La Junta de Andalucía prevé una pérdida de importancia de diputaciones y gobiernos civiles

Las diputaciones provinciales y los gobiernos civiles están llamados a perder importancia política y capacidad de gestión en Andalucía, según explicó, en Matalascañas (Huelva), el consejero de Gobernación de la Junta, José Miguel Salinas, en la última sesión de las jornadas organizadas por el Gobierno andaluz para explicar a los medios de comunicación la situación de transferencias, financiación y gestión de la autonomía andaluza. Salinas aseguró, al referirse a las diputaciones, que la Junta creará su propia organización periférica, a través de delegaciones en las provincias, a fin de fortalecer política y simbólicamente su presencia en las distintas provincias, descartando la posibilidad de delegar en las diputaciones parte de las competencias asumidas por la comunidad autónoma.Pese a que de hecho la Junta ya llevaba tiempo creando una especie de Administración paralela, es la primera vez que se hace una exposición clara de esta intención política, a pesar de que el estatuto de autonomia precisa en su artículo 49, apartado 4, que, "en los términos de una ley del Parlamento andaluz y en el marco de la legislación del Estado, la comunidad autónoma articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las diputaciones provinciales.

La ley establecerá los mecanismos de control y dirección de control por parte de la comunidad". En su intervención, no obstante, José Miguel Salinas (que procede de la presidencia de la Diputación de Córdoba y accedió a la Consejería de Gobernación a raíz de la caída de Rafael Escuredo y del ascenso de José Rodríguez de la Borbolla a la presidencia) aseguró que el papel que el futuro reserva a las diputaciones es el de "órganos asistenciales de los ayuntamientos".

Para Salinas, las diputaciones deben quedar como "órganos asistenciales de los ayuntamientos", y las de los gobiernos civiles, "a la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado, aun sin perder su condición de representantes de la Administración central".

La intervención de José Miguel Salinas fue, con diferencia, la más polémica, desde el punto de vista político, de las que se produjeron en estas jornadas, encaminadas a explicar el grado de autogestión y autogobierno de Andalucía y el proceso que ha llevado a la situación actual. Joaquín Galán, que aparte de ser consejero de Trabajo ha llevado el peso de las transferencias, explicó el proceso de las mismas; Andalucía se ha hecho responsable ya del 95% de las competencias que debe asumir, y el resto llegará en breve. Esto la coloca en cabeza de las comunidades autónomas.

Ángel López, consejero de la Presidencia, explicó los problemas que crea absorber una masa de más de 100.000 funcionarios y cómo se ha hecho frente a ello. César Estrada, consejero de Hacienda, informó de las vías de financiación de la comunidad autónoma, cuyo presupuesto es de 400.000 miRones. La elaboración de este presupuesto no fue discutido en el Parlamento andaluz por boicoteo de todos los partidos de la oposición, que, molestos con lo que consideraron arrogancia y negligencia del PSOE (algunos de cuyos más destacados representantes, entre ellos el presidente, estuvieron ausentes de la primera jornada del debate), decidieron renunciar al mismo.

De los gobernadores civiles aseguró que ya ha pasado el tiempo de los virreinatos, e indicó que sus papeles quedarán reducidos a la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque sin perder su condición de representantes de la Administración central. La autonomía municipal será respetada, en palabras del consejero de Gobernación, por la Junta, si bien, advirtió, "autonomía no es soberanía".