Polémica del PSOE y los conservadores por las competencias de las diputaciones

El PSOE y la oposición conservadora protagonizaron ayer un enfrentamiento en el Congreso de los Diputados durante el debate de la ley de Régimen Local, que ayer continuó por la mañana en la Comisión de Administraciones Públicas. En la discusión sobre las competencias de las diputaciones, Modesto Fraile, diputado por la Coalición Popular, y Luis Fajardo, del Grupo Socialista, intercambiaron mutuas acusaciones sobre la interpretación constitucional del Estado autonómico. De otro lado, el Grupo Socialista ha propuesto la constitución de una comisión parlamentaria de investigación de la financiación de los partidos políticos.Modesto Fraile acusé al PSOE de intentar convertir a las diputaciones provinciales en un "mero nombre", anulando sus competencias y fines. El diputado conservador añadió que con el proyecto de ley de Régimen Local "no se entiende para qué servirán las diputaciones", a excepción, dijo, de ser un "simple edificio" donde se izan las banderas de la comunidad autónoma y de la provincia. Ahora parece que ser provincialista es "inconstitucional", precisé Fraile.

Luis Fajardo, parlamentario del PSOE, replicó afirmando que la defensa "apasionada y desmedida" de la provincia "hace sospechar" una posición contraria al Estado de las autonomías. Calificó a continuación los ataques "furibundos" de los conservadores hacia esta ley como "centralistas".

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en el Congreso de los Diputados una solicitud para que se constituya una comisión especial parlamentaria que investigue la financiación de los partidos políticos. La solicitud amplía la capacidad de investigación de la comisión a la Administración local, la central del Estado y de sus organismos autónomos, las empresas públicas o los poderes públicos en cuantas irregularidades, corrupciones o tráfico de influencias se tenga conocimiento.

En la justificación de esta solicitud, el Grupo Socialista argumenta que recientes intervenciones en debates parlamentarios han puesto de relieve la preocupación existente en el sentido de que la gestión de los asuntos públicos debe ser correcta y transparente.

Críticas al AES

Por último, la oposición parlamentaria considera que el Acuerdo Económico y Social (AES), firmado el pasado 9 de octubre, es una falta de respeto al parlamento, porque aborda cuestiones legislativas que sólo pueden ser competencia de las Cortes. El portavoz del Grupo Popular en temas de trabajo, Fernando Suárez, afirmó ayer que es la última vez que van a permitir esta intromisión en las funciones del parlamento.

Las críticas a algunos aspectos formales del acuerdo se produjeron ayer por la mañana, durante la comparecencia del ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, ante la Comisión de Política Social y Empleo para explicar el AES. La intervención de Santiago Carrillo, del Grupo Mixto, fue la más crítica de la sesión. "El Gobierno y la UGT son los cornudos y apaleados en esta operación", precisó el parlamentario comunista.