar con ropajes confesionales sus muy seculares ambiciones y a tratar de reproducir, en vísperas del siglo XXI, esa inextricable mezcla de batalla política y de guerra de religión a la que cuestiones tales como la enseñanza o la despenalización del aborto pueden dar pretexto'

El para qué envían los padres a sus hijos a las escuelas -públicas o privadas, subvencionadas o de pago, laicas o confesionales- es una pregunta que ha quedado indebidamente oculta tras la polémica en tomo a quiénes se encomienda su educación. Aunque una manifestación como la programada para mañana sea una forma de tomar la palabra, hasta el momento sólo se han oído voces agrias y destempladas, sobre el telón de fondo de una manipulación político-partidista que trata de transformar en una protesta global contra el Gobierno, en beneficio de un partido, la expresión de unas reivindicaciones contra la legislación escolar tan confusas como equívocas. Entre tanto, 8,5 millones de alumnos soportan una maquinaria pedagógica de escasa calidad, cuyo dominio se disputan tirios y troyanos, pero en cuyo seno la enseñanza de la religión católica posee un completo e indiscutido respaldo constitucional, respetado en las escuelas del Estado igual que en los colegios religiosos.

El derecho a la educación de todos los niños españoles, reconocido por la Constitución, es un mandato prioritario en un país con recursos económicos escasos y en una sociedad donde la libertad de enseñanza fue combatida justo hasta ayer por quienes hoy se han convertido en sus más fieros paladines. Sólo la adecuada coordinación y concertación del sector público y de los centros privados subvencionados sería capaz de cubrir las angustiosas carencias y deficiencias de nuestra enseñanza general básica en las zonas rurales y en los suburbios de las grandes ciudades. Pero esto no parece preocupar tanto a los convocantes de la demostración popular. La libertad ha sido manipulada por ellos, lo mísmo que los niños en las aulas, a los que se ha hecho correo de sus panfletos y consignas con un desprecio memorable hacia su condición de alumnos y a los padres que envían a los colegios a sus hijos para ser educados y no para ser utilizados. En el ambiente de crispación que la desesperación conservadora y la prepotencia socialista han venido generando las últimas semanas, la manifestación de mañana es una hoguera ardiendo. Su fuego quizá resulte deslumbrador para algunos. El fanatismo es siempre brillante.