El Gobierno regional tramitará con urgencia el proyecto para crear un recargo en el impuesto sobre la renta

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado sábado el proyecto de ley para la creación de un fondo de solidaridad municipal, que implica el establecimiento de un recargo del 3% sobre la cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El recargo, cuya aprobación parece segura, dada la mayoría absoluta del PSOE en la Asamblea de Madrid, y que será tramitado con carácter de urgencia, entraría en vigor en el ejercicio fiscal de 1985, y la primera liquidación debería efectuarse con la declaración de la renta a presentar en 1986.

El proyecto fue aprobado por el último Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, destinado en un principio a tratar exclusivamente el estudio de los presupuestos económicos de la comunidad para 1985. La tramitación urgente de esta ley regional se debe, al parecer, al interés del Ejecutivo regional de contar con recursos económicos a cuenta de este recargo en el presupuesto para 1985. El texto del proyecto de ley será presentado a la Prensa el próximo lunes por el presidente de la comunidad, Joaquín Leguina, quien en su discurso de investidura, en junio de 1983, se había comprometido a no incrementar la presión fiscal en la provincia de Madrid durante su actual mandato.El Grupo Popular y el PCE se han opuesto al proyecto, planteado por un grupo de alcaldes del PSOE y avalado por la Federación Socialista Madrileña (FSM). Mediante el recargo se espera obtener una recaudación anual de 9.000 millones de pesetas. El Fondo de Solidaridad Municipal dispondrá de más de 20.000 millones, procedentes, además, del Fondo de Compensación Interterritorial y de las partidas que la comunidad autónoma destina a los municipios. El fondo redistribuiría sus ingresos entre todos los ayuntamientos.

El recargo del 3% sobre el IRPF en la región de Madrid se aplicará en la declaración de la renta correspondiente a 1985 que debe realizarse en 1986. La distribución económica del Fondo de Solidaridad Municipal se efectuará, según el proyecto remitido a la Asamblea, de acuerdo con el esfuerzo fiscal de los ayuntamientos, el número de habitantes de los municipios y sus servicios e infraestructura.

El proyecto de creación de un Fondo de Solidaridad Municipal que incluye el establecimiento de dicho recargo fue planteado hace un mes por seis ayuntamientos de la zona sur de Madrid (Getafe, Parla, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles y Alcorcón). Posteriormente se unieron varios ayuntamientos más, entre ellos los de la capital, Alcalá de Henares y Colmenar Viejo. Finalmente, la Federación Socialista Madrileña asumió la propuesta.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Juan Barranco, secretario de acción municipal de la FSM, manifestó su deseo de que el proyecto fuese aprobado por consenso con los demás partidos políticos, para lo que convocó una reunión con los mismos. Tanto Coalición Popular como el CDS expresaron su postura contraria al recargo, mientras el PCE mostró sus reservas. El Grupo Popular, en concreto, ha anunciado ya su decisión de votar en contra.

Los dirigentes socialistas han asegurado que la creación del recargo no supone incremento de la presión fiscal porque va unido a la intención de suprimir otras tasas municipales, como las correspondientes a recogida de basuras y alcantarillado. La redacción del proyecto remitido a la Asamblea de Madrid ha sido efectuada después de varias reuniones entre los técnicos del Ejecutivo regional con los ayuntamientos partidarios del recargo.

Oposición

Los responsables de política autonómica y municipal de los partidos que integran el Grupo Popular han expresado, por su parte, "serias dudas sobre la constitucionalidad" de la propuesta de establecer un recargo del 3% sobre el IRPF.

El Grupo Popular manifiesta su "preocupación por una medida que necesariamente conduce a la elevación de la presión fiscal en toda la provincia, sin que quepa justificación en la supresión de algunas tasas municipales y sin efectuar los estudios precisos sobre las consecuencias económicas que tales medidas producen".

La oposición conservadora expresa "serias dudas sobre la viabilidad jurídica" del recargo, "teniendo en cuenta el marco establecido en el Acuerdo Económico y Social" y considera "precipitada" la propuesta socialista, "cuando se está debatiendo la nueva Ley de Bases de Régimen Local y, de modo inmediato, la Ley de Financiación de las Haciendas Locales".