El Grupo Popular interpone recurso contra la ley de Reforma de la Función Pública

El Grupo Popular interpuso en la mañana de ayer recurso ordinario de inconstitucionalidad contra la ley de Reforma de la Función Pública. Uno de los puntos básicos que han llevado a los conservadores a presentar el recurso está basado en la rebaja a 65 años, de la edad de jubilación de los funcionarios, porque "supone la expropiación de un derecho", según manifestó el diputado José María Ruiz Gallardón, que encabezó el recurso firmado por 50 parlamentarios de la coalición y que admitió que en este asunto ha existido una presión "muy fuerte y muy legítima" de los cuerpos de elite de la Administración.Este recurso ordinario de inconstitucionalidad no supone la suspensión automática de la ley, como sucede en el caso del recurso previo. Ruiz Gallardón estima que a la ley de Reforma de la Función Pública le ha sido incorporada una serie de preceptos ante los cuales su grupo se ha visto obligado a intervenir.

Según el Grupo Popular, en esta ley se ha producido una violación de la tramitación parlamentaria, al haber introducido el Senado enmiendas que son verdaderos proyectos de ley distintos y no examinados por el Congreso.

Uno de los artículos infringe el 149 de la Constitución, que establece la facultad del Estado para dictar legislación básica, añade el recurso de la oposición conservadora. Según doctrina del Tribunal Constitucional, es básica aquella ley en la que las Cortes establecen los principios que luego desarrollarán las comunidades autónomas. Los conservadores aseguran que esta ley no permite ningún tipo de desarrollo a los entes autónomos.

Señalan también que la ley de Reforma de la Función Pública supone la violación del principio de reserva legal, porque atribuye al Gobierno un conjunto de facultades para el desarrollo de esta ley en cuestiones que exigirían ley formal de las Cortes. La supresión, refundición y creación de nuevos cuerpos es uno de los defectos de fondo.

Otro de los puntos del recurso es que hay un conjunto de normas que exigirían leyes orgánicas, y en ellas estaría incluida la cuestión asociativa y sindical de los funcionarios y los propios estatutos de autonomía. La rebaja en la edad de jubilación es inconstitucional porque supone la expropiación de un derecho del funcionario sin indemnización; no se discute la conveniencia de rebajar la edad, pero sí cómo se ha hecho, añade el Grupo Popular.

Se plantea, asimismo, la inconstitucionalidad de la regulación de las situaciones administrativas de los funcionarios, tales como supernumerarios, excedencia voluntaria y servicios especiales. Hasta ahora estaban reconocidos los derechos para tener reserva de plaza sin percibir emolumentos.

El Grupo Popular, que incluye entre los motivos de inconstitucionalidad las transferencias de funcionarios, cuenta en este caso con cierto apoyo del defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, que ha dirigido una recomendación al Gobierno y a las Cortes para la adopción de medidas contra las situaciones injustas que entiende crean algunos preceptos de la ley recurrida.