Amnistía Internacional denuncia que continua en España la práctica de torturas y malos tratos a detenidos

"La tortura y los malos tratos infligidos a presos, sobre todo a personas detenidas en aplicación de la legislación antiterrorista, centraron una vez más la atención de Amnistía Internacional", comienza diciendo, en referencia a España, el informe internacional de esta organización correspondiente a 1984, que va a ser presentado el próximo miércoles en diversas capitales del mundo, entre ellas Madrid. Amnistía Internacional (AI) cifra en 691 las personas detenidas en España a lo largo de 1983 con arreglo a las leyes antiterroristas, y añade que "muchas de ellas quedaron posteriormente en libertad, sin que se hubiesen formulado cargos".

AI, organización internacional independiente que trabaja en pro de los derechos humanos, reitera en este informe, en relación a España, lo ya expresado en 1982, consistente en mostrar su preocupación por la legislación antiterrorista y denunciar que se sigue aplicando, pese a gobernar el país un partido de izquierdas, malos tratos y torturas a personas detenidas bajo dichas leyes.En este informe, al igual que ocurrió en su edición del pasado año, se vuelve a citar a la 513 Comandancia de la Guardia Civil, con sede en San Sebastián, como acuartelamiento donde los detenidos suelen recibir malos tratos y torturas. Precisamente a esta unidad, ubicada en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, pertenecen los dos guardias civiles procesados por supuestos delitos de torturas que fueron condecorados recientemente por el Ministerio del Interior, aunque con posterioridad han sido suspendidos de sus funciones policiales por resolución judicial.

El informe correspondiente a 1984 indica que "ha seguido aplicándose la detención prolongada en régimen de incomunicación, que a juicio de la organización facilitó la tortura", y añade que "las nuevas normas jurídicas de procedimiento relativas a la asistencia letrada, que entraron en vigor a finales de año, seguían limitando rigurosamente el derecho del detenido a entrevistarse con un abogado".

Como caso concreto se relata, en primer lugar, el correspondiente al joven Joaquín Olano Buendía, de 25 años, mecánico de Lasarte, en Guipúzcoa, detenido el 29,de julio de 1983 bajo aplicación de la ley antiterrorista por guardias civiles de la Comandancia de San Sebastián. Según AI, "el juez de guardia ordenó que el médico forense examinase al detenido, después de que hubo recibido una denuncia particular en el sentido de que se habían oído gritos y quejidos, mezclados con la música a alto volumen de un aparato de radio, que procedían del edificio en que estaba recluido el detenido".

En relación a este mismo caso, AI expresa que, aunque el certificado médico oficial era materia reservada a finales de 1983, "en el informe del facultativo del hospital de la Cruz Roja se declaraba que Olano sufría conmoción cerebral, heridas inciso-frontales en cuero cabelludo, múltiples erosiones y equimosis en zona lumbar, abdominal y extremidades superiores". Y agrega que "en el comunicado que emitió la Guardia Civil el 30 de julio se afirmaba que había sufrido las heridas al intentar fugarse y como consecuencia de que había sido necesario reducirle".

Golpes en los testículos

También en relación con la Guardia Civil donostiarra se cita el caso de José María Olarra, teniente de alcalde de Villabona, en Guipúzcoa, detenido el 26 de octubre, en unión de cuatro personas, dos de ellas, hermanos suyos. "El facultativo certificó que ninguno de ellos afirmaba haber sido maltratado", pero, de acuerdo con la declaración que hizo posteriormente José María Olarra, "los malos tratos se iniciaron tan pronto como se hubo ausentado el médico".

Según el testimonio de Olarra, sus torturadores constituían un grupo de ocho o diez personas, vestidas de paisano. El que encabezaba el grupo, según Olarra, le golpeó en los testículos y, a continuación, los demás, indistintamente, le abofetearon y le dieron puñetazos en la cabeza y en el cuerpo. "Explicó", continúa el informe, "que posteriormente lo sujetaron a un aparato por cuyo medio le obligaban a sumergir la cabeza en agua sucia y también que se le sometió a sofocación mediante bolsas de plástico".

En el informe, AI expresa preocupación por determinados aspectos de la ley de asistencia letrada al detenido, de 28 de diciembre de 1983, mediante la que "se limita rigurosamente el derecho de asistencia letrada de las persoñas detenidas en calidad de incomunicadas con arreglo a la legislación antiterrorista y pone de manifiesto que las denuncias por torturas o malos tratos durante 1983 "en raras ocasiones han prosperado hasta alcanzar la fase oral".