Los ayuntamientos serán autorizados en 1985 a fuertes subidas en diversos impuestos

Los ayuntamientos españoles serán autorizados por la ley de Presupuestos del Estado para 1985 a aplicar fuertes subidas -por lo general del 20% o superiores- en los impuestos sobre los cuales será potenciada la futura fiscalidad municipal la contribución territorial urbana y las licencias fiscales. Si el año pasado los ingresos impositivos de las corporaciones locales crecieron un 27% (hasta 780.400 millones de pesetas), según datos de Hacienda, en 1985 se aproximarán al billón de pesetas. Tales medidas, complementarias a los recargos en el impuesto sobre la renta, han sido reclamadas por los municipios para preparar la transición hacia la próxima ley de Financiación de las Haciendas Locales, que podría entrar en vigor a partir de 1986.

Las medidas previstas en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1985 fueron solicitadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De un lado, será desarrollada la liberalización y aumentará del 3% al 4% el valor catastral sobre el que se basa la contribución territorial urbana (CTU), que aporta a los ayuntamientos ingresos anuales por más de 50.000 millones de pesetas (cerca de 1.500 pesetas por habitante). De otro, subirán un 20% todas las licencias fiscales, lo que elevará la actual recaudación de 40.000 millones de pesetas en otros 8.000 millones.Fuentes de la FEMP han precisado que las licencias estaban sin revisar desde 1981 y su alcance resulta desigual, porque depende del tipo de actividad, no de los ingresos o de la situación del negocio, como sería lo justo. La cuota mínima para las actividades comerciales e industriales se incrementará de 3.000 a 3.600 pesetas. La licencia fiscal de actividades profesionales y artísticas incrementará su mínimo de 5.000 a 6.000 pesetas.

En la CTU, la tarifa subirá del 3% al 4% sobre el valor que tenga cada bien urbano en el catastro. Si la vivienda o el local está arrendado y el tributo supera a la renta legal o administrativa exigible, el arrendador podrá cargar la diferencia al inquilino o arrendatario, al margen de la fecha del contrato. Cuando la FEMP negoció estas medidas con Hacienda, pidió que la novedad no se incluyera, porque puede perjudicar a jubilados u otras personas con dificultades de subsistencia. Por tanto, la medida, que aparece en el proyecto de ley de Presupuestos, podría ser susceptible de enmiendas cuando se discuta.

Hacia la reforma

Mayor impacto que este incremento del 3% al 4% en la CTU, tributo cuyo período de pago concluye estos días en toda España, se derivará de la reciente liberalización del mismo, que será complementada el próximo año con la mecanización de liquidaciones para las rentas administrativas y, sobre todo, la revisión de algunos catastros en función de factores como suelo, edificación y alumbrado. La FEMP opina que una actualización completa podría llegar a triplicar en muchos casos la recaudación de este tributo. Pero tales actualizaciones, que en el futuro tenderán a basarse en el valor de mercado de los terrenos, resultan muy costosas y no pueden ser acometidas por la mayor parte de los ayuntamientos.Los aumentos de ingresos de cada ayuntamiento dependerán de si actualizan o no los catastros, aunque por término medio se apunta un incremento superior al 20%.

En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Getafe llegará al 45% y en Valladolid se ha aplicado un incremento próximo al 500%. Pero este último caso se explica en que, a la vez que aumentan los tipos y se actualiza el catastro, el nuevo tributo engloba una serie de tasas, como alcantarillado y basuras, que desaparecen.

Hacia la línea de Valladolid apuntan las facilidades dadas por el Gobierno a la potenciación de dicha contribución, que se concibe como el pilar de la futura imposición directa de los municipios.

En efecto, las ideas previas para elaborar el próximo proyecto de ley de Financiación de las Haciendas Locales tienden a simplificar la dispersa imposición local y basarla en tres grandes figuras: la CTU (previa supresión de algunas tasas), el impuesto sobre actividades económicas (que absorberá a las actuales licencias) y el impuesto sobre circulación de vehículos.

Además, los ayuntamientos podrán implantar los recargos en el impuesto sobre la renta a que fueron autorizados por ley el pasado año y recibirán recursos del Estado y de las comunidades autónomas.