La ley de Bandas Armadas tiene por objeto defender la democracia, asegura Ledesma

El proyecto de ley orgánica contra las actuaciones de las bandas armadas y elementos terroristas defendido en el Congreso de los Diputados por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, constituyó el debate fundamental de la Cámara en la tarde de ayer, a pesar de que únicamente fueron aprobados los dos primeros artículos que contaron con la firme oposición de la Minoría Vasca y Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra. Ledesma retó a Bandrés a que le demostrara que en la ley no está representada la garantía procesal plena.

El enfrentamiento verbal más duro se produjo entre el diputado de EE, Juan María Bandrés y Fernando Ledesma. Bandrés manifestó que el proyecto de ley le produce rubor y adujo como prueba en contra el hecho de que países que conceden extradiciones ponen condiciones para ello. Para Bandrés era mejor mantener las leyes en vigor y retirar la que se debate. "No quiero contaminarme jurídicamente con esta ley" afirmó.Ledesma respondió diciendo que «jamás hubiera impulsado un proyecto de ley que me causara vergüenza. Le reto a que me desmuestre que no está representada la garantía procesal plena". Respecto a las extradiciones Ledesma puntualizó que el Gobierno español no ha tenido necesidad de añadir ninguna garantía ya que de ella disfrutamos ya los españoles y citó para sustentar su tesis el superior avance que supone la moderna asistencia, letrada al detenido. Para Bandrés la defensa de la democracia se hace desde la democracia y se preguntó si es garantía que un inculpado pueda estar diez días detenido y sin abogado.

El proyecto de ley sobre Bandas Armadas se presenta, en palabras del ministro de Justicia, cuando ya existen en España las garantías jurídicas del hábeas corpus, la asistencia letrada al detenido y la limitación de la prisión provisional y tiene por objetivo la defensa de la democracia. El ministro y el Grupo Socialista defendieron el dictámen de la Comisión Constitucional en contra las enmiendas del PNV, del Grupo Popular, Grupo Mixto (comunistas y EE) y el debate no permitió más que la aprobación de los dos primeros artículos de la ley. Fernando Ledesma hizo en la presentación del proyecto un análisis del desarrollo constitucional promovido por el Gobierno socialista que ha permitido la vigencia de garantías jurídicas penales y procesales.

Ledesma hizo un repaso también de quienes han sido víctimas de las bandas terroristas y apuntó que "los nostálgicos de la dictadura saben que en el centro de la diana del terrorismo está la democracia". Para el ministro ningún Estado está más Iegitimidado para defenderse de una minoría terrorista. Al recordar las novedades del texto llevado a la Cámara dijo que supone una sistematización de los textos más relevantes de la represión terrorista; la agravación específica de los delitos con la aplicación del principio de proporcionalidad; la atenuación de las penas por desestimiento con propósito de reinserción social y que en la remisión de las penas no serán posibles los supuestos de comisión de los delitos más graves contra las personas.

Para los medios de comunicación según el ministro se garantiza la libertad de expresión con la particularidad de que el cierre de un medio no será automático sino que estará precedido por un juicio.

Protección de bienes

Fernando Ledesma no olvidó, en su exposición el dato de que la ley contempla a aquellas organizaciones que prestan cobertura a la u¡minalidad y recordó que en la reciente conferencia de ministros de Justicia celebrada en Madrid en el comunicado final se unió a la palabra terrorismo la expresión de criminalidad organizada. "Con esta ley", acabó Ledesma, "se protegen bienes jurídicos individuales y colectivos, bienes jurídicos que son los que los terroristas pretenden arrasar".Los peneuvistas, por medio de Marcos Vizcaya, y el miembro vasco del Grupo Mixto Juan María Bandrés presentaron la mayor oposición al proyecto. Marcos. Vizcaya centró sus alegaciones en el artículo 2º que según él conculca el pacto internacional de los derechos políticos y civiles por cuanto según la redacción de la comisión constitucional se puede juzgar dos veces por el mismo delito.

En este articulo 2º están comprendidas las extorsiones y mas concretamente el llamado impuesto revolucionario. Para Vizcaya era necesaria una enmienda en la que se añadía un tercer párrafo según el cual "los delitos cometidos en el extranjero no serán juzgados en España si ya lo hubieren sido en el lugar de comisión". Luis Berenguer por el Grupo Socialista respondió a Vizcaya para afirmar que no se pretende que nadie pueda cumplir dos condenas por el mismo hecho. En este punto intervino el conservador José María Ruiz Gallardón para especificar que una cosa es que el delito sea juzgado dos veces y otra que constituya dos delitos de acuerdo con la legislación diferente de dos países.