El próximo miércoles se notificará el auto ordenando a Pujol que declare oralmente
El próximo miércoles, 26 de septiembre, los magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona firmarán el auto en el que se recoge el acuerdo adoptado en el pleno de tomar declaración verbal a Jordi Pujol en relación al caso Banca Catalana. El documento será notificado oficialmente al juez instructor delegado, Ignacio de Lecea.
Se estima que toda esta fase podría culminar en la primera semana de octubre con la declaración de Pujol ante los jueces y los fiscales encargados del caso. Si la declaración se efectúa dentro de este plazo, coincidirá con los últimos interrogatorios de los ex consejeros de Banca Catalana. Este apretado calendario quedó esbozado a partir de las manifestaciones realizadas por el juez instructor y por el ponente de la causa.
En medios jurídicos hay diferentes opiniones sobre la forma del, interrogatorio. Mientras algunos sectores especulan con la posibilidad de que Pujol se acoja a la fórmula de ratificar verbalmente su declaración escrita, otros aseguran que habrá interrogatorio real, semejante al de los demás procesados.
Esta polémica procesal, que empezó a trascender ayer, gira en torno a algunas de las valoraciones realizadas por el propio presidente de la Audiencia Territorial en la rueda de prensa. Un sector de los magistrados no estaría de acuerdo con estas declaraciones. Estos medios aseguran que la polémica no afecta al fondo de la cuestión: la declaración de Pujol debe ser oral. El acuerdo del pleno quedará recogido en el auto, que será firmado por los 36 magistrados.
Elaboración minuciosa
La fórmula procesal adoptada en el pleno del jueves fue laboriosamente elaborada por los magistrados de la Audiencia en una sesión que duró algo menos de una hora. Según fuentes solventes, en la reunión se efectuaron dos debates perfectamente diferenciados. El primero, que duró escasos minutos, consistió en la aceptación a trámite del recurso de queja presentado por los fiscales, lo que se decidió por acuerdo unánime:, aunque ello no significara que se aceptaran las reclamaciones. A continuación la sala debatió la validez o no de la declaración escrita de Jordi Pujol. Las mismas fuentes señalan que sólo ocho de los magistrados se definieron inicialmente en favor de aceptar la declaración escrita de Jordi Pujol, mientras que los 28 restantes afirmaron que no era válida. Se abrió así un debate en el que se matizaron las posturas y se llegó a una fórmula consensuada. Los magistrados entendieron que la declaración escrita de Pujol sólo tendría válidez de declaración si era ratificada verbalmente ante: el instructor, pues sin este trámite sólo tendría categoría de manifestación. Este acuerdo posibilita que los fiscales puedan interrogar al inculpado. El pleno no quiso definirse sobre el derecho que tiene el instructor de efectuar el interrogatorio de Pujol fuera del Palacio de Justicia, y prefirió remitirse a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se contempla la posibilidad de que la declaración se efectúe en otro lugar que no sea el juzgado.
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