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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

En Televisión nunca pasa nada

RESULTA DIFÍCIL apostar a favor de que el Consejo de Administración de RTVE investigue con el rigor y la celeridad debidas las informaciones periodísticas (véase EL PAIS de 9 y 10 de septiembre) que ponen en incómoda relación los excelentes negocios organizados en torno a las retransmisiones deportivas por TVE y las vinculaciones entre agencias de publicidad y altos responsables del monopolio estatal. Nada hay en los precedentes de funcionamiento de ese órgano; tanto durante la anterior legislatura como en la presente, que favorezca la esperanza de un adecuado cumplimiento, por sus miembros, de las importantes competencias que el Estatuto de la Radio y la Televisión les asigna. Aunque el Estatuto señala que los 12 vocales del Consejo de Administración serán elegidos por el Congreso y el Senado entre "personas de relevantes méritos profesionales", los grupos parlamentarios han optado por proponer como candidatos a gentes caracterizadas fundamentalmente por su fidelidad partidista y por su disposición a respetar la disciplina política del voto. De esta forma, el Consejo de Administración de RTVE, lejos de estar integrado por personas independientes y cuya preocupación primordial fuera el cumplimiento de los valores y principios establecidos por el artículo 4 del Estatuto, cumple la misión subalterna de reproducir mecánicamente, en su peculiar micromundo, las relaciones de mayoría y minoría de las Cortes Generales.A esa nociva orientación general, que cumple con la letra pero que traiciona el espíritu del Estatuto de la Radio y la Televisión, los socialistas uncieron la viciosa práctica de reclutar a sus vocales del Consejo de Administración entre los empleados de plantilla de la propia Televisión. El círculo queda cerrado cuando esos consejeros-empleados son designados, además, altos cargos en el Ente Público. Así, tras la victoria del PSOE en las últimas elecciones, los dos nombramientos de mayor importancia en el organigrama del Ente Público recayeron sobre dos miembros -José María Calviño y Ramón Gómez Redondo- del Consejo de Administración que pertenecían, además, al personal fijo de Televisión. De esta forma, los socialistas, que tan justificadamente se lamentan del corporativismo que gangrena a la Administración pública española, han sido los primeros en dar un pésimo ejemplo, en el ámbito de Televisión, con ese sistema de retroalimentación que sólo puede favorecer el estrecho espíritu de cuerpo. Porque no resulta fácil que miembros del Consejo de Administración que proceden de la plantilla de Televisión, y que regresarán -antes o después- a sus empleos vitalicios, tengan la independencia de criterio y la imparcialidad de juicio precisas para poner orden en ese caos del que vienen y al que volverán, y con cuyas corruptelas se han familiarizado a lo largo de muchos años de pasiva connivencia o de resignada tolerancia.

Resulta así que los miembros del Consejo de Administración de RTVE perciben sus elevados honorarios, sólo a medias incompatibles, básicamente para realizar tareas de control político e ideológico de los programas de Televisión, relegando a lugares marginales el cumplimiento de las otras decisivas competencias que les atribuye el artículo 8 del Estatuto. Las delicadas cuestiones que suscitan, de acuerdo con las informaciones publicadas en EL PAIS, las relaciones entre las agencias de publicidad y TVE, merecerían, sin embargo, una investigación seria y urgente y la adopción, en su caso, de esas medidas de moralización que las promesas del cambio anunciaban. Aunque la coexistencia pacífica con el despilfarro, el abuso y el chanchullo haya blindado la sensibilidad de los fijos de Televisión elevados a su Consejo de Administración para la sorpresa o el escándalo, la inmensa mayoría de los españoles conserva la capacidad de asombro y de crítica suficiente para rechazar la disculpa benevolente de que los hechos denunciados son pecadillos veniales o descuidos inocentes.

El simple inventario de esas irregularidades no puede sino mover a la inquietud. Una agencia de publicidad consigue de forma casi sistemática la cobertura de las retransmisiones deportivas de Televisión. La política de retransmisiones deportivas desdeña algunos acontecimientos importantes, que esa agencia cuasimonopólica no controla, pero cubre, en cambio, otros de dudoso o nulo interés, tales como los Seis Días Ciclistas de Madrid, con publicidad de la citada empresa. Un famoso comentarista deportivo de Televisión fue, desde 1977 hasta la reciente decisión de declararlo incompatible, consejero de la agencia de marras y ha retransmitido espectáculos deportivos en su doble condición, lo que puede explicar su compulsiva tendencia a reforzar la publicidad estática de una prueba ciclista organizada por su empresa con la machacona repetición de un nombre comercial en la meta de una etapa. El jefe de retransmisiones de TVE, que tenía información suficiente sobre ese irregular doblete, y a quien incumbe la responsabilidad de proponer a la Gerencia de Publicidad esa sesgada programación que facilita un cuasimonopolio a una empresa singular, maneja además con alegre desenvoltura las ofertas de casas comerciales para vestir a los enviados de Televisión y para dar guateques a los amigos. ¿Concuerdan todas estas historias, más bien sórdidas, con las exhortaciones a la moralidad pública y al trabajo bien hecho de la retórica del cambio? Los miembros del Consejo de Administración del Ente Público, en especial los designados a propuesta del PSOE y que hoy disponen de la mayoría en ese órgano, tienen la palabra.

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