Principio de acuerdo sobre la financiación autonómica para el próximo año

La inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1985 -que deberá estar listo antes del 1 de octubre- de las cantidades correspondientes a cada comunidad autónoma en concepto de participación en los ingresos estatales fue el principal acuerdo alcanzado entre el secretario del Estado de Hacienda José Borrell, y el conseller de Economía de la Generalitat, Josep M. Cullell.

La plasmación de este acuerdo en los Presupuestos se presenta realmente difícil si se tiene en cuenta que previamente las respectivas comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas deberían, acordar el porcentaje de participación en los ingresos estatales en función de la valoración de los servicios transferidos.La empresa no se presenta nada fácil si se tiene en cuenta que a estas alturas del año aún no se ha aprobado la ley, actualmente en trámite parlamentario que fija los porcentajes de participación para 1984. Cullell manifestó que no admitiría la fórmula empleada en los Presupuestos del Estado de 1984, en los que se señalaba un plazo de hasta el 30 de abril para diferenciar los créditos afectados por los traspasos de servicios a las comunidades autónomas.

Incumplimiento de la LOFCA

En realidad, la fórmula de 1984 ha resultado doblemente perniciosa por la Generalitat. Por una parte ha impedido al Gobierno catalán la realización de sus propios presupuestos para este año, al desconocer los ingresos con que podía contar. Por otra, se comprobó la existencia de un desfase de 22.162 millones de pesetas entre los créditos inicialmente previstos en los Presupuestos Generales del Estado vía sección 32 (-7.854 millones) y los fijados posteriormente en el proyecto de ley del Porcentaje (14.308 millones).En cualquier caso, en 1985 tampoco se cumplirán las disposiciones previstas en la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que en su disposición transitoria 11,3 señala que la comisión mixta paritaria Estado-comunidad autónoma fijará el porcentaje de participación, mientras dure el período transitorio, "con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes.

Todos estos retrasos obedecen sin duda a la disparidad de criterios, que ya se ha puesto de manifiesto anteriormente y que han impedido la promulgación en su tiempo de la ley de Porcentajes de 1984, a la que Minoría Catalana ha presentado tres enmiendas. La segunda de estas enmiendas, con la que también coinciden expertos socialistas y comunistas, sostiene que la disposición adicional segunda vulnera la LOFCA. Según la citada disposición adicional "los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos tributarios del Estado fijados en la presente ley serán de aplicación en el ejercicio económico de 1984 exclusivamente". Y para 1985 los porcentajes "se fijarán en función de las nuevas transferencias de servicios y de las necesidades derivadas de la coordinación de la política económica, con el fin de mantener el equilibrio financiero de las Administraciones públicas".

Con ello se pretende la modificación continua del porcentaje para corregir el efecto financiero, pero los promotores de la enmienda sostienen que la LOFCA es taxativa al establecer sólo cuatro supuestos de revisión (ampliación de competencias, cesión de nuevos tributos, reformas sustanciales del sistema tributario y cuando transcurridos cinco años lo soliciten las partes), entre los que no figura "las necesidades derivadas de la coordinación de la política económica".

Presupuestos autónomos

Los continuos retrasos en la determinación de los ingresos disponibles por las comunidades autónomas pueden originar un fatal bloqueo de las finanzas autonómicas. En el caso de Cataluña la situación ha sido realmente asfixiante para la Generalitat, que ha tenido que funcionar con todos los inconvenientes de un presupuesto prorrogado. Pero la ausencia de presupuesto supone también una fuerte limitación de los derechos de los administrados, al no poder ejercer a través del Parlamento uno de los derechos democráticos más importantes cual es el del control de ingresos y gastos públicos.En algunos casos la ausencia de presupuestos ha significado que los ciudadanos carezcan de instrumentos para reclamar la ejecución de determinados servicios o programas que se anunciaron en la campaña electoral pero que luego no se plasmaron en ningún documento presupuestario. A estas alturas del año será dificil plantear la discusión de un presupuesto del que ya se ha realizado la mayor parte del gasto.

Repetir la experiencia en el ejercicio de 1985 podría provocar mayores distorsiones. Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno catalán es bien escaso si, se tiene en cuenta que la ley de Finanzas Públicas de Cataluña establece que el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat y la documentación anexa se enviarán al Parlamento de Cataluña antes del 10 de octubre de cada año para su examen, enmienda y aprobación.