España y el Reino Unido negocian en secreto desde hace medio año la completa apertura de la verja de Gibraltar

España levantará este mismo año las restricciones al tráfico a través de la verja de Gibraltar, si prosperan las negociaciones secretas que se llevan a cabo desde el pasado mes de abril con el Reino Unido para la aplicación adelantada de la legislación sobre tránsito dé la Comunidad Económica Europea (CEE). La propuesta partió de Londres, pero el Gobierno español la consideró insuficiente, porque la mera aplicación de dicha legislación no garantiza en la práctica la igualdad de derechos de los españoles en el Peñón, contrapartida imprescindible para el levantamiento de las actuales restricciones. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, esbozó una contrapropuesta que está siendo estudiada en la capital británica.

Morán y su colega inglés, sir Geoffrey Howe, volverán a discutir el asunto a finales de este mes de septiembre, con motivo de su encuentro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Si existiera acuerdo, Madrid querría presentarlo además como la revitalización de la famosa Declaración de Lisboa, bloqueada desde 1982.Fuentes españolas califican de positiva la evolución de las relaciones con el Reino Unido en los últimos meses, tras el fuerte deterioro que sufrieron debido a la guerra de las Malvinas y a la tensa entrevista que mantuvieron el 16 de marzo de 1983, en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher y Fernando Morán. La próxima incorporación de España a la CEE ha introducido un nuevo elemento y ha llevado a ambos gobiernos a una actitud menos crispada.

Londres estima que España, al convertirse en miembro de la CEE, está obligada a levantar las restricciones. De hecho, el tratado de adhesión obligará a restablecer las comunicaciones con Gibraltar el mismo día de su entrada en vigor, es decir (si todo va bien), el 1 de enero de 1986. Madrid -asegura Londres-no obtendrá a cambio la equiparación práctica de los derechos, ya que seguramente deberá aceptar un período de siete a diez años antes de que los trabajadores por cuenta ajena puedan circular libremente por el territorio comunitario, el Peñón incluido.

Sin temor al veto

Sin embargo, el Gobierno británico desearía un acuerdo bilateral mucho más temprano, para evitar un áspero debate en su propio Parlamento. La Cámara de los Comunes deberá ratificar el tratado de adhesión de España a lo largo de 1985, cuando España no estaría aún obligada a restablecer las comunicaciones. Algunos grupos británicos -que en ocasiones encuentran eco en el propio Gobierno- mantienen la idea de que los, Comunes no ratificarári dicho tratado si no existe un previd levantamiento de las restricciones.

El Gobierno español, por su parte, considera muy improbable que las amenazas -insinuadas en algún momento a alto nivel- se traduzcan en un veto formal, por la crisis bilateral que ello supondría y por las repercusiones que tendría en los otros países comunitarios e incluso en la OTAN. Además, Madrid resiste las presiones británicas para una aplicación adelantada pura y simple no sólo porque no cree en el veto, sino también porque estima que el Tratado de Utrech -por el que el Reino Unido ocupó Gibraltar- y la legislación comunitaria le permiten esgriniir otras cartas en relación al Peñón, sobre todo sobre el actual uso del istmo entre la roca y La Línea.

Sin embargo, el Gobierno de Felipe González considera positiva y razonable la idea de llegar a un acuerdo bilateral con el Reino Unido antes de la firma de la adhesión a la CEE, y valora positivamente las conversaciones abiertas en este sentido. La contrapropuesta española puede haber sido, muy probablemente, la siguiente: supresión del período transitorio que se establezca para la libre circulación de la mano de obra española en Gibraltar y modificación de determinados aspectos de la legislación gibraltareña que dificultarían enormemente en la práctica dicha circulación.

Además, el levantamiento de las restricciones debería coincidir con un acto de carácter político en el que España y el Reino Unido volvieran al punto de partida que supuso la Declaración de Lisboa, firmada por Marcelino Oreja y lord Carrington el. 10 de abril de 1980, y en la que se estipulaba que ambos Gobiernos ¡iniciarían negociaciones "a fin de solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar". En ese todas se ¡incluye el problema de la soberanía.

Por supuesto, se recuerda que la misma declaración asegura que "el Gobierno britáiríleo mantendrá plenamente su compromiso de respetar los deseos, libre y democráticamente: expresados, de la población de Gibraltar, tal y como se hallan recogidos en el preámbulo de la Constitución de Gibraltar". En la práctica se trataría de dar nueva, vida a un texto que Londres parece ahora ignorar y que abrió una vía -larga y complicadapara la discusión del problema de Gibraltar en todos sus aspectos.