La reforma sanitaria: ¿última oportunidad?

Este artículo cierra la trilogía abierta con el firmado por Pedro Pablo Mansilla, asesor del ministro de Sanidad, el pasado 25 de septiembre y seguida por Ramiro Rivera, presidente de la Organización Médica Colegial, el 26 de septiembre. El autor defiende que el borrador de ley de Sanidad diseñado por el Gobierno encaja en lo que puede considerarse un modelo democrático.

Los españoles vienen reclamando en los distintos medios de comunicación y en cuantas oportunidades se les ofrece la transformación de las estructuras de la Sanidad pública y que esa modificación se traduzca en una mejora importante del servicio. Ello justificaría, además, el desorbitado costo económico que la atención médica pública viene soportando.El Gobierno socialista, por su parte, ha demostrado, al menos en algunos sectores responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) y del Insalud, una cierta voluntad de reforma; la publicación de los borradores del anteproyecto de la ley General de Sanidad (LGS) y de la Reforma Hospitalaria (RH), entre otros textos, así parece demostrarlo. El ministro y el subsecretario han manifestado días atrás, en privado y en público, su voluntad política de llevar adelante, y con urgencia, la LGS.

Finalmente, los trabajadores del sector de la salud, médicos y ATS fundamentalmente, han respondido de forma muy diversa a las reiteradas reclamaciones de los ciudadanos y a las ofertas de reforma del Gobierno socialista, votadas por más de 10 millones de ciudadanos: los sectores corporativistas representados en y por el Colegio Oficial de Médicos (COM) y por el Colegio Oficial de ATS (COATS) han rechazado de plano, sin aportar una argumentación científica, los documentos adelantados por el Gobierno; por él contrario, los grupos médicos y sanitarios reformistas y progresistas han apoyado, tácita o explícitamente, la reforma sanitaria encaminada a la concreción de un determinado modelo sanitario.

Pero ¿qué características reúne el modelo gubernamental? Para empezar, y en su artículo 1, la LGS propuesta por los socialistas reconoce el derecho a la salud de todos los ciudadanos, mejor aún, "el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria de todos los españoles...". Las necesarias transformaciones en el sistema sanitario español "deben venir orientadas por las ideas fundamentales que se pretende informen la referida ley, tanto en cuanto al concepto integral de salud, como en lo que concierne a la integración de las diferentes tareas sanitarias", promoviendo "la potenciación de la participación de la comunidad para conseguir su logro". La citada ley, en su capítulo 5, adelanta que "la financiación del sistema sanitario público se llevará a cabo inediante aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, de las comiunidades autónomas, de las diputaciones, ayuntamientos y otros entes territoriales competentes en materia de sanidad".

'Modelo democrático de salud'

Un modelo público así definido, integral en la contemplación de la salud, integrador en cuanto a la utilización de todos los recursos públicos, participativo por lo que respecta a su diseño y gestión y costeado solidariamente por todos los españoles, encaja perfectamente, en el plano teórico, en lo que Campbell define como modelo democrático de salud, y opuesto, por tanto, al modelo tecnocrátizo en el que el papel del ciudadano se limita a ser un receptor pasivo del servicio; un modelo que plasmaría, y así está contemplado en la LGS, en un Servicio Nacional de Salud (SNS), "cuyo objetivo es establecer un sistema coherente, armónico y solidario"; un modelo, en fin, que se compadezca con el espacio y el tiempo en que se pretende implantar: la España democrática y moderna de finales del siglo XX,

Sin embargo, nadie ignora las dificultades y obstáculos que tal sistema encontraría en su implantación y desarrollo; unas, derivadas de la actitud y capacidad de maniobra de los responsables sanitarios del Gobierno, tanto en lo que respecta a su imaginación y voluntad política como en lo que atañe a la disponibilidad de recursos; otras, inherentes a quienes prestan el servicio (los médicos fundamentalmente, que han venido desempeñando un papel hegemónico en el sector, pero también los ATS y otros trabajadores sanitarios) porque se verán afectados, para bien o para mal, en sus intereses profesionales, laborales y económicos.

Pero el futuro del modelo público de salud o, más aún, las características que hayan de definirlo y animarlo dependerán, en última instancia, dé, que los españoles entiendan y asuman como colectivo receptor del servicio la magnitud del problema, del papel que éstos se den a sí mismos en la planificación y control del sector y de la convicción con que exijan su implantación.

Una cuestión vital debe quedar despejada en el inmediato futuro -este otoño, si es que se quiere aprobar la LGS en la presente legislatura-: la voluntad del Gobierno para llevar a cabo la reforma sanitaria en los términos globales enunciados en el borrador del anteproyecto; y esta decisión, de ser afirmativa, enlazaría inmediatamente con otros factores básicos: la disponibilidad de recursos materiales y humanos y llos apoyos y rechazos sociales que la ley va a encontrar.

Globalmente considerado, un sistema público de salud es más equitativo y accesible en las prestaciones, más científico en sus planteamientos y resultados y de menor costo económico que un sistema liberal, como ha quedado demostrado al comparar los sistemas inglés y norteamericano, en favor del primero; pero es indudable que transformar el actual sistema sufragado en forma de salario diferido por la fuerza de trabajo en otro costeado con fondos de las distintas entidades estatales exije un gran esfuerzo económico inicial. Es responsabilidad moral del Gobierno socialista calificar como prioritario el sector de la salud dotándolo de los recursos económicos indispensables para la urgente puesta en marcha de la reforma.

Por fortuna, disponemos de los recursos humanos necesarios tanto en cantidad como en calidad, y para comprobarlo basta con contrastar las cifras de paro médico y sanitario, con abundancia de graduados jóvenes, muchos de ellos ya perfectamente formados en sus respectivas disciplinas, aguardando un puesto de trabajo en el sistema público.

Concepto crematístico

La LGS, cuya última redacción acaba de publicarse, no está encontrando apoyo alguno en la Organización Médica Colegial (OMC); muy al contrario, el presidente de dicha organización ha expresado, de manera reiterada su oposición frontal al citado proyecto. Argumenta, por ejemplo, que la libre elección de médico y centro, y no sólo en el servicio público, sino también en el privado y en la asistencia colectiva de entidades de seguro, todo ello con cargo a la Seguridad Social, es la pieza angular de la reforma sanitaria; lo cual no es más que una pura contradicción, puesto que por definición lo privado no puede ser incluido en lo público; pero en esta postura no subyace más que un concepto ideológico y crematístico del hecho médico; los españoles saben que la salud no es una mercancía, algo que se compra y se vende, y entienden que más importante que la elección libre de médico y centro -y todos estamos a favor de la libertad de elección, pero admitiendo, en el caso de la salud, una serie de limitaciones inevitables de tipo geográfico, económico, etcétera- es que el ciudadano pueda confiar en el sistema público de salud, saber que existen los mecanismos de control indispensables para su buen funcionamiento y que él es parte integrante de esos mismos mecanismos. Pero es que tampoco el Consejo General de Colegios Médicos representa el sentir de todos los facultativos, como se ha evidenciado en las recientes elecciones para la renovación de las juntas directivas de tres colegios provinciales. El colectivo médico aparece claramente fragmentado en distintas posturas a la hora de interpretar el hecho sanítario; en Madrid concretamente -donde el presidente del consejo tomó partido públicamente por uno de los cuatro candidatos, un hecho sin precedentes de transgresión deontológica- éste no obtuvo ni siquiera el 50% de los votos; esas mismas elecciones pusieron de manifiesto que alrededor del 30% de los médicos españoles está a favor de un modelo sanitario democrático y en contra de las propuestas colegiales; este hecho, unido a las expectativas de la gran mayoría de los españoles expresadas por medio del voto, es el que debe pesar en la decisión del Gobierno a la hora de llevar adelante su proyecto sanitario.El subsecretario de Sanidad y Consumo ha afirmado recientemente que hay que tener en cuenta que la ley de Sanidad en sí misma no es la reforma, pero añadió que "sin la ley sería imposible ésta" y que de llevar a cabo la reforma sin el apoyo estructural de la ley la sanidad del país se romperia en el marco de un sistema meramente voluntarista. Yo diría más: la ley de Sanidad no sólo es necesaria, sino también urgente. Sólo en este contexto puede entenderse que el presidente del Consejo General de Colegio Médicos haya insistido reiteradamente en negociar el proyecto de ley "al más alto nivel" con el ministro del ramo; su propósito es doble y evidente: o conseguir que el sector privado de la salud continúe parasitando al público, y para ello no hay. necesidad de ley alguna; o, en su defecto, retrasar la entrada del texto en el Consejo de Ministros y en el Parlamento, evitando así que la ley pueda ser aprobada en la actual legislatura. Estaríamos, en tal caso, ante una ley sin futuro.

es médico y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.