Las instituciones del debate

EL DESARROLLO de la segunda edición del pleno sobre el estado de la nación ha confirmado la escasa adecuación del procedimiento elegido para familiarizar a la opinión pública con los grandes problemas de nuestra vida política y para acercar los trabajos parlamentarios a los ciudadanos. Agolpar las materias de un nutrido cuestionario a lo largo de tres jornadas de debate obliga a los oradores a tener que elegir entre la superficialidad del tratamiento y la selectividad de las materias, pero condena sobre todo a los oyentes a la confusión y el aburrimiento.El presidente del Gobierno demostró que ha recuperado la capacidad para comunicarse con la sociedad que la baja forma de anteriores comparecencias parlamentarias, mensajes televisivos y conferencias de prensa había puesto en entredicho. Pero la novedad de este pleno no es que Felipe González estuviese brillante en algunos de los turnos de réplica, sino que mostrase una dureza y una agresividad hasta ahora desconocidas, sobre todo en sus respuestas a Luis Ortiz, Francesc Vicens, Santiago Carrillo y Miguel Herrero, representantes de las más variadas posiciones en el espectro político. La sombra de la arrogancia y del poco encaje para recibir críticas, actitudes que los círculos de la adulación favorecen, planeé sobre el hemiciclo de la mano del jefe del Ejecutivo.

Como señalamos en un comentario anterior, al informe inicial del presidente le sobró autosatisfacción y le faltó espíritu crítico. El desarrollo del pleno, sin embargo abrió perspectivas menos triunfalistas sobre el estado de las libertades y el proceso autonómico. El breve repaso dado por Felipe González en su discurso inicial a cuestiones relacionadas con la educación, la cultura, la sanidad, el consumo, la seguridad social, las obras públicas, la agricultura, la pesca y la reforma militar se propuso tal vez ampliar las fronteras de su intervención con el objetivo de conferir alguna verosimilitud a la idea de que: se trataba de un debate de política general. Pero esas referencias apenas lograron cubrir las formas y no ayudar en a dibujar ese panorama global al que el presidente del Gobierno aspiraba.

Rebajar las aspiraciones del Gobierno

El tono general de las intervenciones de Felipe González sobre los derechos y la seguridad de los ciudadanos insistió en la pretensión de la comunicación del Ejecutivo al Congreso, según la cual "la sociedad española disfruta de unas garantías de las libertades que son no ya similares a las que rigen en el Occidente contemporáneo, sino, en muchos aspectos, superiores a ellas". La reforma urgente del Código Penal, la modificación de los artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre prisión preventiva y la promulgación de las leyes de reunión y manifestación, objeción de conciencia, asilo y refugio, asistencia letrada al detenido y habeas corpus son los argumentos esgrimidos para fundamentar tal aserto. Pera el presidente del Gobierno, que se enorgulleció justificadamente de la norma que devuelve al juez natural los delitos de Prensa e imprenta, olvidé que la legislación antiterrorista -a la que defendió durante el debate-. y el mantenimiento de la Audiencia Nacional impiden al juez natural intervenir en determinados supuestos de hábeas corpus y a los acusados de delitos terroristas elegir abogado y exigir su presencia inmediata que los movimientos de objeción de conciencia han criticado la norma destinada a regularla y que el propio Gobierno ha modificado regresivamente la reforma de: la ley de Enjuciamiento Criminal aprobada el año pasado. La voluntad de promulgar la aberrante ley antiterrorista, cuyo articulado ofrece sospechas no sólo de inconstitucionalidad, sino también de amoralidad, obliga necesariamente a rebajar las aspiraciones del Gobierno a ganar la primera medalla olímpica en esa carrera de garantía de las libertades.

Por lo demás, los cambios legales no bastan para transformar el tratamiento que los aparatos del Estado dan, a los administrados, ni para conseguir que los antiguo s súbditos se decidan a ejercer con plenitud los derecho s que les corresponden como ciudadanos. Las actividades ilegales de los servicios de información pueden coexistir con las más bellas normas y las más nobles palabras, al igual que las formas solapadas de coerción sobre la libertad informativa o las prácticas de corrupción pueden degradar los valores proclamados de la convivencia democrática. Mientras la reforma. de los cuerpos y fuerzas de seguridad -anunciada en el programa electoral del PSOE- no sea llevada a cabo y se siga manteniendo el modelo militarizado de orden público, resultará difícil que un español de la calle contemple a los vigilantes de nuestra seguridad ciudadana con la misma confianza que los ciudadanos de otros países europeos de larga tradición democrática miran a sus policías. Las residencias corporativistas que el proyecto de ley orgánica. del Poder Judicial ha levantado muestran, asimismo, que la reforma de la Administración de la Justicia deberá recorrer todavía un largo camino.

Felipe González tiene razón al afirmar que los fallos de las aparatos del Estado a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos no deben ser utilizados para cuestionar al sistema democrático. Pero otra peligrosa forma de socavar los cimientos del régimen de libertades sería que el Gobierno resolviese esconder la basura para satisfacer solidaridades corporativas, contentar las exigencias de algunos mandos policiales o rehuir las implicaciones políticas de esos fallos. Los comentarios de Felipe González sobre el caso de las condecoraciones concedidas por Interior a unos guardias civiles procesados por torturas seguirán siendo insuficientes mientras el responsable de esta bufonada trágica sea mantenido en el desempeño de sus funciones. En cambio, la respuesta del presidente a Juan María Bandrés a propósito de la erradicación de la tortura mueve a la esperanza de que el Gobierno se muestre más firme en este terreno.

Motivos de crítica y disentimiento

La deformación legalista que busca en la letra de la ley los consuelos que los hechos no ofrecen, y la pasión estadística que reduce los casos incómodos a su condición de porcentajes, también deterioraron el análisis inicial del presidente respecto al funcionamiento del Estado de las Autonomías. Después, el diálogo parlamentario de Felipe González con Miquel Roca, Marcos Vizcaya y Juan María Bandrés en tomo a cuestiones estatutarias dejó abiertas las puertas para ese pacto de Estado que la LOAPA frustró y que la construcción de la España de las Autonomías necesita. Tal vez el debate en el Senado, anunciado para el mes de febrero, permita discutir, sobre nuevas bases y con mayor modestia, los problemas que ofrece la nueva redistribución territorial del poder.

La discusión sobre el estado de nuestra economía fue en buena medida un ensayo general del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (sobre cuya presentación fuera de plazo el presidente no dio explicación alguna) y una glosa de los términos del Acuerdo Económico y Social recientemente firmado por el Gobierno, la CEOE y la UGT. Las intervenciones sobre política económica de los líderes parlamentarios suelen moverse en un terreno de nadie, entre la terminología rigurosa de los expertos y un lenguaje simplificador y burdo que aspira a llegar al común de los ciudadanos. Aunque nadie haya demostrado hasta ahora, de manera convincente, la existencia de una política económica alternativa a la puesta en práctica por el Gobierno, las medidas concretas de esa estrategia general, sobre todo en lo que concierne a la reconversión industrial y a la gestión de la empresa pública, ofrecen serios motivos de crítica y disentimiento.

En cuanto a los líderes de las minorías, Miquel Roca exhibió sus buenas condiciones de parlamentario y re forzó su candidatura para presidir la operación reformista. No cabe duda de que si la derecha quiere ofrecer una alternativa posible al socialismo, capaz de desplazarle del poder, no tiene otro remedio que huir del pinto resquismo audaz que encarnan Fraga o Herrero de Miñón. Mientras que Marcos Vizcaya mostró las posibilidades de combinar la firmeza de las críticas a de terminada política del Gobierno con la buena fundamentación de los argumentos, Juan María Bandrés puso de manifiesto que las dificultades para hacer compatibles moral y política no siempre son insalvables. Las votaciones finales del debate dejaron en un aislamiento nada glorioso a Coalición Popular, que aspiraba, hasta ayer, a capitanear un amplio frente parlamentario contra el Gobierno. Si hay un perdedor de este debate, ése es Manuel Fraga. Y si alguien ha salido ganando, su nombre, sin duda, es Miquel Roca.