El Gobierno regional no reconoce a la comisión del trasvase poder para autorizar envíos a Murcia

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha manifestado que no reconoce a la comisión central de explotación del acueducto Tajo-Segura competencias para decidir nuevos trasvases tal y como la comisión lo ha hecho en la última reunión. La Junta alega que la decisión debe ser tomada por el Gobierno central.

En la sesión citada, la comisión aprobó, sin que la decisión pasara por el Consejo de Ministros, el trasvase de 135 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca del Tajo a la del Segura para este año hidrológico, en el que se trasvasará un hectómetro cúbico diario de media, al margen de lo que se decida en las próximas reuniones. Durante los dos últimos años hidrológicos, el agua trasladada hacia Murcia fue de 100 hectómetros cúbicos en cada período. Actualmente, las reservas con las que cuentan los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas-Buendía, de donde se extrae el agua hacia Murcia- es de 583 hectómetros cúbicos, mientras que en octubre de 1983 era de 315 hectómetros cúbicos. La media anual que entra en los embalses de Entrepeñas-Buendía es de unos 1.200 hectómetros cúbicos, mientras que el consumo de la cuenca del Tajo viene a ser de 600, sin tener en cuenta los períodos de sequía que son frecuentes en la zona.

La Junta de Comunidades solicita, a través del consejero de Política Territorial, que "se realicen las inversiones prometidas en la cuenca del Tajo, independientemente de la fuente de financiación, lo cual redundaría en un beneficio para la región; mientras no se hagan estas inversiones no se aprovecharán los recursos hidráulicos de la cuenca del Tajo".

La Consejería de Política Territorial, al negarse a reconocer las competencias de la comisión para aprobar nuevos trasvases de la comisión central de explotación del acueducto Tajo-Segura, se basa en que existe un decreto-ley de 28 de diciembre de 1983 -vigente hasta diciembre de este año- que faculta al Gobierno central para decidir trasvases de agua siempre y cuando las decisiones afecten a más de una comunidad autónoma, como es este caso.