La inversión pública descenderá el próximo año en 10 comunidades autónomas

Diez comunidades autónomas verán reducida durante 1985 la inversión pública que les corresponde a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), cuya dotación bajará en 4.000 millones de pesetas respecto a los 209.000 millones de pesetas de 1984, según los planes del Gobierno. Pese a esta reducción en pesetas nominales o de cada año, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cataluña podrán elevar algo sus dotaciones, en cantidades que oscilan entre 199 y 1.410 millones de pesetas. El papel cada vez menos redistributivo de este mecanismo, creado para compensar las desigualdades regionales y confirmado como tal en los pactos autonómicos UCD-PSOE, ha sido reconocido ya por la Administración central, que intenta proceder a su reforma.

La propuesta del Fondo de Compensación Interterritorial para 1985, que será dotado sólo con 205.000 millones de pesetas, pese a que el Gobierno proyecta incrementar la inversión pública total un 8% (hasta 1,28 billones de pesetas), ha sido fruto, según fuentes oficiales, de un largo proceso de negociación entre representantes de las comunidades autónomas y el comité de inversiones públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.Esta disminución de 4.000 millones de pesetas respecto a los 209.000 millones de 1984 consolidará el papel cada vez menos redistributivo, de acuerdo con los estudios efectuados por la Administración, de dicho mecanismo compensador de las desigualdades regionales. Como tal fue concebido en la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en los pactos autonómicos entre el Gobierno de UCD y el PSOE, que acordaron nutrirlo hasta 1986 con el 40% de la inversión pública "nueva" de cada año, una vez descontada la militar, que aparece considerada como gasto en la contabilidad nacional. La LOFCA, que preveía otros fondos redistributivos cuya puesta en marcha se ha olvidado, sólo exigía el 30% de la inversión pública nueva, es decir, sin contar la destinada a conservar o reponer inversiones anteriores.

Sin embargo, los problemas de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas a la hora de invertir los recursos del FCI, así como el papel poco redistributivo del mismo, ha impulsado al Ministerio de Economía y Hacienda a reducir en 4.000 millones de pesetas su dotación para 1985.

Transferencias de capital

Sobre los 205.000 millones resultantes han sido aplicados los baremos que exige la ley: distribuir un 70% del total en forma inversamente proporcional a la renta por habitante de cada territorio, un 20% directamente proporcional al saldo migratorio, un 5%, al paro existente y el otro 5% a la superficie de cada territorio. Todo ello ha sido corregido con una pequeña prima en favor de las islas y ha sido negociado con las comunidades autónomas.Así ha resultado el reparto que aparece en el cuadro adjunto, según el cual 10 regiones verán descender su dotación respecto a 1984 en cantidades que oscilan entre 1.710 millones (Valencia) y 5,4 millones (La Rioja). El resto aumentará algo su participación, especialmente Castilla-La Mancha (1.410 millones), País Vasco (572) y Galicia (465 millones), y ya en menor cantidad Cataluña, Cantabria, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla.

La explicación oficial dada al descenso de la cuantía total ha sido el mayor peso específico que tienen en los presupuestos del resto de la inversión pública las transferencias de capital que no son base del FCI (planes de reconversión industrial, transferencias a empresas públicas y transferencias a las propias comunidades autónomas para financiar la reposición de servicios transferidos).

Tras ella late la opinión del equipo ministerial de Economía y Hacienda en el sentido de que habrá de ser reformado el FCI, pues la concepción que le dieron la LOFCA y los pactos autonómicos primaba a una serie de regiones que han recibido en los últimos años la inversión nueva (la mayor parte del FO va para obras públicas y urbanismo, educación, agricultura y pesca) y ahora carecen de recursos propios suficientes para mantener o reponer tales inversiones.

Efecto redistribuidor

Para reformar esta actitud, los estudios realizados por la Administración sobre el efecto redistribuidor del FCI en 1984 y 1983 indican que resulta cada vez más limitado, debido al fuerte descenso anual que suponen sobre la dotación del fondo las inversiones de la Administración central, correspondientes tanto a competencias aún no transferidas como a intransferibles. Éstas representaban en 1983 el 89% del FCI; en 1984 bajaron al 38,7%, y en 1985 se quedarán en el 26,5%.No obstante, merced a las transferencias asumidas por las comunidades autónomas vía fondo, gran número de éstas han visto mejorada, aun con tendencia a bajar, su presencia en la regionalización de inversiones estatales (Andalucía, 5,2 puntos en 1983 y 2,2 en 1984; Canarias, 1,1 y 0,3; Extremadura, 1,8 y 0,9; Castila-La Mancha, 1,3 y 0,5; Castilla y León, 1, 1 y 0,6). Por el contrario, redujeron su participación Madrid (2,7 y 0,1 puntos), Aragón (0,4 y 0,2), Baleares (0,1 y 0,1) y País Vasco (0,1 y 0,1).