Un gatillo demasiado suelto
Tres muertos y tres heridos graves en una semana por disparos de agentes de la autoridad
En menos de 24 horas, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado mataron la pasada semana en Madrid a tres hombres e hirieron de gravedad a otros tres. El empleo creciente de las armas de fuego es atribuido por portavoces oficiales a la existencia en la capital de una numerosa, bien armada e insensata delincuencia juvenil. Sin negar el protagonismo de los desesperados en el aumento de la inseguridad, algunos policías y juristas demócratas objetan que la ley de fugas es inadmisible, y recuerdan que matar al delincuente equivale a un fracaso policial.
Noche del martes 2 de octubre. Tres navajeros asaltan ante un cajero autómatico de la calle de Urugay a un inspector del Cuerpo Superior de Policía. Le roban 17.000 pesetas, le derriban al suelo, intentan herirle cuando revela su condición de funcionario. El inspector saca su arma, mata a dos de los asaltantes y hiere al tercero. "Legítima defensa", afirma el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.En la misma noche, otro inspector celebra con algunos compañeros la festividad del santo Angel Custodio en un pub de la cuesta de Santo Domingo. El funcionario piropea a una de sus compañeras, discute con su esposa, saca su arma, dispara dos veces en la calle y una en el interior del local. Un camarero cae gravemente herido. "Ataque momentáneo de locura, señala la fuente citada. El inspector es internado en un psiquiátrico en el que se le da de alta 24 horas después.
Mañana del miércoles 3 de octubre. Dos jóvenes entran en una caja de ahorros de Móstoles. Van armados con una navaja y un revólver que luego se comprobará que es simulado. Entre los clientes hay un policía nacional de paisano que echa mano de su arma reglamentaria. El agente y el atracador del revólver se encañonan mutuamente. El primero dispara y el segundo cae herido grave. "No podía saber que el arma del atracador era simulada, explican en jefatura. Tarde del mismo día. Un joven da un tirón a una mujer en el cruce de las calles de Infantas con Fuencarral, casi junto a la Gran Vía. Huye a la carrera con el botín, una cadena de oro y un crucifijo. En su persecución sale un guardia civil de paisano que se encontraba en el lugar. Dispara tres veces y el último proyectil alcanza y mata por la espalda al fugitivo. "No podemos afirmar si la actuación del guardia fue o no correcta", dice el portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil.
En menos de 24 horas han muerto en Madrid tres hombres y otros tantos han resultado lesionados de gravedad por disparos de miembros de los tres cuerpos de las fuerzas de orden público. En paradójica coincidencia con esos hechos, se inaugura el miércoles en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid un Curso Internacional de Alta Especialización para Fuerzas de Policía, organizado por la Dirección de la Seguridad del Estado sobre el tema monográfico La formación del policía como base de la investigación de la verdad judicial y de la protección de los derechos humanos.
En la mañana del viernes 5 de octubre intervino en el curso Melitino García, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, quien explica que el uso del arma debe ser racional y proporcional al mal que se intenta evitar", y que no debe emplearse en la persecución de un ladronzuelo o
Un gatillo demasiado suelto
Viene de la página anteriorla dispersión de una manifestación. Dos de los casos acaecidos esta semana, el del inspector que dispara en un pub y el del guardia civil que abate al tironero, han resucitado el debate, que tuvo uno de sus momentos culminantes en febrero de 1983, cuando el niño Juan Félix Domínguez Martín murió por disparos de la Guardia Civil en un control de carretera cerca de Valmojado (Toledo).
Reminiscencias militares
En aquella ocasión, según ha recordado esta semana uno de sus portavoces, la Unión Sindical de Policía (USP), que agrupa a funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, manifestó que "la preparación militar de la Guardia Civil puede in capacitarle en algunas ocasiones para realizar servicios estrictamente policiales". El que un desconocido no obedezca la orden de "¡Alto!" dada por un centinela es motivo suficiente, según las ordenanzas militares, para que éste dispare. A finales de febrero del pasado año, la USP presentó al Ministerio del Interior un documento sobre el uso de las armas de fuego. Para la USP sus criterios de entonces siguen siendo válidos hoy y "no debe permitirse usar estas armas salvo en casos de peligro inminente contra la vida o integridad física de los funcionarios o de terceras personas".
La Dirección de la Seguridad del Estado recogió las preocupaciones manifestadas en aquel momento en una instrucción general, de fecha de abril de 1983 y rúbrica de Rafael Vera, en la que se especifica que las armas sólo pueden usarse "cuando la fuerza actuante sea atacada con armas de fuego o agredida con objetos que puedan producirle lesiones, físicas; cuando se la atropelle con un vehículo; cuando del comportamiento del sospechoso se deduzca, sin ningún género de duda que pretende darse a la fuga, o cuando se constante su alta peligrosidad"..
La circular, que nunca llegó a ser difundida entre los funcionarios, explicita que "la fuerza actuante habría de prever los comportamiento: anormales de ebrios, toxicómanos y delincuentes de escasa peligrosidad", y fija como norma que "es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente"
Ese principio es, para Joaquín Navarro, titular del Juzgado de Ins trucción número 3 de Madrid, "una de las bases de la civilización jurídica occidental". El juez señala que "nada justifica disparar contra alguien que está escapando", y recuerda que "todo el mundo es inocente hasta que ante un tribunal de justicia se demuestre lo contrario".
En relación al frecuente uso de las armas por las fuerzas de seguridad, el juez subraya que "el agente sólo debe desenfundar y disparar en legítima defensa o manifiesto estado de necesidad siempre y cuando el mal causado no sea mayor que el que se ha tratado de evitar".
Joaquín Navarro opina que "hay que reducir en España el número de agentes de la autoridad armados. El Estado debe entregar un arma tan sólo a aquellos funcionarios que, por absoluta necesidad y tras haber sido cuidadosamente seleccionados, deban llevarlas. Y lo que en raras ocasiones se justifica es la práctica habitual en nuestro país de que los funcionarios porten armas fuera de servicio".
En España, hasta los guardias de tráfico van armados. En Madrid hay unos 1.000 funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, 6.000 agentes de la Policía Nacional y 4.000 policías municipales, todos con armas de fuego. A ese contingente hay que añadir las fuerzas de la Guardia Civil destacadas en la capital, cuyo número
Un fracaso, no un éxito
Un inspector de policía afiliado a la USP y adscrito a una comisaría madrileña lamenta, por ejemplo, que "en 11 años de servicio en el cuerpo sólo he efectuado cuatro o cinco prácticas oficiales de tiro", y añade que "la preparación física de los policías españoles es también deficiente". El inspector señala que "en casi todas las comisarías hay bares, pero en pocas gimnasios", y explica que, en su caso, hace ejercicio físico y practica artes marciales de autodefensa en el tiempo libre y pagándolo de su bolsillo.
La USP recuerda que ha solicitado en diversas ocasiones que se establezca la obligación de que todos los policías depositen las armas reglamentarias en comisaría, bajo la custodia de maestros armeros, y que éstas sean recogidas antes de salir a un servicio y devueltas a su término. "Es lo que se hace ahora con los radiotransmisores portátiles, cuya peligrosidad es notablemente inferior".
En opinión de Joaquín Navarro, Iesionar o matar a un presunto delincuente es casi siempre un fracaso profesional para un policía, cuya obligación es detenerle y presentarlo ante la justicia con las pruebas suficientes". El juez se muestra "alarmado porque, en ocasiones, el Ministerio del Interior y cierto sector de la Prensa presente la muerte de un presunto delincuente como un éxito".
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