Cataluña y Galicia reclaman criterios fijos para financiar las autonomías
BarcelonaEn la discrepancia manifestada por los consejeros económicos de Galicia y Cataluña en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, late más una disparidad sobre los criterios de fondo de la financiación autonómica que una simple discusión de millones y porcentajes para el presupuesto de 1985. El conseller de Economía y Finazas de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Cullell, ha expresado, tras la reunión, su decepción por la insistencia de ministro Miguel Boyer en fijar cada año el porcentaje de participación de las autonomías en los ingresos del Estado. "No podemos replantear y repetir la misma discusión por los mismos temas cada año", considera Cullell.
Al titular de Economía de la Generalitat le preocupa especialmente la fórmula de financiación definitiva, que a su juicio debe garantizar una certeza de ingresos y no puede dejar en constante indeterminación la financiación autonómica. Cullell no oculta que en el caso de que Cataluña no consiga el cumplimiento de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) en este punto, habrá que replantear el sistema por entero, y "entonces, si nos lo ponen tan difícil, quizá nos convenga más el sistema del cupo que tienen los vascos y navarros".
En la comisión mixta de valoraciones de las transferencias a Cataluña existe práctica unanimidad, dentro de la parte catalana, entre socialistas y convergentes, en señalar que la fórmula definitiva de financiación de las autonomías debe incluir un porcentaje fijo de participación en los ingresos estatales.
La tesis de Cullell cuenta con el sólido respaldo de su homónimo en Galicia, Jaime Trebolle, ex director general de Coordinación con las Haciendas Locales, quien junto a Eduardo García Enterría, Francisco Fernández Marugán, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y José Víctor Sevilla, realizó el informe de la comisión de expertos sobre financiación de las comunidades autónomas.
El debate que se ha polarizado entre Boyer y Borrell, por una parte, y Trebolle y Cullell, por otra, revela una concepción distinta del fenómeno autonómico según observe desde la estricta óptica de la legalidad o de la economía. Cullell y Trebolle aseguran tener la ley a su favor, indicando que las disposiciones de la LOFCA son claras y taxativas al señalar que el porcentaje de participación será fijo y sólo podrá ser modificado en los casos que se determinan específicamente.
Por otra parte, Boyer y Borrell cuentan también con razones de peso, reforzadas por el amenazante crecimiento del déficit público. Pero Cataluña y Galicia sostienen que la fórmula definitiva no puede dejar en una indeterminación, al resultado de la negociación permanente, una determinación de sus ingresos que les resulta necesaria para la confección de sus presupuestos y de todos los programas financieros a corto, medio y largo plazo.
En cualquier caso, en la Administración catalana ha sentado especialmente mal la afirmación de un alto responsable de la Administración central que solicitaba la aplicación de "una legalidad viable" de la LOFCA.
