Veredicto clemente contra los integristas acusados de intentar derrocar al régimen egipcio

El Tribunal de Seguridad del Estado pronunció ayer una sentencia clemente sobre el caso de los integristas islámicos de Al Jidah acusados de intentar derrocar al régimen en 1981 para implantar en Egipto una república islámica "al estilo iraní". El tribunal no ha dictado ninguna de las 299 penas de muerte pedidas por la acusación.

Al mismo tiempo, tres personas resultaron muertas ayer y otras 26 heridas -entre ellas seis policías- en la localidad de Kafr el Dewar, situada a unos 30 kilómetros de Alejandría, a raíz de la intervención de la policía contra una manifestación de empleados de la Sociedad Textil que protestaban por el alza de precios de los productos de alimentación y de las cuotas a pagar a la seguridad social. Al término de uno de los procesos más largos de los anales judiciales de Egipto -el proceso comenzó el 4 de diciembre de 1982-, el Tribunal de Seguridad del Estado absolvió ayer a más de la mitad (174) de los 302 acusados, y condenó a otros 16 a trabajos forzados perpetuos. La mayoría de las penas restantes oscila entre los tres y los siete años de trabajos forzados.

No se ha dictado ninguna pena en contra de los 19 acusados juzgados en rebeldía. La sentencia fue recibida con una explosión de alegría tanto por parte de los acusados como por sus familiares.

Entre los absueltos figura el principal acusado de este segundo proceso contra Al Jidah, el teólogo ciego Omar Abdr Rahman, de 43 años, antiguo profesor en Asiut (Alto Egipto), al que la acusación presentaba como el emir o jefe supremo del grupo integrista. Rahman había sido ya absuelto por el tribunal militar de El Cairo durante el primer proceso de Al Jidah contra los asesinos del ex presidente Anuar el Sadat.

El segundo acusado más importante del proceso, el ex teniente coronel de los servicios de información egipcios Abdú el Zommor, presentado por la acusación como el cerebro militar de Al Jidah, ha sido condenado a trabajos forzados perpetuos. Esta sentencia no será ejecutoria hasta que sea aprobada por el presidente egipcio, Hosni Mubarak, de acuerdo con la disposiciones sobre el estado de emergencia vigente en Egipto desde el asesinato de Sadat, el 6 de octubre de 1981.

El Parlamento egipcio acaba de aprobar un decreto presidencial por el que se prorroga hasta abril de 1986 dicha situación excepcional en el país.

Los ministros de Defensa e Interior justificaron ante el Parlamento la prórroga del estado de emergencia como la medida más racional para combatir el "terrorismo interno y externo".

El primer ministro, Hasan Kamal Alí, se refirió, en su defensa de la ley de emergencia, a las "actividades terroristas criminales en aguas territoriales egipcias, de las que son buena prueba las explosiones en el Mar Rojo".

Por lo que se refiere al juicio contra los integristas islámicos, la legislación vigente confiere al presidente Mubarak la facultad de modificar o anular la sentencia, así como la de transferir el proceso a otro tribunal para que dicte un nuevo veredicto.

La audiencia de ayer duró menos de dos horas. A pesar de los cacheos efectuados por la policía los acusados consiguieron introducir en la sala varias banderolas y pancartas, que colgaron de los barrotes que les aislaban del resto del recinto.