A los 10 años del escándalo Sofico sigue pendiente el juicio contra los dos únicos procesados

Diez años después de que estallara el escándalo de Sofico, que afectó a unos 3.000 pequeños ahorradores y que fue descubierto gracias a su divulgación en la Prensa, el caso sigue todavía pendiente de vista oral en la Audiencia Nacional. Aunque en algún momento de la investigación judicial se contempló la posible implicación de militares de alta graduación, miembros de la carrera judicial y otras personalidades del franquismo, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que en estos momentos instruye el caso, sólo ha procesado a Eugenio Peydró Salmerón y a su hijo Eugenio Peydró Brillas, para cada uno de los cuales el fiscal solicita 12 años de cárcel, por el presunto delito de estafa. Está pendiente la calificación de los acusadores privados y la defensa.El juez especial designado en mayo de 1976 para depurar las posibles responsabilidades penales derivadas del caso dictó auto de procesamiento contra Eugenio Peydró y su hijo, quienes ingresaron en la prisión de Carabanchel (Madrid). A finales de 1976, el mismo juez puso en libertad provisional a Eugenio Peydró Brillas, e igual medida adoptó la Sala Segunda del Tribunal Supremo en julio de 1977 con el padre del anterior, Eugenio Peydró Salmerón, bajo fianza de cinco, millones.

El conocimiento del caso por parte de la citada sala del Supremo se produjo a iniciativa del juez especial que, en diciembre de 1976, le remitió las actuaciones, por estimar que los indicios de responsabilidad penal derivados del caso podían extenderse a otros consejeros del grupo de empresas Sofico, algunos de los cuales eran militares o pertenecían a la carrera judicial y, en consecuencia, eran personas aforadas, es decir, sólo podían ser juzgadas. por el Tribunal Supremo.

El Supremo conoció el caso

La Sala Segunda de este alto tribunal, que en principio se declaró competente en el caso, remitió el sumario a la Audiencia Nacional, poco después de constituido este órgano jurisdiccional, con competencia, entre otros delitos, sobre aquellos de naturaleza compleja y de carácter económico. La citada sala entendió entonces que los indicios de criminalidad sólo alcanzaban a las dos personas ya procesadas y no se extendía a otras que, por su condición o cargo en la Administración del Estado, estaban sujetas a la jurisdicción del Tribunal Supremo.En 1974, fecha en la que salió a la luz el escándalo, el consejo de administración del grupo de empresas de Sofico estaba integrado, además de por los dos procesados, entre otros, por Rafael Cavanillas Prosper, teniente general, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y ex presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar; Hipólito Jiménez, abogado; Segismundo Martín Laborda, magistrado; José María López Pelegrín, intendente de Hacienda; Juan Losada Pérez, coronel de la Guardia Civil y ex jefe de seguridad del general Franco, y Juan Martín Pariente, teniente coronel de Intendencia del Aire.