La exigencia de la CEOE de una mayor, facilidad de despido coloca el acuerdo social al borde, de la ruptura

RODOLFO SERRANO, La CEOE no suscribirá el acuerdo económico y social (AES) si no aparece en el texto -que se encuentra redactado en su práctica totalidad- el compromiso del Gobierno de proceder, a plazo fijo, a una reforma de la legislación laboral en materia de despido colectivo en línea con la existente en la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), según manifestó ayer Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la organización empresarial. La flexibilidad del mercado de trabajo se ha convertido así en un escollo que ayer aparecía como insalvable para la firma de AES. La patronal madrileña CEIM se mostró ayer partidaria de un simple acuerdo salarial, posibilidad que, por otra parte, admitió Juan Jiménez Aguilar en el caso de que el pacto social no llegara a alcanzarse.

La junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ratificó ayer su confianza en la comisión negociadora del acuerdo económico y social, dejando en sus manos la última decisión sobre la firma del pacto. El texto del AES se encuentra ultimado, aunque existen versiones distintas en aquellos puntos todavía no resueltos: mercado de trabajo y cotizaciones sociales.El primero de estos puntos se ha convertido en un escollo que alguno de los interlocutores calificaba de insalvable, dada la rigidez de posturas de UGT y CEOE. Rigidez que, sin embargo, niega la CEOE. Juan Jiménez Aguilar señalaba ayer que "lo único que hemos conseguido en estas negociaciones es no perder cosas, que nos dejasen como estábamos".

El secretario general de la CEOE, tras la reunión que ayer mantuvo la junta directiva, ase guró que en mercado de trabajo habían planteado cuatro ofertas distintas, ninguna de ellas acep tada por UGT, y acusó de dema gogia a los que afirman que la pa tronal está pidiendo el despido libre. Jiménez Aguilar aclaró que los empresarios exigían una adaptación a Europa de la legislación laboral española en las regulaciones de empleo para las empresas de menos de 25 trabajadores. El cambio que exige la CEOE significa mayores facilidades para el despido colectivo -en el que no habría necesidad de autorización administrativa- y, sobre todo, un abaratamiento de las indemnizaciones. Los argumentos de la UGT para oponerse a que este punto se introduzca en el acuerdo se basan en que, de aceptarse, se abriría una corredor de difícil retorno hacia lo que se entiende como despido libre y puro. Máxime cuando la CEE, que efectivamente recomienda dejar en manos del empresario la decisión del despido colectivo por causas tecnológicas y de fuerza mayor para empresas de menos de 25 trabajadores, advierte también que los países con otra legislación deben aplicar la más favorable para el trabajador.

Solución ambigua

El bloqueo que en estos momentos sufren las negociaciones se encuentra localizado casi exclusivamente en este punto. La fórmula de incluir un texto que dejara una ambigua salida a las partes, no ha sido aceptada ni por UGT ni por la CEOE. Los primeros, además de por las razones ya apuntadas, porque cualquier referencia en este sentido provocaría un verdadero cisma dentro de la organización. En el caso de la patronal, porque la propuesta del Gobierno no significa un compromiso cierto de modificación, y en ella no se fijan plazos ni contenidos del proyecto de ley que desarrollaría el acuerdo. El vuelco que ha dado el proceso negociador en las últimas horas -y que algunos interlocutores entienden como de práctica ruptura- ha llevado a la organización empresarial a considerar la posibilidad del acuedo interconfederal entre la CEOE y los sindicatos. En este acuerdo, de contenidos semejantes a otros anteriores, se incluirían temas exclusivamente laborales. De hecho, la parte salarial del AES no ha revestido especiales dificultades. CEOE y UGT han coincidido ya en establecer para 1985 una banda salarial del 5,5% al 7,5% para 1985, con cláusula de revisión anual y discuten todavía "con grandes acercamientos"- la de 1986, que iría entre el 4,5% al 6,5% o un guarismo único igual IPC previsto para ese año.

El Consejo Confederal de CC OO adoptó una resolución que recoge mente las ideas expresadas por Marcelino Camacho en su informe de apertura y critica cada uno de los puntos del AES. Partiendo de un rechazo frontal al mismo, la resolución afirma que se efectuará una consulta a todos los trabajadores.