Los servicios en acción
ITALIA ATRAVIESA una grave crisis política, en la que se entremezclan dos fenómenos: el descubrimiento de escándalos cada Vez mayores que ponen en evidencia complicidades de sectores del Estado, con el mundo del crimen y la amenaza de que las Cámaras aprueben una moción comunista censurando al ministro Andreotti, lo que obligaría con toda probabilidad a una dimisión del Gobierno. Estos dos fenómenos están, relacionados por que la moción contra Andreotti se basa en sus conocidos vínculos con el banquero y delincuente Michele Sindona, recientemente devuelto a Italia, gracias a una extradición concedida por EE UU. Es, pues, la cuestión moral la que está hoy en el centro de la política romana.En fecha reciente Andreotti se salvó gracias a la abstención comunista, mientras que unos 100 diputados de la mayoría gubernamental, en un escrutinio secreto, votaron contra él. Ahora los diputados comunistas, presionados desde las propias filas de su partido, han presentado una nueva moción para manifestar la desconfianza hacia Andreotti. Todo el mundo coincide en que en una votación secreta, en la que cada diputado pudiese votar según su conciencia, el ministro, y el Gobierno, serían derrotados. De ahí los esfuerzos por lograr una votación pública, que permite a los aparatos de los partidos presionar y controlar a sus diputados.
En ese marco, la detención del antiguo jefe adjunto de los servicios secretos, general Pietro. Musumeci, saca a la luz algunos de los rasgos más negativos del sistema de poder implantado, a lo largo de décadas, por la democracia cristiana. En realidad, se trata de la tercera vez que los servicios secretos aparecen mezclados en operaciones contra la ley y contra la Constitución. En 1964, el SIFAR proyectó, con el general De Lorenzo, un golpe de Estado contra la República y este organismo tuvo que ser disuelto. Poco tiempo después, rebautizados SID, los servicios secretos participan en diversas operaciones delictivas y subversivas, y se decide reorganizarles sobre nuevas bases, dándoles el nombre, aún hoy vigente, de SISMI. Cuando la lista de la logia P2 cae en manos de la justicia, resulta que los principales jefes del SISMI figuran en ella. Algunos son desplazados; pero es el momento en que el general Musumeci, siendo miembro de la P2, se convierte en el jefe de hecho de los servicios secretos.
Toda la carrera de este general se ha hecho gracias a la P2, en la que ingresó en 1973. Esa misteriosa logia, que tenía tentáculos en los círculos más selectos de las finanzas, la diplomacia, la policía y el ejército, era una permanente conspiración para minar, y a la vez controlar, el Estado italiano. Por razones hoy inexplicables -sin duda complicidades no descubiertas todavía- la P2 consigue conservar a Musumeci al frente de los servicios secretos. Ahora se descubre, según los primeros comunicados que han acompañado su encarcelamiento, que el general Musumeci creó, dentro de los servicios secretos, un grupo encabezado por él dedicado a la delincuencia, al fraude, a encubrir o realizar crímenes. En el caso de Ciro Cirillo, su liberación se negoció con la Camorra y con grupos terroristas, no sólo a cambio de dinero, sino dándoles carta blanca para la realización de determinados asesinatos; con la complicidad, asimismo, de algún personaje dirigente de la democracia cristiana. La acusación más grave contra Musumeci se refiere a su complicidad en el terrible atentado de Bolonia de 1980, en el que murieron 85 personas. Se ha descubierto que los servicios secretos organizaron pistas falsas para desviar las averiguaciones de la magistratura que, sin esas interferencias, hubiesen podido desembocar en la P2.
No es posible separar lo ocurrido en los servicios secretos italianos con experiencias, más o menos paralelas, en otros países. Por la naturaleza misma de esos servicios, un Estado democrático tiene extraordinarias dificultades, incluso objetivas, para controlarles y garantizar que no se conviertan en un poder autónomo. En el caso italiano, el balance parece obvio: han hecho más daño que bien a la República; la democracia ha sobrevivido en cierto modo a pesar de ellos. En EE UU, es significativa la filosofía que expresa el manual de la CIA para Nicaragua; en él se preconiza la utilización de asesinos a sueldo para la realización de crímenes que doten de mártires a la causa antisandinista. Existe una tendencia casi general en los servicios secretos a utilizar el crimen, propio o pagado, con fines de provocación. La ratificación de la existencia de la conexión búlgara en el atentado contra el Papa pone de relieve que las ramificaciones de los servicios llegan casi a todas partes.
En España, en el trasfondo de la actuación de los GRAPO se han dado fenómenos parecidos: mezcla de militantes idealistas -por horrendos crímenes que cometan- con sospechosas vinculaciones nunca bien descubiertas, nunca bien demostradas. Sería una ingenuidad suponer que los servicios secretos españoles son los únicos no contaminados. El Parlamento debe abrir por eso una comisión investigadora sobre los servicios de información en nuestro país y someterlos a caución, como en cualquier otro Estado democrático.
