Objeción de conciencia y desobediencia civil

En 25 países del mundo, cita la autora de este trabajo, los jóvenes son llamados antes para ir a la guerra que para votar. La recientemente aprobada ley Reguladora de la Objeción de Conciencia adolece, en su opinión, de defectos graves, ya que excluye los motivos políticos, no permite alegar la objeción durante el servicio militar y tiene un carácter de castigo.

Rodeada de un silencio en los medios de comunicación social que provoca, como mínimo, extrañeza, el Congreso de los Diputados aprobó y sometió al Rey para sanción un proyecto de ley Reguladora de la Objeción de Conciencia el pasado 2 de octubre. Los principales afecados por esta ley en el presente son aquellos hombres que per diferentes razones no están de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Y, además, no consideran adecuado el contenido de esta ley.Para comenzar, en ella no se reconocen las motivaciones para declararse objetor de conciencia. Por tanto, los motivos políticos quedan fuera. No se necesita más que estar un poco al tanto de qué ocurre en el mundo para saber que es cada vez mayor la protesta de amplios sectores sociales en los países democráticos contra la forma en que si, desarrolla el militarismo, cuya expresión máxima es el proceso que ha dado en llamarse la "carrera de armamentos". El costo social que tienen las guerras, y la continua preparación para las mismas es más que suficiente razón para que no se desee colaborar con unos esquemas de defensa que cada día más ayudan a crear indefensión a los ciudadanos. En 25 países del mundo, dice el famoso anuario sobre gasto militar y gasto social elaborado por Ruth Leger Sivard, los hombres jóvenes son elegidos antes para ir a la guerra que para votar.

Pero las insuficiencias de la ley que está a punto de ser promulgada no terminan allí. No, se recoge en ella la posibilidad de declarar la objeción durante la prestación del servicio militar. Aquel que descubra una vez incorporado a filas las pautas jerárquicas y patriarcales que se le inculcan ya no podrá dar pasos atrás.

Igualmente, no se acepta la objeción en caso de guerra más que Como una continuación y un reforzamiento de la actividad militar.

La ley tiene, además, un carácter de castigo ya que la prestación sustitutoria se organiza y estructura desde la perspectiva militar, en especial en sus aspectos de jerarquización y disciplina. Por otra parte, limita los posibles campos de actuación y la posibilidad de que el objetor decida el tipo de servicio civil que podría realizar y en qué sitio, olvidando recoger la posibilidad de que realice su trabajo social en el marco de un servicio civil por la paz.

¿Quiénes son los objetores?

Si hiciésemos esta pregunta a la mayoría de la gente se nos contestaría que son aquellos que se niegan a prestar un servicio militar armado. Un objetor dirá, por su parte, que se trata de ciudadanos que eligen transgredir una regla establecida en el seno de la sociedad, en nombre de una exigencia superior percibida en su conciencia. "Si se quiere preservar libertades valiosas", escribió Bertrand Russell, "es necesario que exista gente dispuesta a criticar a la autoridad e incluso, si se da el caso, a desobedecerla". Una sociedad verdaderamente democrática tiene que tener espacio para que se pueda decir no a la utilización y el aprendizaje de las armas. Razones religiosas, políticas y de concepción del mundo no pueden ser dejadas de lado sin más.

"Cada democracia, de hecho y de derecho", escribe Jürgen Habermas, "que esté segura de la suya, considera la desobediencia civil como un componente normalizado, por necesario, de su cultura política". Para este filósofo alemán, "el empuje plebiscitario causado por la desobediencia civil es también la última posibilidad de corregir errores en el proceso de realización legítima o de poner en marcha innovaciones". El Estado democrático de derecho, concluye, depende, en última instancia, de ese guardián de la legitimidad (Leviatán, número 14, 1983). En España, la tradición de los objetores de conciencia se remonta a los años cincuenta, a los miembros de la comunidad del Arca, fundada por Lanza del Vasto, a los 272 objetores que fueron encarcelados entre 1961 y 1976, y, por supuesto, a la represión y trabas que el Estado autoritario franquista, primero, y el de la democracia, después, ha puesto al libre desarrollo de la objeción.

Hoy, los objetores se oponen a la lógica militarista, a la carrera de armamentos, hacen propuestas de defensa popular no violenta y son, fundamentalmente, un ejemplo de la búsqueda de unos valores diferentes para la sociedad. Su desobediencia civil puede parecer que sale de los límites de lo legal -y mucho más con una ley restrictiva e incompleta como la que ahora se ha aprobado-, pero tiene sus fuentes y bases en la legitimidad que tiene el derecho a la disensión en toda sociedad democrática.

forma parte del Grupo de Información sobre Desarme de la Asociación Pro Derechos Humanos.