Interior no trasladó a la Guardia Civil unas instrucciones de los jueces sobre libertades

El director de la Seguridad del Estado omitió el pasado septiembre dar Instrucciones a la Guardia Civil en relación con su actuación "en materia de derechos y libertades" mientras que sí las trasladó a la Dirección General de la Policía, en cumplimiento de unas instrucciones cursadas al Ministerio del Interior por el presidente de la Audiencia Territorial de Madrid. La mencionada autoridad judicial envió a dicho departamento un acuerdo unánime de la Junta de Jueces de Madrid sobre las irregularidades observadas en la actuación de policías y guardias civiles.

La actitud del director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, dando cuenta de las instrucciones impartidas sólo a la Dirección General de la Policía, ha causado disgusto entre algunos jueces y magistrados que ejercen su función en los juzgados de la madrileña plaza de Castilla, algunos de los cuales manifestaron a este periódico que este hecho confirma la falta de eficacia práctica de la cualidad de Policía Judicial que tiene la Guardia Civil, al igual que los restantes cuerpos de seguridad del Estado. Las mismas fuentes estimaron probable que en la próxima reunión de la Junta de Jueces el propio decano plantee la conveniencia de reiterar la comunicación al ministro del Interior.En la reunión de la Junta de Jueces celebrada el 14 de junio de 1984 los jueces de instrucción informaron sobre determinadas irregularidades en la actuación policial. En concreto, según figura en el punto octavo del acta de la sesión, varios jueces informaron de que, en ocasiones, "tanto la policía como la Guardia Civil traen como detenidos al juzgado de guardia a personas que sufrieron tal detención en el territorio de otros partidos judiciales".

En el "amplio debate" que, según el acta citada, se produjo a continuación, los jueces denunciaron, entre otras irregularidades policiales, la violación del derecho constitucional al juez del lugar donde se producen los hechos, en aquellos casos en que los detenidos en municipios próximos a Madrid no son puestos a disposición del juez de dicho término, sino del juzgado de guardia de Madrid.

Como consecuencia de estas manifestaciones, el decano, Salvador Domínguez, propuso -lo que fue aceptado por unanimidad- que se transmita como acuerdo de la junta una comunicación al excelentísimo señor ministro del Interior, haciéndole conocedor de este problema y de la necesidad de que el mismo se resuelva cumpliendo lo establecido en la ley de Enjuiciamiento Criminal".