La única casa-refugio que existe en Madrid para mujeres maltratadas se llenó el día de su inauguración

Madrid, según las denuncias presentadas en comisarías a lo largo del año, se ha convertido es nna de las provincias con el índice más alto de agresiones a la mujer. Para hacer frente a esta situación sólo existe en la provincia una casa-refugio para mujeres apaleadas, inaugurada este mes, que se llenó el mismo día de su apertura. El servicio jurídico del Centro de Información de los Derechos de la Mujer, organismo dependiente del Instituto de la Mujer, atendió el pasado mes 304 asuntos relacionados con separaciones matrimoniales provocadas en la mayoría de los casos por malos tratos dirigidos a mujeres.Los últimos datos conocidos, correspondientes al mes de mayo, indican que se presentaron en 31 días 293 denuncias en las comisarías de la capital, de las que 127 correspondían a malos tratos físicos, 65 a malos tratos psíquicos y 101 a los dos tipos de vejaciones al mismo tiempo. El número de denuncias en el mismo periodo fue de 227 en Barcelona y 217 en Valencia.

Al Centro de Información de los Derechos de la Mujer, situado en el número 28 de la calle de Almagro, acude una media mensual de 1.000 mujeres a solicitar orientación, que abarca desde asesoría jurídica hasta planificación familiar u ocio. "La cifra citada", según Isabel Alberdi, directora del centro, "es una muestra mínima del número de casos reales que se producen, puesto que muchas mujeres se callan, aterrorizadas, ante posibles represalias".

Diez mujeres atienden llamadas de casi todas las ciudades del país y facilitan información a las personas que se acercan hasta allí. El local, de paredes blancas, decorado con plantas y posters, no reúne las mínimas condiciones para atender al público. En una misma sala se amontonan 14 mesas, archivadores y media docena de terminales de ordenador que están arrinconados desde que fracasó el proyecto de informatizar el trabajo del centro.

"Mire: yo quería saber qué puedo hacer. Mi marido me pega habitualmente; la última vez, ayer, y tengo testigos". Así se expresaba ayer una más de las muchas voces anónimas que llegan hasta la oficina. "Trabajo como asistenta cuatro horas al día, mi esposo se encuentra en el paro y se gasta todo lo que gano fuera de casa. Después de la última paliza, las dos niñas y yo nos hemos refugiado en casa de mi hermana, donde sólo podemos permanecer unos días, provisionalmente. Tengo miedo y estoy harta de amenazas". El anonimato de las personas que acuden al centro se ha impuesto obligatoriamente ante el temor que suele embargarlas y las continuas amenazas de muerte de que son objeto por parte de sus compañeros si éstas emprenden cualquier acción legal.

María García Barquero, abogada matrimonialista, repite los pros y los contras de la situación en lo que ya es casi una letanía: "Ponga una denuncia en la comisaría y acuda con los testigos. Busque un abogado de oficio e inicie antes de 30 días la demanda de separación por malos tratos; si no, él puede acusarla de abandono del hogar". A este centro madrileño acuden en su mayoría mujeres casadas y con hijos, entre los 20 y 40 años. Su nivel económico y cultural es muy bajo. Muy pocas trabajan, y si lo hacen es en empleos marginales. Casi todas desconfían de sí mismas y están desconcertadas.

"Mil pesetas de multa"

El Instituto de la Mujer ha iniciado, en colaboración con el Ministerio del Interior, una campaña de edición de folletos, charlas y programas de radio y televisión para conseguir como objetivo, a corto plazo, que las mujeres que son agredidas por sus maridos denuncien los hechos en comisaría. "Esta campaña está resultando muy positiva", según la directora del centro, "especialmente en cuanto a la atención que reciben las mujeres por parte de la policía. Se han dado algunos casos en los que el propio comisario llama al centro para comunicar estas situaciones e informar a las denunciantes". El pasado año, la Dirección General de la Policía distribuyó una notificación dirigida a todos los jefes superiores para que se proteja desde las comisarías el derecho que asiste a las mujeres de no recibir tratos inhumanos o degradantes.La situación, sin embargo, no ha mejorado notablemente. "Son muchas las mujeres que, tras formular denuncias por malos tratos, lesiones o violaciones, tienen que convivir con sus maridos", afirmó la abogada. "El funcionamiento de la Administración de justicia es caótico. En la mayoría de los casos estas denuncias pasan a los juzgados de distrito como juicios de faltas, donde, en el mejor de los casos, se impone al marido una multa que va de 1.000 a 5.000 pesetas. La imposición de sanciones económicas repercute negativamente en el patrimonio de la mujer, que en muchos casos, por tratarse de bienes gananciales, paga la mitad de la multa".

Para Alicia Ferrera, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, esta situación, impensable en pleno siglo XX y en una sociedad democrática, se hace aún más dramática ante la falta de una política de servicios que palíe la situación de las mujeres maltratadas.