Las partes en conflicto piden un arbitraje a Trabajo

Futbolistas y clubes recurrieron ayer a la Dirección General de Trabajo para que emita dictamen sobre la legalidad o no de las medidas adoptadas en torno a la huelga. Este punto fue considerado ayer como "indispensable" para desbloquear el desacuerdo entre ambas partes. Los futbolistas consideran que "los clubes siguen adoptando medidas que no contribuyen a crear el clima idóneo para el diálogo".Con este estado de ánimo comenzaron los representantes de la AFE la reunión de ayer tarde con la Administración y los clubes en el Instituto Nacional de Educación Física, tras la jornada nocturna de la madrugada anterior sin acuerdos específicos. Los futbolistas no aceptan la propuesta de retrasar un año la entrada en vigor de posibles acuerdos. "No quieren cambiar ni reconocer sus errores", opinaron ayer fuentes de la AFE al conocer la postura de los clubes. La mayor parte de la reunión de la madrugada, por ejemplo, transcurrió debatiéndose la exigencia de garantías por parte de los futbolistas.

El 'nudo gordiano'

Jesús Samper, asesor jurídico de los clubes, propuso posponer hasta la próxima temporada la entrada en vigor de posibles acuerdos, extremo no aceptado por la otra parte. La disyuntiva planteada por los clubes, en el sentido de que varios de los puntos del escrito de huelga no son de su competencia y sí de la federación, fue replicada por la AFE pidiendo la convocatoria de una asamblea que revoque una serie de normas deportivas que conculcan las laborales, auténtico nudo gordiano del conflicto, "pero la impresión es que no quieren recurrir a eso para no presentar a Pablo Porta como salvador de la huelga", según un portavoz del sindicato. Porta, hace unas fechas, llegó a comentar en privado que esta situación la arreglaba él con facilidad, adoptando las medidas "duras" que, casualmente, decidieron ayer los clubes. La posición de éstos es la de "esperar a la constitución del nuevo Pleno, con las normas del decreto del Ministerio de Cultura, para debatir allí los temas".Ayer reanudaron las negociaciones, en el transcurso de las cuales Romà Cuyàs se ausentó, hacia las siete de la tarde, para informar a la Dirección General de Trabajo de la petición de dictamen sobre la legalidad o no de algunas de las últimas actuaciones y decisiones. En concreto, sobre la alineación de juveniles, aficionados y militares, la suspensión de los contratos, el cierre de instalaciones y si resulta abusiva o no la forma de declararse en huelga de los futbolistas, para un partido o, según los clubes, para todos los días.

La Dirección General de Trabajo deberá entregar su dictamen antes de las ocho de la tarde de hoy, hora en la que volverán a reunirse los litigantes. Diversas fuentes jurídicas consultadas por este periódico aventuran, a título de hipótesis, que "parece claro que los clubes no han respetado el derecho constitucional a la huelga al sustituir a los trabajadores en paro por otras personas, como Juveniles, con los que no tienen vinculación laboral, y, en algunos casos, manteniendo los mismos precios de los partidos de profesionales. La suspensión temporal de los contratos parece legal, puesto que no es una sanción, la cual sí que sería ilegal. También parece legal, pues, suspender la relación laboral a todos los efectos, incluyendo, el cierre de las instalaciones.

El PDP pidió "que el Gobierno resuelva con urgencia las auténticas causas de la huelga, la incapacidad y negligencia de la Administración para incluir a los futbolistas en el régimen general de la Seguridad Social, la modificación y adecuación a los nuevos tiempos de su estatus laboral y el establecimiento de un sistema fiscal que, sin suponer privilegios, modere la progresividad del impuesto sobre su renta, dado el carácter atípico de sus remuneraciones y su corta vida profesional".