Los jueces retrasarán su decisión sobre el 'caso Donovan' hasta después de las elecciones
El escándalo abierto por la presunta estafa protagonizada por el secretario de Trabajo de EE UU, Raymond Donovan, de 54 años de edad no tiene por qué afectar gravemente a la mucha triunfal del presidente Ronald Reagan hacia la reelección el próximo 6 de noviembre, cuando se enfrente al demócrata Walter Mondale.
En el caso Donovan parecían, reunirse todos los elementos -desde el poder político al dólar, con vínculos que pasan por la Mafia- para que el asunto cayera como una bomba política en plena campaña electoral. Sin embargo, el escándalo y la elección irán por caminos distintos, y Reagan no sufrirá los coletazos de las acusaciones contra Donovan, sobre las que los jueces se pronunciarán una semana después de la elección presidencial. "Donovan es inocente hasta que la justicia demuestre eventualmente lo contrario", dijo Reagan en apoyo a su secretario de, Trabajo. Éste ha dejado voluntariamente su puesto, sin sueldo, hasta que la justicia aclare si fueron o no delictivas sus actuaciones como vicepresidente de la firma de obras públicas Schiavone Construction Company, antes de pasar a ocupar, en enero de 1981, el cargo de responsable de Asuntos Laborales en la Administración Reagan.
"No conozco a Mondale y estoy seguro de que él tampoco me conoce a mí", dijo a los periodistas Merola, fiscal del distrito de Bronx (Nueva York), de 62 años de edad, para puntualizar que el caso Donovan ni tiene connotaciones políticas. No obstante, la clase política norteamericana se pregunta por qué sale a relucir ahora el asunto Donovan si, desde su llegada al Departamento de Trabajo, se ha venido hablando de ello y un investigador especial, él juez Leon SiIverman, hizo un informe en 1982 sin encontrar ningun acto delictivo a nivel federal.
"Desde entonces hemos tenido acceso a otros documentos", precisó -el juez Merolá. Se refería a documentos sobre las compañías Schiavone y Jopel Contracting, a los que sólo han podido acceder los jueces del distrito de Bronx, con mayores poderes de investigación sobre fraudes que los jueces federales. Merola afirmó que el caso resucitó a raíz del homicidio no aclarado de Nat Masselli, hijo del copropietario de la firma Jopel, William Masselli, identificado como un hombre del delito organizado. Masselli cumple condena actualmente por secuestro y tráfico de drogas.
Los cargos contra las compañías Schiavone -de la que Donovan fue vicepresidente- y Jopel se refieren a una posible sobrevalaración de los costes de su participación, junto a otras empresas, en la construcción de un túnel baja el río Hudson, en el East River, para el Metro de Nueva York. Schiavone y Jopel cobraron 186 millones de dólares (unos 31.500 millenes de pesetas) a la compañía New York City Transit Authority, pasible perjudicada por el eventual fraude.De confirmarse las acusaciones, las condenas podrían ser de hasta un máximo de siete años, junto a multas de 16 millones de dólares para las empresas.
Parte de la información de los subcontratos de obras entre Schiavone y Jopel fue recopilada por la Buró Federal de Investigación (FBI) que, en 1979, tuvo bajo control y escucha telefónica a Masselli, en la llamada operation Tumpcon. Al parecer, la información del FBI no llegó a manos del investigador especial. Silverman, que inicialmente descargó a Donovan de cualquier responsabilidad fraudulenta. Hoy la documentación sí debe de estar en poder del juez de Bronx Mario Merola.
A la espera de la nueva convocatoria de Donovan ante los tribunales, el 12 de noviembre, su autorretirada del puesto de secretario de Trabajo facilita las cosajal presidente Reagan ante su electorado. Ya antes, algunos altos funcionarios ¿le la Casa Blanca, entre ellos el jefe de Gabinete, James Baker, habían insistido en repetidas ocasiones para que Reagan cesara a Donovan. Actualmente, la esperanza para los estrategas electorales del presidente es que el asunto Donovan quede rápidamente semienterrado, al menos ante la opinión pública, y no haya nuevas revelaciones hasta que los jueces decidan, pasada la elección.
No es la primera vez, a lo largo de casi cuatro años del Gobierno Reagan, que el presidente de EE UU debe afrontar escándalos que afectan a altos funcionarios de su Administración. En todo caso, sí es la primera vez que un secretario (equivalente a un ministro en España) debe presentarse a declarar ante un juez por acusaciones de fraude, lo que supone "una nueva prueba de los fallos de liderazgo del presidente Reagan", según palabras de Walter Mondale.
Los analistas electorales creen que el caso Donovan no perjudica rá la imagen del presidente Rea gan. Tampoco le afectaron otros escándalos, como el del ex director del Consejo Nacional de Seguridad, Richard Allen, acusado de recibir regalos de una revista japonesa para facilitar una entrevista con Nancy Reagan. Otros casos son los de Paul Thayer, subsecretario de Defensa, que dimitió el pasado mes de enero por haber pasado información confidencial a sus amigos sobre posibles, contra tos militares capapaces de influir las cotizaciones en la bolsa;, y el de Rita Lavelle, ex directora de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, condenada a seis meses de cárcel por irregularidades en su gestión. Otros cercanos colabora dores de Reagan, como Edwin Meese (propuesto para ministro de Justicia) y William. Casey, director de la CIA, han sido también el centro de miniescándalos, sin que sus efectos sobre el presidente hayan sido notables.
