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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los meritos del general

LA DESTITUCIÓN por el Consejo de Ministros del capitán general de la V Región Militar tras sus intervenciones en unos coloquios públicos organizados en Zaragoza por la agencia estatal de noticias, no es una anecdota pese al hecho de que hubiera sido sustituido de todas maneras el próximo 4 de noviembre, al cumplir la edad reglamentaria. Precisamente lo cercano de su pase a la situación B dio fundamento para imaginar que sus declaraciones pudieran formar parte de una de las despedidas a bombo y platillo a que algunos generales nos tienen acostumbrados. El teniente general Álvarez Zalba se lamentó ayer de que la agencia Efe transcribiera, fuera de contexto, y como si fueran declaraciones dadas en una conferencia de prensa, unas expresiones coloquiales emitidas en una charla distendida de sobremesa. Pero las opiniones de un capitán general, distendidas o no, y expresadas en público son siempre de interés cierto para los ciudadanos.La destitución estuvo precedida por una nota de su superior jerárquico, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, que rechazaba, "tanto en sufondo como en suforma", sus intervenciones en el coloquio de Zaragoza. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas no dejan resquicio para la duda en lo que se refiere a los aspectos de forma. El artículo 178, a la vez que garantiza la libertad de expresión al militar, establece taxativamente que éste necesitará autorización previa para el ejercicio de ese derecho "cuando trate de cuestiones que pudieran perjudicar a la debida protección de la seguridad nacional o utilice datos que sólo pueda conocer por razón de su destino o cargo en las Fuerzas Armadas". Las opiniones del teniente general sobre Ceuta y Melilla y nuestra política de defensa entran de lleno en ese ámbito.

Pero las palabras del destituido general resultan tanto más rechazables por razones defondo. Incluso después de su simulacro de rectificación, queda íntegramente en pie, para regocijo de los ideólogos de la autonomía militar la pretensión de que el capitán general de una región, dependiente del presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y sus superiores más inmediatos en la línea de mando, podría en público criticar la política de defensa del Gobierno, impartir lecciones de estrategia de café sobre los frentes de una futura guerra mundial, alertar a la sociedad española -y en especial a las poblaciones de ambas ciudades- con temores acerca de la insuficiente protección de Ceuta y Melilla y realizar superficiales digresiones en torno a Gibraltar, la OTAN y la política de alianzas norteamericana. La estrategia antiterrorista del Ministerio del Interior, la salud mental de Milans del Bosch y sus secuaces en el equívoco enjuiciamiento de la rebelión del 23-F ("un golpe de Estado muy mal planteado"), el funcionamiento de los servicios de información y la reforma de la enseñanza militar también fueron distinguidos por las opiniones -no por ignorantes menos agresivas- del teniente general Álvarez Zalba. A esa retahíla de despropósitos se unieron la disparatada conjetura de que el progreso de España ha sido perjudicado por el desarrollo de Cataluña y el País Vasco (al parecer, territorios de otro Estado soberano) y la hipótesis grosera de que a Euskadi sólo le quedaría "el verde para pastar" si se le quitaran sus industrias.

Vistas las pruebas de inteligencia y habilidad de este militar profesional no faltará quien se pregunte cuales han sido sus méritos para ser nombrado capitán general. Por lo demás que esos comentarios hayan podido ser saludados con enfervorízados aplausos desde medios cons6rvadores muestra únicamente las superficiales raíces democráticas de la derecha autoritaria y la afición a la caverna que esta tiene. Pero también ha servido para dejar al descubierto el instinto político de Enrique Curiel, vicesecretario general del PCE, que no ha perdido comba para criticar una correcta decisión del Gobierno, simplemente encaminada a dejar sentado el principio de la supremacía del poder civil en una sociedad democrática.

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