El Tribunal Constitucional tendrá que dictar sentencia sobre la legalidad de la expropiación del grupo Rumasa

El Tribunal Constitucional decidió ayer admitir a trámite el auto del juez José María Gil Sáenz, titular del Juzgado número 18 de Primera Instancia de Madrid, en el que planteaba la cuestión de inconstitucionalidad sobre sobre la ley 71983 por la que se expropió Rumasa. La admisión a trámite del citado auto supone que una vez recogidas las alegaciones del fiscal general, del Gobierno, del Senado y del Congreso, el Tribunal Constitucional en pleno tendrá que dictar sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la expropiación de Rumasa. El Ministerio de Economía no ha mostrado especial inquietud por este acontecimiento y su portavoz oficial lo ha considerado como "lógico y normal". El ahogado de José María Ruiz-Mateos, Crispín de Vicente, ha manisfestado su gran satisfacción por lo que califica de "muy positivo" para su defendido.

La nota oficial distribuida, en la tarde de ayer a los medios informativos por el Tribunal Constitucional dice textualmente lo siguiente:"La sección correspondiente del Tribunal Constitucional ha acordado, con fecha 18 de los corrientes, admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, respecto de los artículos primero y segundo de la ley 7/83, de 29 de junio sobre 'expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, SA'. Asimismo, la mencionada sección ha acordado dar traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados, al Senado, al fiscal general del Estado y al Gobierno para que puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes".

El portavoz del Ministerio de Economía y hacienda manifestó que, si los abogados de José María Ruiz-Mateos la planteaban en cada pleito tarde o temprano tendría que llegar algún día la cuestión de inconstitucionalidad sobre la expropiación de Rumasa al Tribunal Constitucional. Lo raro, para el citado portavoz oficial, es que se haya producido a través de la demanda de interdicto.

Por otra parte, las fuentes oficiales del ministerio de Economía y Hacienda recordaron ayer que hay dos recursos de amparo presentados por Ruiz-Mateos ante el alto tribunal contra la reprivatización del Banco Atlántico y de las empresas de Rumasa y que no han sido admitidos aún a trámite.

También el Tribunal Supremo, según el mismo portavoz, ha declarado que no hay la indefensión en el caso Rumasa en tres recientes sentencias y ha decidido no plantear la cuestión de inconstitucionalidad y ninguno de los tres casos.

El abogado de José María Ruiz-Mateos, Crispín de Vicente, manifestó ayer que estaba muy esperanzado y que consideraba muy positiva la rapidez con que el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el auto del juez sobre la posible ¡legalidad de la expropiación de Rumasa.

Confianza en la justicia

"Tengo tal esperanza en la inconstitucionalidad de la ley Rumasa, por infringir el artículo 24 de la Constitución española", dijo, "que mi optimismo me lleva a pensar que la sentencia del pleno será dictada contra la ley de expropiación por unanimidad de los magistrados o por una mayoría muy cualificada".

Crispín de Vicente declaró que la sentencia podría producirse en el plazo de cuatro o cinco meses y que, si es favorable a Ruiz-Mateos, es partidario de iniciar una negociación cuanto antes para solucionar el tema.

"No quiero entrar en valoraciones políticas de una sentencia u otra", señaló, "pero tengo -gran confianza en el Tribunal y pienso que lo importante es que triunfe el Estado de Derecho.

José María Ruiz-Mateos declaró ayer, tras conocer la noticia, que estaba "plenamente satisfecho". "Sigo recuperando la fe y la confianza en la justicia", añadió el ex presidente de Rumasa, "ya que he sufrido mucho y, en algunos momentos, he vacilado, pero ahora confío plenamente en la justicia y ello supone un gran descanso para mí".

"Lo que más satisfacción me daría", señaló Ruiz-Mateos, "sería recuperar toda Rumasa tal y como estaba la noche que me la quitaron y yo asumiría todos los riesgos y sus consecuencias porque soy perfectamente consciente del enorme patrimonio que tenía".

José Luis de Vicente, del equipo jurídico de Ruiz-Mateos, manifestó que las dudas sobre la legalidad de a expropiación de Rumasa está afectando negativamente a la reprivatización que está realizando el Gobierno y que el grupo kuwaití comprador de la cadena de hoteles Hotasa no pagará un sólo plazo más al Gobierno hasta que se resuelva esta cuestión de inconstitucionalidad.

Si la sentencia del alto tribunal es contraria a Ruiz-Mateos, el interdicto por despojo sería desestimado por el juez Gil Saenz, y el ex presidente de Rumasa recurriría, según el mismo abogado, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.