Puesto en libertad el ahogado detenido por el presunto fraude al Fondo de Garantía Salarial

El juez de guardia de Barcelona decretó ayer la libertad provisional del abogado Jesús Jiménez Ros, detenido por su presunta implicación en el fraude descubierto al Fondo de Garantía Salarial. El abogado planteó un procedimiento de hábeas corpus, al considerar que había sido detenido ilegalmente.

El letrado inculpado hizo llegar al juzgado un escrito en el que aseguraba que en la detención se habían cometido irregularidades procesales, al infringir el apartado segundo y tercero del artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los que se afirma que se procederá a la detención de un inculpado cuando la pena que se le pudiera imponer sea superior a la de seis meses y un día o cuando se presumiera que por sus antecedentes o circunstancias personales intentara eludir la acción de la Justicia.El fiscal de guardia, José María Mena, informó favorablemente al juez sobre la petición de hábeas corpus, por lo que el magistrado resolvió dictar un auto por el que decretó la libertad provisional de Jiménez Ros. Éste es uno de los primeros procedimientos de hábeas corpus que se reciben y resuelven en el Juzgado de Guardia de Barcelona.

El pasado lunes, la investigación realizada en la empresa Aprovechamiento del Papel, SA, finalizó con la detención de cuatro ex trabajadores de la empresa, Enrique Riera Aulí, Santiago Córdoba Torres, Antonio Burgues Cabrero y Miguel Vicente Ferríz, del propietario de la firma, Jaime Soler Salvat y del abogado que tramitó el expediente, el letrado barcelonés Jesús Jiménez: Ros.

El mecanismo utilizado, al parecer, por los detenidos para obtener cinco millones de pesetas consistía en simular varios despidos irregulares; posteriormente, la parte empresarial, en connivencia con los trabajadores, no se presentaba a la citación, para que éstos pudieran percibir las cantidades que el Fondo prevé para estos casos.

Con este sistema, y según se refleja en el expediente 1.148/83 de Trabajo, Enrique Riera percibió 818.160 pesetas; Santiago Córdoba, 122.376; Antonio Burgues, 663.777; y Miguel Vicente Ferriz, 666.698 pesetas, cantidades que les fueron pagadas en cheques de la Caja Postal de Ahorros. Por su parte, en otro expediente, el 1.643/ 83, se reflejan los 2.774.016 pesetas otorgados a Jaime Soler, que se había autodespedido y cuya tramitación oficial fue firmada por el abogado Jiménez Ros.

La Administración preocupada

La detención de estas personas y el descubrimiento de un presunto delito de estafa al Fondo de Garantía Salarial preocupaba ayer a varios altos cargos de la Administración pública estatal en Barcelona. De momento, en la Delegación de Trabajo se ha comenzado a revisar algunos expedientes atrasados para saber "el estado de salud de los mismos", al fiempo que ya se han cursado órdenes para que se preste "máxima vigilancia y enorme cotejo" en los expedientes que se presenten al Fondo a partir de ahora.En 1983, el Fondo de Garantía Salarial en Barcelona pagó 10.900 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones. Este año, al término del mes de octubre, los pagos ya han superado esa cantidad.

Según un técnico de la Delegación de Trabajo "el riesgo del fraude es enorme, porque en cada expediente intervienen muchos elementos y varios organismos". La misma fuente explicó, sin embargo, "que repasar cada expediente es una labor enorme, pero administrativamente es fácil".