Hacienda entregará al juez el informe sobre el fraude descubierto, en la Aduana de Barcelona

La Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, entregará proximamente a la autoridad judicial toda la documentación relativa a las irregularidades descubiertas en la Aduana de Barcelona desde principios de septiembre pasado. Funcionarios de Hacienda se han trasladado a Barcelona para calibrar el de las irregularidades y de los supuestos fraudes que, en medios próximos a la investigación en curso, evalúan ya en unos mil millones de pesetas. El director general Miguel Angel del Valle ha su propósito de llevar la investigación hasta el final.

La actuaciones oficiales de la investigación salieron a luz a principios de septiembre pasado, tras el cese del administrador de la Aduana de Barcelona, José Cristóbal Ponce. Sin embargo, las diligencias se habían iniciado dos meses antes a raíz de la denuncia presentada por una persona relacionada con las agencias IMSA y Batchillería. Esta persona había intentado chantagear anteriormente a esta última empresa. Los hechos denunciados permitieron descubrir que Batchillería había conseguido eludir el pago a Hacienda de unos 420 millones de pesetas en los últimos años merced a una supuesta. falsificación del libro oficial de pagos de la aduana. En este libro un funcionario habría practicado más de 20 impresiones que simulaban el pago, de la deuda.

La escasa dotación técnica y las prácticamente inexistentes medidas de seguridad dificultaron seriamente la investigación, ya que las sospechas sobre la posible autoría de los hechos recayeron sobre un gran número de empleados. Sin embargo, la desaparición de la escena del ex jefe de contabilidad de la Aduana de Barcelona Luis Campos, quien previamente había solicitado una excedencia, hizo que se centraran en él las mayores sospechas. Desde hacía tiempo había llamado la atención de muchos empleados el alto tren de vida de Campos, lo que no parecía corresponderse con el nivel de sus ingresos de funcionario. Luis Campo, al que fuentes próximas en la Aduana sitúan en Estados Unidos, ha designado como abogado a José Manuel Sabogal, ex empleado de la aduana que comparte el despacho con Enrique Ferrer, funcionario de la misma.

En principio, los responsables de Hacienda actuaron con cautela e intentaron evitar un percance empresarial. Así, en su afán por llegar a un "pacto entre caballeros", buscaron una fórmula para que Batchillería regularizase su situación y se limitaran las sanciones al campo administrativo, a cambio de que la empresa facilitase la información necesaria que permitiese descubrir el circuito de corrupción.

Sin embargo, todas las gestiones realizadas en este sentido han resultado infructuosas. Batchillería ha supendido pagos- y dejado un pasivo de 789 millones de pesetas, pero se ha negado a hablar. Esta posición habría sido decisiva en la decisión adoptada por la Administración de poner todo el expediente, con las pruebas referentes a las falsificaciones. y destrucciones de1ibros oficiales, a disposición de la autoridad judicial la semana próxima.

Paralelamente a las falsificaciones, otras empresas que no habían incurrido en actuaciones ilegales pero que sí habían obtenido moratorias temporales han sido víctimas del clima de rigorismo y estricto cumplimiento de los reglamentos que se ha impuesto en los últimos días. Tal es el caso del agente Carlos Freixas, que, afectado por varias suspensiones de pagos de empresas a las que había tramitado mercancías, obtuvo ciertas moratorias cuya prórroga permitirían la continuidad de la firma.

Inquietud laboral

CC OO y UGT, preocupadas por la deblacle empresarial que puede sufrir el sector, han emplazado a la patronal para mantener una entrevista el próximo lunes. En la misma solicitarán el inicio urgente de las negociaciones para la estruturación del sector con la intervención de la Administración, el Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas y sindicatos. Un dirigente de CC OO manifestó ayer que esperaba una actuación decidida "para acabar con situaciones. de privilegio, falta de ética, empresarial y corrupción administrativa". Y añadió que había que aprovechar la crisis creada para reformar la regulación del sector que 'no puede seguir regido por una ley de 1941".

La suspensión de pagos de alguna agencia y las dificultades financieras por las que atraviesan otras han. despertado cierta alarma entre los importadores que temen verse afectados por las irregularidades. Hay que tener en cuenta que los agentes de Aduanas actúan como intermediarios en el pago de aranceles aduaneros en la tramitación de las importaciones.

El conflicto se suscita cuando el importador ha pagado a su agente' los impuestos establecidos pero éste no los ingresa al Tesoro. En tal caso, el problema se deriva hacia el importador, que es el contribuyente principal. Interpretando una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, la Federación de Importadores ha señalado que en los casos de impagados la responsabilidad última recaería en la Administración por no haber exigido las garantías necesarios a los agentes.