Los comercios de Italia cerraron ayer en protesta por la reforma fiscal

Más del 80% de los comerciantes italianos cerraron ayer sus tiendas sus tiendas en todo el país como protesta contra el proyecto de ley fiscal del ministro de finanzas, Bruno Visentini, republicano. En más de 30 ciudades se realizaron manifestaciones callejeras y asambleas en cines y teatros.Las pancartas de los manifestantes decían: "Cerramos un día para no cerrar para siempre". Y se lanzaron insultos para el ministro dictador. No se sumaron a la huelga los supermercados, los grandes comercios y cooperativas y un 10% de disidentes. Según los sindicatos que no aprobaban la huelga se ha tratado de gente heroica, ya que desde hace una semana muchos comerciantes habían sido amenazados si abrían las puertas de sus tiendas.

Sólo en algunas ciudades hubo pequeños actos de violencia, pues las fuerzas del orden ejercieron un control muy estricto. Sindicalistas contrarios a la huelga de los comerciantes iban con altavoces haciendo públicas las cifras de la evasión fiscal, que son las siguientes: más de un millón de comerciantes han declarado como renta en 1982 menos de 500.000 pesetas de ganancia.

Los 67.000 carniceros han declarado de media 600.000 pesetas; los 40.000 panaderos, 800.000 pesetas; los 23.000 propietarios de zapaterías, 500.000 pesetas. Sólo los farmacéuticos han declarado una media de dos millones, mientras los joyeros no han llegado a una media de 700.000 pesetas.

Todos los demás se han quedado por debajo del medio millón de pesetas, empezando por bares y tiendas de ropa y alimentación. Los huelguistas han negado estas cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y han anunciado un libro blanco en contraposición al del ministro Visentini.

Las críticas que hacen esta clase media del mundo del comercio es que el Gobierno les ataca sólo a ellos y no a las grandes grupos comerciales, que son quienes se están comiendo al pequeño tendero. Que tampoco se han metido con los grandes profesionales: médicos, abogados, notarios, comercialistas, etcétera.

Los sindicatos, al revés, piensan que por primera vez se empieza a hacer justicia con una categoría de evasores fiscales, y que esto supone un cambio radical en el sistema económico de este país.