Comisiones Obreras critica a la Generalitat y al estatuto ante la fiesta del 9 de octubre

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano ha hecho público un comunicado a propósito del 9 de octubre, fiesta oficial de la comunidad autónoma, en la que dirige duras críticas a la Generalitat valenciana y al Estatuto de Autonomía, a la vez que anuncia que no participará en la celebración oficial. Hoy se conmemora la toma de Valencia por Jaime I el Conquistador en 1238, y el Gobierno autónomo ha organizado una recepción en el castillo de Santa Bárbara, de Alicante, durante la que el presidente, Joan Lerma, pronunciará un discurso.

"Para nosotros", señala el comunicado difundido por Comisiones Obreras, "el 9 de octubre de 1984 debería haber sido el día en que los valencianos pudiéramos celebrar la consecución de un acuerdo en el que se sentaran las bases para iniciar la reindustrialización de los sectores típicamente valencianos, la reforma agraria, los de fomento de empleo, de todo aquello, en fin, que da contenido de ser a un Estatuto de autonomía".

La central estima en su comunicado que no ha sido así, "y por esa razón no podemos participar del carácter festivo de la celebración. Para los trabajadores valencianos, la autonomía todavía no es nuestra".

"El pacto institucional entre el PSOE y la UCD", añade, "alumbró para nuestro país un estatuto de segunda categoría que dio al traste con muchas de las aspiraciones por las que luchábamos".

Ocultar limitaciones

"Por eso hoy" añaden, "cuando desde el Consell se pretende imprimir un carácter institucional a la festividad del 9 de octubre, cuando se trata de ocultar las limitaciones del estatuto con eslóganes como L'autonomia és nostra, las organizaciones progresistas del País Valenciano y CC OO, como sindicato nacional y de clase, nos sentimos obligados a denunciar el carácter propagandístico de la campaña". CC OO dice no poder participar" de ninguna satisfacción cuando hemos visto crecer el número de parados del País Valenciano de 150.000 en 1981 hasta llegar a los 245.000 en 1984, y el Consell cierra los ojos ante el problema, remitiendo su solución al programa económico del Gobierno central".