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18 meses de difíciles contactos

Soledad Gallego-Díaz

Una de las primeras decisiones del Gobierno socialista de Felipe González fue abrir la verja de Gibraltar para peatones. La medida fue adoptada unilateralmente "por motivos humanitarios" y con la esperanza de que fuera bien acogida por el Gobierno conservador de Margaret Thatcher y por los propios habitantes del Peñón. La esperanza fue vana, porque Londres estimó que la apertura peatonal beneficiaba fundamentalmente a España. Según algunos estudios, la compra de bienes españoles por gibraltareños reporta a La Linea de la Concepción unas 100.000 libras semanales.Cuando Fernando Morán visitó oficialmente Londres, en marzo de 1983, se encontró con una dura actitud británica. El principal punto de fricción fueron dos cartas intercambiadas en enero de 1982 por el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en las que se fijaba la forma de poner en práctica la Declaración de Lisboa. El compromiso no se llevó a la práctica porque mientras tanto estalló la guerra de las Malvinas, pero el Gobierno socialista se encontró a su toma de posesión con dichas cartas (una de ellas, de carácter secreto) y estimó que no correspondían a los intereses españoles, especialmente en lo referide, al restablecimiento de comunicaciones aéreas y a la modificación de la zona prohibida de Algeciras, dos aspectos que deberían. discutirse posteriormente.

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Margaret Thatcher exigió el cumplimiento de lo estipulado en las cartas y se negó a discutir ninguna otra interpretación de la Declaración de Lisboa. Las relaciones hispano-británicas entraron entonces en un período tenso, acentuado por la visita al Peñón de parte de la flota que intervino en la guerra con Argentina. Las cosas parecieron tranquilizarse con el nombramiento de un nuevo secretario del Foreign Office, sir Geoffrey Howe, hombre de confianza de Thatcher, que sustituyó, en la primavera de 1983, a Francis Pym.

El primer contacto entre Morán y Howe se produjo en la clausura de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (septiembre de 1983), y fue considerado positivo en Madrid porque ya no insistió en el cumplimiento de las dos cartas de Calvo Sotelo. Sin embargo, se consideró preocupante que no aludiera tampoco a la Declaración de Lisboa y que se refiriera exclusivamente a la CEE como el marco donde solucionar el problema de las restricciones españolas. Howe aceptó poco después una propuesta de su colega español para poner en marcha "grupos de trabajo" bilaterales -nivel de diplomáticos que "acercaran posiciones", y dio por cerrado el conflicto de las cartas.

Además del un período transitorio para la libre circulación de trabajadores, existe el peligro de que los gibraltareños se acojan después a una reglamentación especial que permite ampliar dicho período si existe un peligro grave para su economía. No es difícil explicar ese peligro si se tiene en cuenta que la población activa de Gibraltar no supera las 12.000 personas y que hay actualmente más de 17.000 parados en zonas muy próximas a La Línea.

Con motivo de la sesión dé negociación con la CEE celebrada en Luxemburgo el pasado 10 de abril, el Gobierno británico hizo llegar al español su propuesta de una advance implementation de la legislación comunitaria. España abriría la verja a mercancías y personas y los españoles disfrutarían en el Peñón de todos los derechos de la CEE.

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La propuesta fue considerada insuficiente en el Ministerio de. Asuntos Exteriores porque ello significaría que los trabajadores españoles por cuenta ajena no podrían residir en el Peñón durante el periodo transitorio. Incluso los españoles que pretendan establecerse por cuenta propla tendrán también problemas porque la legislación gibraltareña establece que determinados trabajos sólo pueden ser ejercidos si se posee una licencia previa, tanto si se es gibraltareño como si se procede de un país miembro de la CEE. Las licencias las concede discrecionalmente un comité integrado sólo por gibraltareños.

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