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La quiebra de la Seguridad Social y la Seguridad Social de la quiebra

La idea de una Seguridad Social arruinada hasta el año dos mil y pico es uno más de los muchos mitos que hay sobre la marcha de la economía; consecuencia no del mejor o peor conocimiento popular y profesional de los sistemas, métodos e instituciones que hoy existen, sino de la falta de debate y clarificación sobre los que debieran existir. Esta carencia, que no es exclusiva española, tiene parcialmente su origen en la visión positivista que las tendencias científicas y académicas dominantes imponen sobre el análisis de los fenómenos sociales, pero se agudiza en España merced a la tradicional improvisación, que podrá servir para ganar un encuentro'deportivo decisivo, pero jamás para establecer las bases del bienestar y la prosperidad colectivos.La situación actual

Es muy corriente oír el siguiente comentario: "La Seguridad Social ha gastado este año (1983) más de tres billones de pesetas y eso es una barbaridad, porque alguien tiene que pagar ese dinero y ese alguien somos todos los contribuyentes".

En él hay dos verdades incuestionables en lo que se refiere al gasto y a quienes lo pagan. La segunda verdad, por más vueltas que se le dé, no puede enunciarse de otro modo,. salvo que convendría subrayar la palabra todos. Por el contrario, calificar el volumen de gasto, así a secas, como una barbaridad es, a su vez, otra barbaridad.

A finales de 1983, la Seguridad Social española incluía a algo más de cinco millones de pensionistas, cada uno de los cuales recibía por término medio una pensión mensual de 24.782 pesetas. Cierto que las unidades familiares pasivas son más reducidas que las activas y se pretende que tienen menos necesidades (¿alguien ha comprobado si esto es así?), pero, definitivamente, 24.782 pesetas al mes es una pensión media escandalosamente baja. Si se quisiera elevar su importe a, digamos, 50.000 pesetas mensuales, la Seguridad Social española debería gastar 1,7 billones más. ¿Dónde está la auténtica barbaridad?

Es evidente que ese incremento tan desmesurado del nivel de prestaciones económicas dentro del actual sistema español sería una huida hacia adelante", con las peores consecuencias incluso a corto plazo. El sistema de pensiones de la Seguridad Social español es uno de los más desproporcionados que existen (su división en regímenes gestada y desarrollada en los años cincuenta y sesenta y su excesiva generosidad por la que se otorgan pensiones vitalicias habiendo cotizado muy pocos años son pruebas de ello) y, al igual que muchos otros sistemas estatales occidentales, se basa en el método de reparto en virtud del cual los gastos por pensiones en un año corriente se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos y no con las cotizaciones pasadas (y/o sus rendimientos si se hubiera constituido un fondo de ahorro o inversión), de los individuos que entonces reciben la pensión (lo cual sería un método de capitalización).

En los sistemas de pensiones basados en el método de reparto juega un papel fundamental el factor intergeneracional, resulta evidente que uno de estos sistemas quedará herido de muerte cuando las tendencias demográficas sean desfavorables. Esto es lo que está sucediendo en el mundo desarrollado. La población pasiva aumenta y la población activa (en términos relativos) disminuye. Piénsese que los parados son parte de la población activa convertida, transitoriamente en población pasiva.

El cuadro I da una idea de cómo han evolucionado estos dos grupos de población directamente cubiertos por la Seguridad Social española. Hay que tener en cuenta que la universalización del sistema es un hecho relativamente reciente.

A comienzos de la década de los años setenta, el sistema español posee una estructura demográfica característica de un sistema que empieza a universalizarse. Hasta entonces, cada pensionista era sostenido por un número elevado, aunque descendente, de cotizantes y esto coincidía con la buena salud económica de la Seguridad Social española, que, a pesar de su diseño tan poco funcional, financiaba generosamente los Presupuestos Generales del Estado.

A partir de 1975, ya en pleno ciclo demográfico (de Seguridad Social y general) actual, la evolución de la relación cotizantes / pensionistas explica muchos de los problemas financieros que: precisamente desde entonces comienzan a producirse,

Esa tasa de dos cotizantes, que, prácticamente hoy ya, con sus cotizaciones (cuota obrera y cuota patronal, siendo esta última salario diferido al ciento por ciento) hacen posible que cada pensionista reciba su pensión, es la señal de alarma que debe movilizar a la sociedad entera para que, en el terreno de la previsión social, las cosas se hagan de forma radicalmente diferente a como se han venido haciendo hasta ahora.

El mito de la quiebra

Para completar sus ingresos por cotizaciones, la Seguridad Social española recibió del Estado, en 1983, 0,75 billones de pesetas en forma de transferencias públicas. A pesar de lo cual generó un déficit de 27.000 millones de pesetas.

Todos los analistas coinciden en que, a medida que pase el tiempo y se agudicen las tendencias demográficas, la aportación del Estado deberá aumentar más y más y, en definitiva, la presión de éste sobre los individuos para obtener esos recursos.

Si los ciudadanos contribuyentes no están dispuestos a soportar esa mayor carga, las vicisitudes del ciclo político moderno darán, tarde o temprano, el poder a un partido que esté dispuesto a disminuir los impuestos, aunque años más tarde los ciudadanos beneficiarios de la demanda social, descontentos, den el poder a un partido dispuesto a aumentar y situar dignamente las prestaciones sociales.

Un cambio de mentalidad

Sin embargo, a poco que el lector reflexione sobre los párrafos anteriores, coincidirá en que no es la Seguridad Social lo que está en peligro de quiebra, sino que es todo el tejido social el que cierto es, sometido a una presion importante y, sin duda, mal tramado por una educación colectiva deficiente y basada en Principios egoístas, no quiere, ni sabe, ni puede, soportar las consecuencias de un pasado improvisado y de un presente de vacas flacas.

Por todo lo anterior resulta, cuando menos, insensato aludir, como hacen constantemente los responsables de la economía pública española, a la inminente quiebra de la Seguridad Social sin advertir que los principios de solidaridad intergeneracional han quebrado seguramente hace tiempo, si acaso estuvieron establecidos en alguna ocasión.

Una nueva reflexión en torno a las cifras revelará una notable paradoja que se da en la sociedad española y en muchas otras sociedades desarrolladas. De los algo más de 38 millones de españolas y españoles que registran las estadísticas, 13 millones son individuos catalogados como población activa (2,5 millones de los cuales en paro, es decir, por repetirlo, pasivos transitorios o transeúntes en terminología municipalista). La mayor parte de los cinco millones de pensionistas son individuos pasivos, y los 20 millones de individuos restantes son fudamentalmente mujeres adultas, niños y jóvenes que por exclusión habríamos de calificar también como población pasiva. Un elevado porcentaje de estos 20 millones de individuos pasivos pertenece a unidades familiares de las cuales reciben auténticas pensiones privadas para su formación y mantenimiento en virtud de los lazos que les ligan al (o los) cabeza de familia.

No deseo, desde luego, poner en cuestión el lazo familiar, pero sorprende la alegría con la que a veces se instrumenta el soborno a familiares frente a la discreción con la que se escatima la pensión a los retirados, una gran mayoría de los cuales ha logrado su derecho a un retiro digno después de largas vidas laborales.

Para acabar de complicar las cosas, la crisis de los sistemas tradicionales de previsión social coincide con la peor época de las econornías industriales desde la gran depresión de los años treinta (no es que las demás economías, es decir, las no industriales no tengan épocas malas, simplemente no tienen épocas buenas, y no hablemos de sus sistemas de Seguridad Social), y los españoles en particular hemos tenido que convivir, y seguiremos haciéndolo algunos años más, con elevadas tasas de desempleo y de aumento del coste de la vida.

Si la sociedad y cada uno de los que la componen no son capaces de comprender que no siempre es posible ganar más ni vivir mejor cada año que pasa, disminuyendo a la vez la responsabilidad por la tarea propia (laboral, empresarial, estudiantil, docente, profesional, etcétera) y aumentando la intromisión negativa en la ajena, en los años que vendrán no será la quiebra de la Seguridad Social el asunto más sonado del que tengamos noticia.

Un cambio de sistema

El sistema actual de Seguridad Social se encuentra seguramente en uno de los extremos del espectro posible de sistemas alternativos.

El otro extremo consistiría en gritar el "sálvese quien pueda" y dejar el futuro material de cada 'individuo a lo que éste hubiera podido ahorrar durante su vida activa. Dada la actual distribución de la renta y, sobre todo, de la riqueza, esta alternativa, pienso yo, no tardaría en hacernos retroceder al siglo XIX en lo que se refiere a la previsión social. ¡Una gran oportunidad para las instituciones de beneficencia! Se achaca al sistema actual que ha vuelto confiados a los individuos haciendo que ahorrasen menos durante su vida activa, disminuyendo corres pondientemente las posibilidades de acumulación de capital y bienestar futuro.

Sin que sea ésta la única alternativa en la teoría ni la evidencia en la práctica de todos los países (lo más probable, a la vista de los estudios recientes disponibles, es que este efecto de la Seguridad Social sea inexistente) parece evidente que el extremo del ahorro privado haría conscientes de sus necesidades futuras y de su propia responsabilidad frente a ellas a muchos individuos.

Lo más razonable, sin embargo, es pensar que el futuro sistema de previsión colectiva debe incluir elementos de los dos extremos citados. Pero para superar ambos extremos son necesarias, al menos, tres condiciones: una profundización colectiva sobre el principio de solidaridad intergeneracional, que la solidaridad con uno mismo que significa el ahorro privado libere a las instancias sociales de la responsabilidad frente a todo y frente a todos que, cada vez más, se les atribuye, y, por último, que la gestión de los fondos de ahorro destinados a las futuras pensiones se realice o se supervise por organismos mixtos Administración-depositarios de forma que la garantía de los mismos esté, en lo posible, a salvo de circunstancias desfavorables que la economía produce generosamente.

Está a punto de darse en nuestro país un nuevo ordenamiento de la previsión colectiva que otorgará un protagonismo inevitable a los fondos de pensiones. Los gestores naturales de los mismos parecen ser las compañías de seguros, y quizá convenga recordar que este sector acaba de iniciar su reconversión, que será tan silenciosa como la del sector bancario. Esperemos que no sea tan costosa.

Por otra parte, cualquiera que sea la solución que se adopte, durante un largo. período habrán de convivir el régimen actual de Seguridad Social y el que le sustituya definitivamente. Los cinco millones de pensionistas actuales no han de morir, esperémoslo así, el año que viene, y vendrán más que no habrán ahorrado lo suficiente y sí cotizado durante muchos años. Ello implicará sacrificios para la población en un momento económico que dista de ser bueno.

Es también previsible, y deseable, que el nuevo sistema incluya un subsistema de reparto reformado. Sería conveniente que incluyera también un elemento que podría solucionar algunos problemas sin crear muchas complicaciones: el retiro gradual compatible con trabajo a jornada parcial. No es éste el lugar para extenderse sobre los detalles técnicos, pero los lectores conocerán a trabajadores en edades maduras que están deseando retirarse y a recientes jubilados que están deseando trabajar de nuevo.

Dos preguntas para terminar: ¿sabe la Seguridad Social qué proporción de cada uno de estos grupos piensa de la forma expresada en el párrafo anterior y, en cualquier caso, ¿conoce cuáles son las causas de esta actitud?

José A. Herce San Miguel es profesor encargado de Teoría Económica en la Universidad Complutense de Madrid.

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