El Tribunal Constitucional volverá a decidir sobre la expropiacióón de Rumasa

El Tribunal Constitucional tendrá que analizar las razones de fondo de la expropiación de Rumasa por el Gobierno socialista y decidir sobre la legalidad de la misma. Un auto, que no admite recurso, dictado ayer por José María Gil Sáez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, envió la expropiación de Rumasa al alto tribunal. Esta decisión reabre nuevamente los interrogantes jurídicos sobre el caso y puede tener consecuencias políticas y económicas imprevisibles. El juez, de 38 años de edad, decidió plantear la cuestión de inconstitucionalidad antes de dictar sentencia sobre los interdictos por despojo presentados por la familia Ruiz-Mateos, al tener dudas razonables sobre la legalidad de la expropiación de Rumasa, por considerar que la ley particular podría provocar la indefensión de los expropiados.

El auto obliga al Tribunal Constitucional, en opinión de especialistas consultados, a entrar en el fondo de la expropiación por vía de una ley singular, que, según el juez, puede infringir el artículo 24.1 de la Constitución española, que proclama el derecho de todos los ciudadanos a gozar de la tutela de los jueces. La vía elegida por el Gobierno y el Par lamento de una expropiación particular para la familia Ruiz-Mateos y distinta en sus procedimientos a la prevista en la ley general (ley de Expropiación Forzosa de 1954), que afecta a los demás españoles, afecta a a los derechos protegidos por la Constitución en su artículo 24.1

Las dudas sobre la legalidad de la expropiación las centra el auto del juez en los artículos primero y segundo de la ley de Rumasa, que, a su juicio, provocan la indefensión de los expropiados.

El juez ha desestimado los armentos del fiscal y del abogado del Estado, quienes consideraban el tema como "cosa juzgada" y señalaron en sus alegaciones que el interdicto no era la vía adecuada para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. El 2 de diciembre de 1983, el Tribunal Constitucional rechazó, por el voto de calidad del presidente, que rompió el empate a seis votos de los 12 magistrados, el recurso del Grupo Popular contra el decreto-ley de 23 de febrero.

José María Ruiz-Mateos reaccionó ayer con gran satisfacción ante la noticia y manifestó que había recuperado su fe en la Justicia española. Los portavoces del Gobierno estuvieron muy cautos en sus reacciones y mostraron tranquilidad, mientras la oposición de derecha se felicitó por la decisión. Fuentes de la banca española señalaron que el asunto no les afectaba en absoluto, ya que la compra de los bancos de Rumasá fue hecha al Patrimonio del Estado quien responde plenamente del saneamiento de Rumasa y de las condiciones de venta de sus bancos y empresas. Tanto el actual defensor de Ruiz-Mateos, Crispín de Vicente, como su antecesor Matías Cortés, autor de los interdictos que han provocado el auto, mostraron su satisfacción por la decisión judicial.

La vuelta al Tribunal Constitucional del caso Rumasa afectará inmediatamente a los pleitos que mantiene el Gobierno español contra Ruiz-Mateos en el Reino Unido. El tribunal de Londres impidió que el Gobierno español se apropiara de los bienes de Rumasa en territorio británico hasta que quedaran zanjadas en España las dudas sobre de la constitucionalidad de la expropiación. Por otra parte, el auto del juez Gil Sáez podría influir en la próxima decisión de los jueces alemanes del Tribunal Supremo del Estado de Hesse sobre la extradición de José María Ruiz-Mateos, solicitada por el Gobierno español por delitos fiscales, de estafa y falsedad contable.

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